prensa octubre 1º 09

PRENSA SOBRE DEPENDENCIA, SALUD Y JUBILACION (2009 octub.1º)
(en Levante, Información, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)
Indice
DEPENDENCIA 1
Bienestar Social propone una comisión sectorial para aplicar la ley de dependencia 1
"Los mayores necesitan fiestas de la Xunta como agua de mayo" 2
La Comunidad aún tramita ayudas a la dependencia solicitadas en 2007 3
El Síndic y la dependencia 5
El sistema estatal de dependencia inyecta 3,6 millones en Castellón 6
La Fundación ONCE facilitará la inserción laboral de 1.689 discapacitados 6
Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de tres años 6
El PSPV se ofrece a Afanías para mediar en la creación de un centro especial para el empleo 7
Presenta nueve quejas ante el Síndic para cobrar la paga de Dependencia de su madre muerta 7
El Ayuntamiento pide celeridad a Bienestar Social para contratar al personal del centro de día 7
Críticas a Binestar Social por la falta de servicios 8
´Ya me gustaría que alguien cuidara de mi hijo para que yo pudiera trabajar´ 8
´Mi padre murió sin recibir las ayudas y mi madre lleva dos años esperándolas´ 9
La mitad de los dependientes con derecho a ayuda aún no la reciben 9

SALUD PÚBLICA 10
Sanidad empieza a dar citas para 21 especialidades en el Hospital Militar de Mislata 10
La privatizacion de la sanidad: ¿Quién gana y quién pierde? 11
La deuda sanitaria alcanza los 430 millones y un año de demora 12

SALUD MENTAL 13
Albiol propone zonas verdes y casas tuteladas en el aeroclub 13
Proyecto Hombre crea un área de atención para adictos con trastornos de personalidad 13
Salud Mental alerta de que crece la anorexia entre los hombres 14
Lectura de un manifiesto en el día de la Salud Mental 14
Mesa informativa de Asfeme en el centro de salud 15
Jornada informativa de Asfeme 15
Uno de cada tres indigentes que viven en la calle es enfermo mental 15
Piso tutelado para discapacitados psíquicos 15
Adiem atiende a 500 enfermos mentales 15
Un hombre con problemas mentales mata a cuchilladas a sus padres 15

JUBILACIÓN 16
El Estado debe aportar 2.700 millones para garantizar las pensiones mínimas 16
A vueltas con la vejez………………………………………………………………………………………………….17
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DEPENDENCIA
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Levante 2009-10-05
Bienestar Social propone una comisión sectorial para aplicar la ley de dependencia
LEVANTE-EMV VALENCIA
La Conselleria de Bienestar Social, Angélica Such, ha propuesto la creación de una Comisión Sectorial de la Promoción de la Autonomía Personal, Discapacidad y Dependencia para tratar todos los aspectos relacionados con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Asimismo, Such se ha comprometido también a agilizar los plazos para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho al cobro de las prestaciones y ha pedido a los representantes de las principales asociaciones de afectados "su colaboración para conseguir, con el consenso y el trabajo continuado, resultados a medio y largo plazo".
La Conselleria también ha propuesto la celebración de reuniones periódicas con los colectivos implicados que sirvan para analizar la situación y buscar soluciones en beneficio de los afectados y conseguir una mayor celeridad en la tramitación de las ayudas. Angélica Such explicó que el Consejo de Bienestar Social asesora al Gobierno valenciano en materia de servicios sociales, formulando propuestas destinadas a mejorar las prestaciones que son competencia de la Generalitat.
Del mismo modo, la titular de Bienestar Social se ha comprometido a convocar antes de final de año un nuevo Pleno del Consejo Valenciano de Bienestar Social.
Pais 2009-10-05
Beatriz Mato, Conselleira de Traballo e Benestar (Galicia)
"Los mayores necesitan fiestas de la Xunta como agua de mayo"
MARÍA FERNÁNDEZ - Santiago - 05/10/2009
En un momento en que la principal preocupación de los gallegos es el desempleo, la responsable de política laboral en la Xunta ofrece sus recetas: dinamizar la economía, formar, ahorrar al máximo y no maquillar los datos negativos
Las cifras de desempleo siguen dando pésimas noticias a Galicia, pese a que la tasa de paro, del 12,3%, todavía está lejos de la media española, del 17,9%. Beatriz Mato (Barakaldo, 1965) cree que su departamento será uno de los más beneficiados en los presupuestos autonómicos y repite varias veces que lo gestionará sin derrochar "ni un euro" en publicidad.
"No se pueden negociar convenios al margen de la situación del país". "La directora general cometió errores y pecó de excesiva ingenuidad". "Tenemos las pensiones y los salarios más bajos del país". "La consellería no va a gastar nada en publicidad ni en autobombo"
Pregunta. ¿Cuántos grandes dependientes pidieron ayudas y a cuántos han atendido?
Respuesta. Se ha atendido a 18.790 personas, de las que 15.200 son grandes dependientes. Hay otros 30.000 solicitantes que tienen reconocido el derecho pero no han sido atendidos.
P. ¿Cómo van a solucionar ese desfase?
R. La Ley de Dependencia reconoce a los ciudadanos unos derechos que tenemos que defender, pero no se dotó de recursos económicos y tiene unos plazos de ejecución totalmente irreales. Cuando llegamos a la consellería pensábamos que había 16.500 grandes dependientes, pero nos encontramos con la mala noticia de que teníamos guardados en el cajón esos 30.000 que se encuentran en distintas fases de tramitación. Ahora nos queda trabajar con muchísimo esfuerzo.
P. ¿Les animaría a denunciar a la Xunta si no reciben atención, como hizo el PP cuando gobernaba el bipartito?
R. La labor de oposición no es una labor de gobierno. Lo que está claro es que el ciudadano sabe que tiene un derecho y como tal lo tiene que exigir. Al ciudadano, lo máximo que le puedo garantizar ahora es que tiene nuestro compromiso de que no vamos a gastar ni un solo euro en publicidad si se puede destinar a la Ley de Dependencia.
P. Además del logotipo, ¿qué ha cambiado en las escuelas infantiles?
R. Para mí el logotipo no es lo más importante. Es sencillamente una manera de simbolizar lo que este Gobierno quiere que sea la educación infantil. Queremos una educación de calidad, que desde nuestro punto de vista no era el objetivo que perseguía la antigua red llamada galescolas. Más bien todo lo contrario. Querían, además de implementar la bandera en el mandilón, en el pecho del niño, educarles con el himno gallego de los cero a tres años, antes incluso de que hablaran o que aprendiesen a leer.
P. Pero el profesorado y los centros siguen siendo los mismos.
R. Cambiarán las pautas pedagógicas, que ahora se marcarán desde Educación.
P. ¿Lo peor del paro está por venir?
R. Debemos intentar paliar la situación económica con los instrumentos que tenemos: nuestro presupuesto. Es importantísimo que demos confianza a empresarios y ciudadanos. Para eso hay que decir la verdad. Jamás hablaremos de presupuestos irreales, de crecimientos inexistentes de la economía o de que la situación está bien cuando no lo está. Elaboramos un plan de medidas urgentes, que tiene sus limitaciones porque está creado sobre unos presupuestos que no elaboramos nosotros, pero que tenemos que respetar. Apostamos por el fomento del empleo, pero las medidas tienen que ir más allá. Tienen que impulsar el tejido productivo, activar la economía. Desde enero hasta junio, 4.000 personas se quedaron sin derecho a prestación ni a subsidios. Redirigimos 30 millones para que las entidades locales pudiesen contratar a estos parados.
P. En su programa electoral afirmaban lo contrario, que iban a huir de este tipo de medidas de corto alcance.
R. Sabemos que para dinamizar el mercado laboral no basta con contratar a un grupo de gente unos meses. Hay que combinar medidas. Por eso estamos trabajando en un plan que marcará la legislatura con acciones a medio plazo.
P. ¿Espera alguna alegría de los presupuestos de 2010?
R. Probablemente nos encontraremos con un presupuesto a la baja en todas las consellerías, excepto en la nuestra. Lo que no puedo decir es cómo va a quedar, pero sí le digo que este Gobierno está muy comprometido con las políticas sociales.
P. Aún así, ¿recortará gastos?
R. Llevo cinco meses viendo que aquí se gastaba, no ya en publicidad, sino en acciones que no sabemos para qué sirven. Vamos a reducir gastos. No se va a ir nada en publicidad, ni en autobombo, ni en estas campañas a las que nos tenía acostumbradas el señor Quintana.
P. ¿Van a quedar desterradas imágenes de miles de personas llegando en autobuses a Silleda para participar en actos de la Xunta?
R. Si quiero, por ejemplo, entrevistarme con asociaciones de mujeres, me veré con las presidentas. No necesito estar con 100 ni con 200, sino con sus representantes. Otra cosa distinta son los días de fiesta que se han organizado este verano y que los mayores necesitan como agua de mayo. Vamos a ayudar a que eso siga existiendo.
P. Los salarios en Galicia están 17 puntos por debajo de la media.
R. Tenemos las pensiones más bajas y los salarios más bajos. Es fruto de la evolución histórica de las negociaciones colectivas, donde se definen esas subidas.
P. Sin embargo, ustedes en la huelga del metal de Pontevedra aconsejaron a los sindicatos que moderasen sus reivindicaciones.
R. La media de los sueldos no es producto de cinco meses ni de cinco años. Es fruto de una evolución paulatina. Lo que no procede es plantear una negociación de un convenio al margen de la situación en la que vive la comunidad o el país. Cuando hablamos de que Galicia está en recesión, cuando hablamos de que nadie está haciendo subidas salariales... que haya un sector que haga unas reclamaciones que se pueden entender como desproporcionadas no es defendible.
P. Póngase en el caso: usted es una asistenta sin contrato y la persona que la despide es condenada por ello. Después nombran a esa persona directora general de Formación y Colocación. ¿Qué pensaría?
R. Si fuera cierto lo que acaba de decir me quedaría fatal. Si fuera cierto. Yo creo que no lo es. Primero usted me ha dicho: "Póngase en el lugar de la trabajadora". Para hacerlo tendría que estar vinculada laboralmente a esta persona. Y no lo estaba. Luego dice: "¿Cómo se sentiría?". Si reconozco que he tenido una relación laboral con una persona y me ha despedido injustamente no me puedo sentir bien. El problema es que aquí no nos encontramos con una relación laboral demostrada. Dicho esto, Ana María Díaz cometió dos errores: no acudir al juicio por entender que esa señora no tenía nada que ver con ella y no recurrir la sentencia. Ahora ha comenzado otro proceso, el de denuncia por calumnias. Hubo mucha ingenuidad por parte de la directora general, pero confío plenamente en su palabra, en su capacidad de trabajo y entrega. Lo digo sinceramente, confío en que este nuevo proceso abierto demuestre lo que firmemente creo.
Pais 2009-10-06
La Comunidad aún tramita ayudas a la dependencia solicitadas en 2007
Los plazos para cada paso del procedimiento se alargan durante meses
CARMEN MORÁN - Madrid - 06/10/2009
Un coche para frente a la oficina donde la Comunidad de Madrid explica a los solicitantes de una ayuda por Dependencia cómo van sus trámites. Baja una mujer y se acerca a la puerta, donde la recibe una agente de seguridad: "Ya no hay números para hoy, tendrá que volver mañana", le dice. Son sólo las doce y pico de la mañana. La mujer vuelve al coche de su vecino, que es quien la ha traído, a ella y a su hijo tetrapléjico.
"Cuando nos den el dinero, mis padres habrán muerto", se queja una mujer. Los atendidos son el 0,30% de la población; sólo Canarias va peor
La mayoría de los que salen por la puerta de la calle de Espartinas número 10 tiene cara de pocos amigos. O de rabia. Porque las ayudas no acaban de llegar pese a estar concedidas, o porque a muchos de los que las han solicitado, incluso en 2007, cuando arrancó la Ley de Dependencia, aún no se las han otorgado.
Lo dicen unos y otros cuando abandonan esa oficina. "Que todavía están tramitando las ayudas de 2007", informa otra mujer con sus dos progenitores dependientes. Y así se lo han comunicado también a los trabajadores sociales que llaman para interesarse por los expedientes más antiguos. Pero a preguntas de este periódico, la Comunidad responde: "La concesión no depende del año de solicitud, sino del nivel de dependencia, los más graves entran antes".
La madre de Elena García tiene alzhéimer a sus 86 años, y el padre insuficiencia respiratoria. "Solicité la ayuda para mi madre, que es gran dependiente. Aún no sabemos qué ayuda nos darán, me acaban de decir que todavía van por los de 2007. Yo quería un apoyo económico hasta que me den la residencia, pero si pido el dinero tendré que esperar dos años más para la residencia. He puesto una reclamación", explica Elena. Mientras tanto, los hijos se apañan con sus recursos para atender a los padres. "Cuando nos quieran dar la ayuda habrán muerto", se solivianta Elena.
¿Qué ha hecho la Comunidad en estos casi tres años que lleva en marcha la Ley de Dependencia? Para empezar, el número de solicitudes que consta en la estadística regional (43.098) es muy bajo, según los expertos consultados. El Gobierno de Aguirre afirma haber evaluado el grado de dependencia de prácticamente todos los que lo han solicitado (decenas de casos desmienten esto). Añade que 36.471 personas tienen ya derecho a una prestación, según los datos difundidos ayer. El derecho lo tienen, pero sólo la mitad ha recibido la ayuda, unos 18 puntos por debajo de la media española.
Y no es porque la Comunidad maneje cifras absolutas muy grandes debido a su población. No. En regiones con menos habitantes, como Castilla y León, ya reciben ayuda casi 30.487 personas. En Galicia, 27.217. En Madrid, sólo 18.588.
"La ley lleva un gran retraso, al inicio porque se la boicoteó, pero ahora también se debe a la ineficacia del Gobierno. Hay personas a las que tardan un año en evaluar", dice la portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera.
El abogado José Ausín, que lleva los casos de decenas de personas en Alcorcón, no cree que los retrasos "y el caos en la concesión de las ayudas" se deban a la ineptitud de los funcionarios. "Tiene que haber una intencionalidad política detrás. Esto ha sido una tomadura de pelo". Ausín recurrió al Tribunal Superior de Madrid un reglamento que permitía retrasar los plazos y que regulaba el silencio negativo; si la Administración no contestaba al ciudadano, éste se quedaba en "el limbo". La sentencia está por salir.
¿Realmente ha habido ese boicoteo a la ley que Zapatero echó en cara a Rajoy en los debates electorales? De ninguna manera podría afirmarse eso de algunas comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o La Rioja, que presentan datos en su gestión sobresalientes en varios capítulos. Pero los gráficos de Madrid están muy lejos de la eficacia. "No puede entenderse cómo teniendo la Comunidad una red de servicios sociales bastante desarrollada, la implantación de la Ley de Dependencia es mínima", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los usuarios atendidos, 18.588, representan un 0,30% de la población, un porcentaje sólo mejor que el de Canarias; la media está en un 0,90%. "Si se aplicaran las medias nacionales, a la Comunidad le faltarían 93.000 solicitudes y más de 37.000 personas deberían estar ya atendidas", explica Ramírez.
Ilustrativo es, por ejemplo, el mapa de las ayudas concedidas: el 74% de los solicitantes ha obtenido una plaza en una residencia, 50 puntos por encima de la media española. Si estas cifras fueran creíbles, que no lo son, 13.500 personas habrían entrado en un geriátrico en los últimos tres años. "Se han limitado a traspasar a las listas de Dependencia a muchos de los dependientes ya atendidos. El Tribunal de Cuentas debería investigar si la Comunidad aporta por el total de personas incorporadas al sistema de Dependencia el dinero que le corresponde para cumplir con su parte de la ley, el 50%", añade Ramírez.
Residencia solicitó para su madre Pilar Fernández, antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia (en 2007). Y justo ahora, cuando más falta le hace, por su deterioro, los papeles, que se tramitaban al modo antiguo han pasado bajo la gestión de la nueva norma. "Ahora tengo que volver a empezar casi desde cero. Necesito ayuda con urgencia. Yo tengo fatiga crónica y no hay más familiares", asegura.
La Comunidad afirma que "no existe lista de espera en residencias, las listas de residencia y dependencia se han unificado".
A pesar de que la Comunidad dice haber ingresado en residencias a más de 13.000 personas desde 2007, sólo ha incrementado su número de plazas de 2007 a 2008 en 5.173, según los datos de la Encuesta de personas mayores del Imserso. La proporción de plazas en relación con el número de mayores de 65 años apenas se ha incrementado un 0,4% en el mismo periodo.
La Comunidad ha procedido como lo hicieron casi todas al inicio de la ley: incorporaron a la lista de atendidos con la nueva ley a miles de ancianos que ya estaban ingresados en geriátricos. Eso les permitía maquillar estadísticas y recibir dinero del Gobierno. Así lo han reconocido muchas de ellas. Incluso se redactaron normas que permitían esta práctica. En la Comunidad, la orden 2.176 de 2007.
De un mes para otro, en la estadística madrileña aparecían miles de nuevos usuarios de geriátricos. El 1 de diciembre de 2008 el Gobierno regional aseguraba que había concedido por Ley de Dependencia 9.037 plazas. Y un mes después la cifra saltó a 13.241, más de 4.000 nuevas personas, y con las vacaciones de Navidad en medio. Ninguna comunidad dio un salto tan espectacular, y eso que todas sabían que el Gobierno iba a prohibir esa práctica de inmediato. Lo hizo en un decreto en febrero, en el que advertía de que no daría más dinero si la solicitud no partía del propio ciudadano. Aquel mes, curiosamente, Madrid sólo incorporó a sus listas de residencias a 45 personas.
Los familiares del anciano ingresado recibían una carta en la que se decía: "Se constata que el solicitante ocupa una plaza en la red pública...". No había tal solicitante. Y se le comunicaba: "Teniendo en cuenta que ya fue evaluado al tramitar el acceso a la plaza pública de que dispone, le comunicamos el grado y nivel de dependencia que le corresponde, evitándole así la realización de trámite alguno para ver reconocido su derecho".
Muchas comunidades han hecho algo parecido, pero han ido otorgando otras ayudas para nuevos usuarios. Sólo hay que fijarse en la paga para el cuidador familiar, una prestación nueva. En casi todas las comunidades esta ayuda se ha disparado, menos en Madrid, donde alcanza un 14% frente a una media nacional ya del 57%. Quizá no siempre sea la ayuda más adecuada, pero al menos es algo, indica que la ley se mueve. Las comunidades han tirado de ella para compensar a las familias por su trabajo mientras no pueden ofrecerles servicios. Madrid, de nuevo, da la nota.
Celia San Ildefonso sale de la oficina de información caminando con dificultad. Tiene 77 años y contracturas de ayudar a su marido, con 81, para el que solicitó una ayuda "hace un año". El hombre se ha roto una cadera. "Se cayó ocho veces en 17 días". Le han operado. Celia recibe ayuda a domicilio, pero no es suficiente. La mujer se acerca a la oficina a llevar más documentación médica.
Fuencisla López, separada, de 56 años, solicitó en 2007 una ayuda para cuidar a su hijo tetrapléjico. Lo evaluaron con la máxima puntuación. "En julio nos dijeron que nos concedían 518 euros. Todavía estamos esperando". "El chico tiene una pensión de 818 euros, pero pagamos el piso, que se lleva casi la mitad". Muestra su bolso deshilachado. "Si es que voy de prestado. Debo dinero hasta al gato". En la oficina la reciben con un "vuelva usted mañana" y se mete en el coche de su vecino, que la devuelve a casa con lágrimas en los ojos.
La larga espera
- Solicitudes. La Comunidad de Madrid ha recibido, según los últimos datos oficiales, 43.098 solicitudes.
- Evaluados. 43.007 personas ya han sido evaluadas y 36.471 de ellas tienen derecho a una prestación.
- Ayudas. Sólo la mitad de quienes tienen reconocido el derecho a la ayuda (18.588)
la reciben. El resto, espera.
- El tiempo. Algunos de los que pidieron ayuda en 2007 aún aguardan. A veces, para ser evaluados esperan más de un añoMadrid.
Levante 2009-10-06
El Síndic y la dependencia
Gustavo Zaragoza
Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ¬ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades.
Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus im¬puestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo.
De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.
Provincias 2009-10-07
El sistema estatal de dependencia inyecta 3,6 millones en Castellón
Vila-real recibirá 1,3 millones para 40 plazas nuevas y se impartirán 56 cursos a cuidadores no profesionales
REDACCIÓN | CASTELLÓN
La provincia de Castellón recibirá 3,6 millones de euros del convenio firmado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Generalitat Valenciana. Según informó ayer en un comunicado el Gobierno, los centros de atención a la dependencia se beneficiarán de un total de 3.677.966 euros para la mejora y ampliación de plazas en la provincia.
En concreto, se prevé transferir 236.000 euros a la mejora y adecuación de 89 plazas para dependientes en la residencia de Segorbe, donde el Ministerio contempla la creación de seis puestos de trabajo. La Bartola de Benicàssim recibirá 1,5 millones para la atención de otros 40 dependientes, mientras que l'Alcora recibirá 453.000 euros para mejorar los recusos a 70 personas.
En el apartado de creación de nuevas plazas, tan sólo Vila-real resultará beneficiado. En esta línea, se han previsto 1,3 millones de euros para el centro de día de la localidad de la Plana Baixa, con 40 puestos y la previsión de crear 33 empleos nuevos.
Además, el convenio entre el Ministerio y la Generalitat también contempla destinar 168.000 euros para 56 cursos de formación de cuidadores no profesionales, con una previsión de 1.120 plazas.
Levante 2009-10-07
La Fundación ONCE facilitará la inserción laboral de 1.689 discapacitados
EUROPA PRESS VALENCIA
Un total de 7.723 personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana se beneficiarán en los próximos siete años del programa Por Talento, de la Fundación ONCE, que generará 1.689 inserciones laborales y, a su vez, 1.252 personas participarán en cursos de formación para el empleo. Por Talento es una iniciativa auspiciada y cofinanciada por el Fondo Social Europeo que, hasta el año 2015, llevará a cabo la Fundación ONCE por medio de FSC Inserta, entidad para el empleo y la formación de las personas con discapacidad, según informó hoy la Fundación en un comunicado.
Así lo explicó ayer en Valencia el director general de Fundación ONCE, Luis Crespo, quien valoró la "importancia" de la inserción laboral de este sector social y afirmó que "si no se da la oportunidad de trabajar a las personas con discapacidad, se dejaría de aprovechar el 10 por ciento del talento del país, algo que ni por justicia ni por sentido común deberíamos permitir". Por su parte, el delegado territorial de ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, informó de que el programa Por Talento ha proporcionado entre enero y septiembre de 2009 un total de 310 contratos para personas con discapacidad en esta autonomía.
El programa tiene previsto atender a alrededor de 80.000 personas con discapacidad en toda España. Asimismo, prevé alcanzar 17.500 inserciones laborales, así como proporcionar formación a 20.000 alumnos. Además, se pretende atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real para todos, fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.
Provincias 2009-10-09
Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de tres años
REDACCIÓN | VALENCIA
La Conselleria de Bienestar Social ha reconocido como dependientes a 334 niños menores de tres años. De ellos, la mayoría tienen reconocido el grado de grandes dependientes.
La consellera Angélica Such aseguró que todos ellos «son tratados y atendidos por los servicios sanitarios de la Comunitat».
Al tratarse de menores de tres años, la solicitud se tramita por procedimiento de urgencia. En el 40% de los casos se ha concedido la prestación económica para cuidadores no profesionales. La Ley establece diferentes modalidades de intervención para los menores, tanto la ayuda a domicilio, como la prestación económica vinculada al servicio y también la de cuidados en el medio familiar.
Provincias 2009-10-09
El PSPV se ofrece a Afanías para mediar en la creación de un centro especial para el empleo
REDACCIÓN | CASTELLÓN
El secretario general provincial y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha ofrecido a Afanías Castellón toda la colaboración del partido para, desde las diferentes administraciones, principalmente el Ministerio de Sanidad, facilitar y apoyar el impulso del centro especial de empleo que tiene previsto poner en marcha la asociación. Colomer realizó estas declaraciones en el transcurso de la visita a las instalaciones con que cuenta Afanías en Castellón, en la que estuvo acompañado por la responsable provincial de Políticas Sociales, Rosa Marco.
Los socialistas recordaron en un comunicado que la asociación lleva muchos años de trabajo en el campo de la atención a la discapacidad y destacaron el esfuerzo que está realizando Afanías para poner en marcha el centro especial de empleo, teniendo en cuenta sobre todo que las personas discapacitadas tienen graves dificultades de inserción laboral.
Levante 2009-10-10
Presenta nueve quejas ante el Síndic para cobrar la paga de Dependencia de su madre muerta
La hija de una anciana que murió con 96 años exige el abono retroactivo de la prestación al haberla cuidado durante 12 años
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
Doce años de íntegra dedicación. Así es como Isabel López Ruiz cuidó a su madre hasta que murió, a los 96 años. La anciana había sufrido un infarto cerebral y vivía encamada y como "un vegetal total", pero con todo el cariño y cuidado de su hija.
Antes de que se oyera hablar de la Ley de la Dependencia, Isabel pidió reiteradas veces ayuda para tenerla en casa, "porque tenía muy claro que quería cuidar al ser más querido de mi vida".
Desde que inició los trámites para solicitar la prestación que, desde primeros de 2007, la ley reconocía a su madre hasta la actualidad Isabel ha acudido hasta nueve veces al Síndic de Greuges a pedirle su amparo.
"La ayuda la solicité enseguida, en mayo de 2007 pero, viendo que no me hacían caso, a los nueve meses me fui al Síndic y entonces vinieron a evaluarla", explica Isabel, quien a partir de entonces decidió acudir al Defensor del Pueblo valenciano cada vez que vivía una injusticia en propia piel.
"Nueve veces he ido en total, la última cuando murió mi madre, en febrero de este año", agrega. La ayuda como cuidadora familiar se la aprobaron en noviembre de 2008. Y tuvo que reclamar que le pagaran tres meses y medio, porque inicialmente solo le querían abonar uno y medio.
Ahora Isabel quiere ir más allá y exige el pago retroactivo de la prestación desde la fecha de la solicitud. "A mi no me lo quieren reconocer pero a las residencias sí se lo están dando, ¿por qué?, ¿es que nos quieren castigar por haber cuidado de nuestros seres queridos? ", refiere esta vecina de Benimàmet, que asegura que ha ido a varios centros y en todos se abonan los atrasos. Y tiene claro que no va a claudicar.
Provincias 2009-10-10
El Ayuntamiento pide celeridad a Bienestar Social para contratar al personal del centro de día
V. GRANEL | BURRIANA
El Ayuntamiento ha finalizado las obras del centro y la Conselleria aportará la plantilla
El Ayuntamiento de Burriana ha finalizado las obras del nuevo centro de día para mayores ubicado junto a la residencia de la tercera edad de la Generalitat Valenciana. Ahora, la administración local está a la espera de conocer el procedimiento por el que la Conselleria de Bienestar Social aporte el personal al centro.
La Conselleria baraja dos posibilidades: la gestión privada, es decir, contratar a una empresa para realizar el servicio de cuidado de los mayores en el centro de día, o ampliar el personal que se encuentra en la residencia de la tercera edad y destinarlo a este centro. Hasta que se adopte una decisión, el Ayuntamiento de Burriana ha dejado finalizado y equipado el centro a disposición de la Conselleria para que inicie el servicio cuando quiera.
Por su parte, el alcalde de la localidad, José Ramón Calpe, se comprometió a acelerar la apertura del centro, ya que «es toda una prioridad para el equipo de Gobierno municipal».
El centro de día tendrá capacidad para un máximo de 30 usuarios y dispondrá de recepción, vestuarios para el personal, baño geriátrico, aseos adaptados, cuarto de limpieza, armarios para guardarropa y material, almacén, despachos, salas de rehabilitación, así como de tratamientos y curas; una sala polivalente y cocina con zona de manipulación de alimentos y almacenamiento, en un horario de atención a los futuros usuarios que irá desde las 8.30 hasta 20.00 horas.
Información 2009-10-10
Críticas a Binestar Social por la falta de servicios
A. PRADO
Para el sindicato comarcal de CC OO, el desarrollo de la ley basado en este tipo de prestaciones es "un error" ya que "si el objetivo de la Ley de Dependencia era ayudar a los familiares de las personas dependientes, eso no se está cumpliendo". Además, el sindicato señala que de los 11.381 cuidadores familiares, sólo están dados de alta en la Seguridad Social 4.589, "lo que significa que el resto son jubilados, trabajadores en activo o personas mayores de 65 años", apunta Salvador Roig, que añade que el incremento de esta prestación "demuestra la incapacidad de Bienestar Social para desarrollar su cartera de servicios, cuyo desarrollo mejoraría la calidad, daría un respiro a las familias y generaría empleo y la profesionalización del sector". El sindicato considera que para la Generalitat "es más fácil conceder esas prestaciones, de las que se desentiende, antes que organizar otros servicios propios y realizar un seguimiento".
De opinión parecida es el presidente de la patronal de residencias Aerte, Alberto Jiménez, que recuerda la excepcionalidad de la prestación de cuidador familiar, que debe considerarse en los casos de dependencia moderada o leve, no en la gran dependencia o severa que es la que se valora ahora. "La ley no se está aplicando en toda su amplitud y es preocupante que los cuidadores familiares superen los servicios profesionales porque así no se garantiza la profesionalidad y control de la atención y va contra el empleo, ya que por cada dos personas dependientes se crea un puesto de trabajo".
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia también considera que la ausencia de una red de servicios lleva a solicitar y a asignar la prestación económica, que no cubre de lejos la atención que precisan grandes dependientes. "El familiar necesita unos servicios complementarios que en nuestra comunidad no se han puesto en marcha -como el asistente personal-o se han hecho incompatibles, como el centro de día y la prestación económica", indican desde la Plataforma, que añaden que "estamos saliendo muy baratos a nuestros gobernantes al no desarrollar la red de servicios".
´Ya me gustaría que alguien cuidara de mi hijo para que yo pudiera trabajar´
La mayor parte de las familias con dependientes reciben ayudas económicas, por encima de residencias y centros de día, sin que se haya concedido ninguna de asistente personal, teleasistencia o ayuda a domicilio
ÁFRICA PRADO
Las prestaciones económicas para el cuidado de personas dependientes en el entorno familiar suponen uno de cada dos casos en la Comunidad Valenciana y superan ya a los ingresos en residencias. Esta herramienta, que la Ley de Dependencia preveía otorgar excepcionalmente, está siendo la más utilizada en la Comunidad -también en el resto del país- frente a otro tipo de servicios recogidos en la norma, como la ayuda a domicilio o la atención en centros de día.
Elvira Antón, vecina de Alicante de 56 años, es una de las beneficiarias de esta prestación. Solicitó hace dos años la valoración como gran dependiente de su hijo Elio, de 14 años, aquejado de una parálisis cerebral que le impide el habla y la movilidad y le obliga a ir en silla de ruedas. En agosto obtuvo la resolución del PIA (plan individualizado de atención) para recibir una prestación por cuidado familiar de su hijo, reconocido como gran dependiente, que ella firmó en marzo, tras lo cual se dio de alta en la Seguridad Social.
"Yo hubiera preferido que un profesional cuidara a mi hijo al salir del colegio o que fuera a un centro de día, y así poder trabajar yo, ya me gustaría, pero los trabajadores sociales te aconsejan que pidas tú la prestación económica porque con ese dinero no llega para pagar a otra persona, a la que le tienes que dar de alta en la Seguridad Social", indica Elvira, que opina que a la Administración "le sale mucho más a cuenta darte 500 euros al mes que si lo llevas a un centro, por ejemplo, que sale más caro".
Ella rechaza que las familias de personas dependientes soliciten más esta prestación con motivo de la crisis "porque con ese dinero no llegas ni a la mitad de los gastos de un hijo que necesita atención las 24 horas, esto no te resuelve la vida, desde luego. Y yo, gracias a que tengo ayuda de mi familia y que la casa la tengo pagada, porque si tuviera que pagar una hipoteca o un alquiler, no podría. En Italia, donde vivíamos antes, mi hijo sí tenía una pensión, pero aquí no, y su padre tampoco le pasa nada de dinero", apunta esta madre separada.
La Conselleria de Bienestar Social ha concedido hasta el pasado 1 de octubre 21.747 prestaciones en la Comunidad Valenciana, la mitad de las 43.382 con derecho a prestación, según datos del Imserso. De ellas, 11.381 han sido a cuidadores familiares, que se sitúan en primer lugar y suponen el 52% de los planes individuales de atención (PIA) aprobados, seguidas de 9.341 ingresos en residencias, públicas o concertadas (42,9%).
Lejos de estas cifras se encuentran las 527 autorizaciones para prestaciones económicas vinculadas a servicios -cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado- y las 497 concedidas para estancias en centros de día o de noche que, juntas, suman un 5 por ciento.
Cabe destacar que la Comunidad Valenciana -junto a Aragón, Baleares y Canarias- no ha concedido aún ninguna prestación de asistente personal, ni de servicios de ayuda a domicilio (SAD), teleasistencia o prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Es decir, que Bienestar Socia no ha incorporado estas actividades a su cartera de servicios con la ley, como sí lo han hecho otras autonomías, y parte de ellos, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, se sigue prestando por ayuntamientos o diputaciones, con recursos limitados.
Levante 2009-10-13
´Mi padre murió sin recibir las ayudas y mi madre lleva dos años esperándolas´
Un hombre denuncia el retraso en las ayudas de la Dependencia a sus padres de Torrent tras años de trámites
LAURA SENA TORRENT
Julián Escribano Santiago lleva más de dos años de trámites y quejas ante diferentes instancias de la Administración para lograr que las ayudas de la Ley de Dependencia que le corresponden a su familia les lleguen. Su padre falleció hace unas semanas sin lograr una prestación y su madre, una anciana de 86 años en silla de ruedas por una parálisis parcial, tiene reconocida una prestación económica desde junio, pero pasan los meses y no llega. La última información que le ha llegado apunta a que tardará unos meses en cobrar la ayuda.
La historia de Escribano se remonta al año 2006 cuando su madre, Pascuala Santiago, que residía en Torrent, sufre un ictus cerebral que le paralizó parte del cuerpo. Su padre era también anciano. Dado que Julián residía fuera de la Comunitat y "tenía que atender a otro familiar con una enfermedad grave que finalmente falleció", ingresó a ambos padres en una residencia privada.Una vez se aprueba la Ley de Dependencia y entra en vigor, comenzó a realizar los trámites. "Ya desde el principio fue una tomadura de pelo porque nos dijeron que los papeles iban al ayuntamiento y meses después que a la conselleria. Tuve que venir desde Barcelona para presentarlos", señala Julián. Toda la documentacióntuvo registro de entrada en la Conselleria de Bienestar Social el 30 de mayo de 2007. Pasadas las inspecciones y valoraciones por los técnicos municipales y por los de la conselleria, Julián tuvo que interponer una queja ante Bienestar Social en primavera, porque no obtenía respuesta. Este vecino obtuvo el en junio el dictamen definitivo. A su madre, una dependiente de grado tres y nivel 1, con 82 puntos en la valoración, le asignaban en su Programa Individual de Atención una prestación mensual de 623 euros.
En cuanto a su padre, la prestación le fue denegada. Entonces Escribano no planteó ningún recurso dado que el anciano estaba grave y, de hecho, falleció semanas después. Pero la ayuda económica asignada a su madre sigue sin llegar cuatro meses después
Provincias 2009-10-13
La mitad de los dependientes con derecho a ayuda aún no la reciben
Los trámites para solicitar la prestación se prolongan hasta dos años en la Comunitat aunque el Consell promete acortar a la mitad los plazos
M. COSTA | VALENCIA
«Cuando una persona necesita apoyo es durante las 24 horas y no de nueve a dos». «Falta financiación pero también centros, servicios y plazas para todas las peticiones»
«El 2 de enero de 2007 solicité la ayuda. Me valoraron y ahora en junio me declararon el nivel. Estoy en silla de ruedas y tengo un 78% de discapacidad. Hasta la fecha no he cobrado ni una peseta». La odisea de Javier Aparici, de Puerto de Sagunto, podría tener muchas caras. Personas dependientes que esperan ayuda. La mitad de los 57.000 valencianos que cuenta con el visto bueno aún no las han recibido.
Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es», afirma.
El grado de implantación del Sistema de Dependencia por comunidad autónoma sitúa a la valenciana en las últimas del ranking en número de solicitudes y plazos. «Estamos observando una ligera mejoría pero la mayor parte de los expedientes se hacen eternos», explica Joan Planells, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunitat (Cermi).
Las incompatibilidades para obtener varias prestaciones es otro problema para los afectados. «En la Comunitat tenemos un sistema de incompatibilidades muy severo que tendría que comprender la situación de muchas familias. Cuando una persona es dependiente lo es durante las 24 horas y no de nueve a dos», subrayan afectados del Cermi. «Es como si tuvieras dos tipos de cáncer y en el hospital te hicieran elegir por uno de los dos para poder operarte».
Nuevos procedimientos
La UGT pedía hace días a la Conselleria de Bienestar Social crear el Comité Consultivo autonómico de la Dependencia, una réplica del nacional formado por sindicatos, patronal y Administración.
La meta siempre es la misma: acortar plazos. «Somos los penúltimos en resoluciones y no se están dando servicios especializados que permitirían, además, generar puestos de trabajo», matiza la secretaria de Política Social de UGT, Pepa Llorca.
La aplicación de la Ley de Dependencia comenzó gradualmente con los reconocidos como Gran Dependiente. Las valoraciones se determinan según grado y nivel. Un baremo determina tres grados y dos niveles en cada uno de ellos. El porcentaje representa la falta de movilidad y autonomía física, mental, intelectual o sensorial para realizar actividades básicas.
Desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física de la Comunitat (Cocemfe) se critica que la valenciana «haya sido de las últimas en el desarrollo efectivo de la ley. Falta financiación pero también centros, servicios y plazas para atender todas las peticiones».
El Gobierno central anunció que transferirá un balón de oxígeno económico a la Comunitat de 36 millones de euros para programas y actuaciones para dependientes que beneficiarán a 19.614 personas y generarán 1.500 puestos de trabajo. El Ejecutivo dirigirá su mirada hacia la oferta de la red de servicios en centros de día y alojamientos residenciales y en formación y cualificación ligada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad).
Vista la evolución de los primeros años de vida de la ley, la Conselleria de Bienestar Social trabaja en un nuevo decreto que incluye modificaciones en el procedimiento. El objetivo es reducir a la mitad el tiempo que pasa desde que la persona dependiente solicita su reconocimiento hasta que recibe la prestación.
Esta situación aliviaría el «calvario» de muchas familias. Una medida será que la documentación de carácter económico se aporte desde el principio, junto con el informe social y la elección de servicio o prestación. Simplificar la recepción de documentos «agilizará las respuestas», aseguran. Otro problema es la financiación.
Mientras, las ayudas llegan a las personas «que más lo necesitan», ya que en las primeras valoraciones se incluyen los grados III y II. El I, más leve, entrará, en 2010. «Es una ley muy joven, tiene dos años y ha requerido mucho esfuerzo técnico, económico y humano para atender el volumen de peticiones», puntualizan.
La consellera Angélica Such pidió a Sanidad que el nuevo modelo de financiación incluya a todos los dependientes reconocidos en la Comunitat «hasta final de año y no sólo hasta abril, como se había previsto». Bienestar Social aclara que el 90% de las solicitudes han sido «valoradas. 57.000 personas con grado y nivel en vigor están reconocidas como personas dependientes y el 50% de ellas recibe servicio o prestación».
Pero hay muchas esperando. Desde la Plataforma por Valencia y la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores piden «datos. Pensamos que puede haber hasta 120.000 afectados porque muchos no se han incluido aún». El sábado se reunirán todas las plataformas en Cocentaina para gestar una coordinadora que les permita continuar la batalla.
Mientras, Eliseo Durbà, jubilado con problemas de artrosis, tiene a su suegra de 93 años con nivel máximo de dependencia postrada en una cama. Año y medio después de solicitar ayuda ya la ha recibido. «Ojalá le llegue a todo el mundo», desea en voz alta.
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SALUD PÚBLICA
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Levante 2009-10-06
Sanidad empieza a dar citas para 21 especialidades en el Hospital Militar de Mislata
La conselleria abre listas de espera para pasar visita a partir del 19 de octubre y se inscriben 100 vecinos
MÓNICA ROS MISLATA
El centro de especialidades del Hospital Militar comienza a ver la luz. Es más, a partir del 19 de octubre los facultativos de 21 especialidades médicas pasarán visita a los pacientes en las instalaciones ubicadas en Mislata, lo que evitará que tengan que desplazarse hasta Valencia para acudir al centro de Juan Llorens.
Y es que la Conselleria de Sanidad ha abierto las listas de espera para que los pacientes de Mislata puedan ser atendidos en el centro de especialidades del antiguo Hospital Militar, hoy Vázquez Bernabeu. Aún así, los médicos de cabecera ofertaron a los pacientes la posibilidad de elegir si querían ser atendidos en el centro de especialidades de San José de la Montaña (Juan Llorens, en Valencia), o en el Hospital Militar. La respuesta fue casi unánime. De los 98 vecinos que concertaron ayer la cita previa, sólo dos rechazaron la posibilidad de ir al centro de Mislata porque el facultativo de Juan Llorens era "su médico de toda la vida".
La conselleria cumple así con el compromiso que el secretario autonómico, Luis Rosado, adquirió con el alcalde, Manuel Corredera, y con la Coordinadora de Vecinos de Mislata, en pro de desmovilizar a los más de 3.000 vecinos que salieron a la calle en dos ocasiones para exigir mejoras en la sanidad del municipio. Y es que, entre las reivindicaciones, se encontraba que el Hospital Militar contara con un centro de especialidades "ya" así como la puesta en marcha del centro hospitalario.
Pais 2009-10-13
La privatizacion de la sanidad: ¿Quién gana y quién pierde?
JOSÉ MAYANS 13/10/2009
Hace 10 años que el PP inició el proceso de privatizar el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana; empezó con el hospital de Alzira y su ámbito de influencia en atención primaria, para continuar con Torrevieja, Dénia, Manises y Elche-Crevillent, en total el 20% de la población de la Comunidad Valenciana. Durante los meses de mayo y junio de 2009, el PSPV-PSOE ha visitado los departamentos sanitarios, incluidos los privatizados, reuniéndose con los gerentes y juntas de personal de los hospitales obteniendo la siguiente información:
La alternativa al modelo del PP pasa por reformar el sistema y arreglar lo que ha estropeado
El hospital de Dénia tiene 280 camas, dos por cada mil habitantes, muy inferior al deseable (3,5). El área de urgencias estaba saturada con esperas que superaban las 12 horas. La empresa adjudicataria, Ribera Salud, aduciendo que el precio de construcción había sido mayor del previsto, no asumió el compromiso previo de reformar del hospital antiguo, debiendo hacerse cargo de ello la Consejería de Sanidad por casi tres millones de euros. A todo esto hay que añadir la escasez de profesionales por el traslado voluntario a otros departamentos sanitarios dadas las condiciones de trabajo que imponía la adjudicataria.
En el hospital de Alzira se calcula que faltan al menos 260 trabajadores para estar en ratios comparables a otros hospitales de igual dimensión; los profesionales trabajan 200 horas más al año y tienen un salario 15 % menor que los de la red pública, con cuatro euros menos por hora de guardia. Durante los cuatro últimos años ha habido una fuga de profesionales, 100 (40 del área de urgencias). El hospital está saturado con 400 enfermos ingresados y sólo dispone de 240 habitaciones individuales. El volumen de enfermos atendidos de otros departamentos oscila entre el 20% y 25 %, y para disminuir la lista de espera practican la fórmula de cerrar las agendas, que significa que aunque usted llame no le atienden.
Al recién inaugurado hospital de Manises la Consejería de Sanidad, para hacer rentable la inversión, ha tenido que asignarle un número mayor de población con lo cual la cuenta de resultados se ampliará en 22 millones de euros. Intercambian millones por población sin tener en cuenta los intereses de ésta, en este caso Mislata. Mandan los intereses económicos de la empresa y la consejería se pliega a ellos.
Si el objetivo de PP con la privatización del sistema sanitario era mejorar las prestaciones sanitarias a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los profesionales, es una realidad, a la vista de esos datos, que no lo está consiguiendo, entonces cabe preguntarnos a quién beneficia el modelo, a quién perjudica y qué alternativa tiene.
Los hospitales con modelo de gestión tipo Alzira se empezaron a construir bajo las propuestas neoliberales de reducir el papel del Estado como garante de la salud de todos los ciudadanos para introducir el mercado en la asistencia sanitaria, para así poder acceder al 20% del PIB que los gobiernos europeos dedican a la sanidad y educación. Esta propuesta contó con grupos de presión muy poderosos: financieros, multinacionales de la asistencia socio-sanitaria, industria farmacéutica, aseguradoras sanitarias y empresas constructoras. En la Comunidad Valenciana, cada uno de los departamentos privatizados ha sido asignado a una aseguradora Alzira-Adeslas; Dénia-DKV, Manises-Sanitas, Torrevieja-Asisa y Elche-Crevillent-Asisa, el grupo financiero ha sido siempre el mismo, Ribera Salud. Todos estos grupos de presión, apoyados por el Gobierno de turno, en este caso el PP, utilizan el mismo argumentario para defender la privatización de la sanidad: reduce los tiempos de construcción de hospitales, evita demoras en la disponibilidad de los nuevos hospitales, garantiza la entrega de la obra en el tiempo estipulado, evita desviaciones presupuestarias en la construcción y equipamiento ya que el presupuesto es cerrado, el sector privado tiene más habilidad en la dirección de proyectos, es más innovador y especializado.
Sin embargo, la realidad es muy otra. Sin hacer referencia a otras experiencias en el Reino Unido, en la Comunidad Valenciana, ya las tenemos. El hospital de Alzira tuvo que ser financiado por la Generalitat, a fondo perdido, por el concepto de lucro cesante con 34 millones de euros, y en el de Dénia la promotora no puede hacer frente a los compromisos contraídos de reforma del antiguo hospital, es decir, una cosa es el envoltorio y otra el contenido.
Con todo esto y suponiéndole buena voluntad al Gobierno de Camps hay que hacerse tres preguntas: ¿quién gana?, ¿quién pierde?, ¿hay alternativa?
Gana: a corto plazo, los gobiernos pueden construir hospitales sin que estas inversiones figuren como endeudamiento. Trasladan gasto de capital en gasto corriente, hipotecan el futuro. Construyen un hospital, o varios, en poco tiempo, obtienen rentabilidad electoral y que paguen los que vienen detrás. A largo plazo, los consorcios empresariales que amplían su cartera y reducen los riesgos de inversión. Los propietarios de acciones de renta variable.
Pierde: el sistema sanitario público, precios elevados (el pago a estas empresas puede suponer el 40% del presupuesto sanitario), se altera la capacidad de planificación, los servicios de Atención Primaria, domiciliaria y servicios socio-sanitarios, las hipotecas de estos hospitales devoran el sistema. Los usuarios y ciudadanos: reducción de camas hospitalarias, entre los cuatro hospitales privados construidos no llegan a las mil camas, reducción de plantillas, generan lista de espera porque les renta más atender enfermos de otros departamentos, selección de riesgos, los enfermos más costosos de asistir (geriatría, oncología, infección VIH, trasplantes, etc.,) son derivados al sector publico.
Los profesionales también pierden: reducción de plantillas, menos salario y sobre todo, selección de personal de acuerdo con normas sin los principios de igualdad de oportunidades.
La alternativa a este modelo pasa por reformar el sistema sanitario público, pero en primer lugar arreglar lo que el PP ha estropeado; los hospitales privados deben estar bajo el control de la Administración Pública, que es quien paga; se debe garantizar estabilidad laboral, futuro profesional, igualdad de salario con el sistema sanitario público y el número de profesionales debe ser comparable al resto de los hospitales públicos. A los ciudadanos de cada departamento se les debe garantizar la prioridad de asistencia y sólo cuando no existan listas de espera se deben atender enfermos de otros departamentos y las condiciones de hostelería deben ser las que figuran en el contrato y no las que les interesan a las empresas. En definitiva, una sanidad para los ciudadanos donde los profesionales sean reconocidos, respetados y actores principales de la reforma.
José Mayans Ferrer es secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE.
Levante 2009-10-13
La deuda sanitaria alcanza los 430 millones y un año de demora
La Conselleria de Sanidad acumula una deuda de 430 millones de euros con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), lo que representa el 17,23% de las facturas impagadas en todo el país.
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
Con este montante de deuda, el departamento que dirige Manuel Cervera se convierte en la segunda Administración sanitaria más morosa de España, detrás de Andalucía que acumula el 18,89% de deuda que equivale a 472,25 millones de impago a las 520 empresas de la red de Fenin.
A pesar de los numerosos encuentros que han tenido lugar entre la directiva de la Federación y los responsables sanitarios para habilitar vías alternativas para acabar con el impago, las partes no han llegado a acuerdo, ni estrategia, ni modo de resolver este tremendo escualo de deuda cuyo impago sale tremendamente caro a la Administración, ya que solo en intereses de demora, la Conselleria de Sanidad ha abonado en los últimos años más de 25 millones de euros a más de un centenar de empresas.
"No hemos llegado a ningún compromiso con la Conselleria de Sanidad para adelantar el pago y resolver esta morosidad porque no hay voluntad política", reconoció a Levante-EMV la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.
La portavoz de la Federación agregó que la conselleria no evalúa lo que puede costar la dilación del pago de la deuda. "Las decisiones sanitarias son fundamentalmente políticas", refirió.
Con este freno en las negociaciones, solo cabe recordar al conseller de Sanidad y su equipo directivo que con los intereses que por sentencia judicial de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han tenido que pagar al centenar de empresas de tecnología que ha pleiteado contra la Administración para revindicar el pago de las facturas pendientes(más de 26 millones entre 2003 y 2007), los ciudadanos de la Comunitat Valenciana podrían contar con un nuevo hospital para 120 enfermos o trece nuevos centros de salud.
La repercusión de esa falta de voluntad política de la que se queja la directiva de Fenin, al no haber alcanzado ningún acuerdo efectivo con el equipo de Cervera, merma el inestable y débil presupuesto de la conselleria.
Detrás falta de entendimiento solo hay dos realidades: unos proveedores que quieren adelantar la fecha de cobro y una Administración con el crédito hipotecado. "Esta situación -agrega Alfonsel- agudiza el problema".
Por más que el cobro registre una demora de 384 días en la Comunitat, los empresarios del sector sanitario no contemplan la posibilidad de suspender el suministro de material, "tenemos una responsablidad social", precisa Alfonsel.
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SALUD MENTAL
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Levante 2009-10-06
Albiol propone zonas verdes y casas tuteladas en el aeroclub
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
La diputada de Compromís (Esquerra Unida) Marina Albiol defenderá el miércoles su propuesta de utilizar los terrenos del actual aeroclub de Castelló para la construcción de una gran zona verde, un geriátrico y casas tuteladas para discapacitados, todo ello de gestión pública. El próximo miércoles se debatirá en la Comisión de Economía de Les Corts Valencianas la Proposición no de Ley presentada por la parlamentaria grauera. Según Albiol la Ciudad de las Lenguas solo se ha proyectado con dos objetivos: "proporcionarle al ex-alcalde de Castelló, José Luís Gimeno, un sueldo de jubilación y tener una excusa que justifique que el terreno pueda ser urbanizado".
Provincias 2009-10-06
Proyecto Hombre crea un área de atención para adictos con trastornos de personalidad
La ONG detecta un aumento de enfermedades mentales asociadas a las drogas
E. BROTONS ALICANTE
Los trastornos de personalidad asociados a las drogas están aumentando de forma importante. Las llamadas patologías duales -que son las asociaciones de una adicción a otra enfermedad mental- se han convertido en un problema cada vez más frecuente, hasta el punto que la Fundación Noray Proyecto Hombre de Alicante ha decidido implantar un área dedicada a afrontar estos nuevos casos.
«Comenzamos a trabajar hace unos meses porque están llegando muchas personas con patología dual. Son pacientes que requieren un apoyo específico», explica la directora de la ONG, Ana Robles. Una médica y un psicólogo son los encargados, desde el pasado mes de mayo, de realizar las pruebas para valorar y diagnosticar al paciente y «adaptar el tratamiento a sus necesidades».
Y es que, según Robles, una de las discusiones en torno a este problema asistencial es si fue antes la enfermedad mental o, por el contrario, la dependencia a las drogas provocó el trastorno psiquiátrico. No en vano, ya nadie duda de que el consumo de drogas causa problemas mentales, y que estos últimos también provocan adicción.
Septiembre, más casos
Hasta el mes de septiembre la demanda de pacientes que buscan ayuda para salir de las drogas se ha mantenido estable. En la ONG no están detectando un incremento de usuarios que, por culpa de la crisis económica, estén cayendo en las adicciones, tal y como se ha alertado desde algunas sociedades médicas. Aun así, en septiembre ha empezado a registrarse un pequeño repunte de usuarios. Un evolución lógica ya que, después del verano y de las vacaciones, suele llegar la época del incremento de la demanda asistencial.
Ahora bien, la directora de Proyecto Hombre puntualiza que la actual coyuntura económica sí que está afectando al paciente que se rehabilita, ya que le está costando mucho más encontrar una ocupación laboral después de diez o doce meses de tratamiento. El problema, según Robles, es que el paro es siempre un factor de riesgo para la población, por lo que este riesgo se incrementa en los usuarios que han estado metidos en las drogas.
Altas terapéuticas
Cannabis, alcohol y cocaína son las principales sustancias de adicción y que han relegado a la heroína. El policonsumo sigue siendo frecuente en los pacientes que llegan a Proyecto Hombre, y que tienen que someterse a un duro proceso rehabilitador una vez reconocen la enfermedad. «Cuando salen, recuperan su vida», asegura Robles, quien muestra su satisfacción porque el pasado miércoles entregaron nuevas altas terapéuticas. Entre ellas destaca la de un adolescente de 16 años que ha recibido apoyo asistencial durante ocho meses por abuso de cannabis. Una de las drogas sobre la que hoy todavía existe más tolerancia. «Tenía problemas con la familia y su rendimiento escolar era bajo. Ahora es el primero de la clase», destaca la directora de la ONG.
Información 2009-10-08
Salud Mental alerta de que crece la anorexia entre los hombres
El responsable del departamento de Psiquiatría del hospital advierte que sólo se cura el 40% de los casos y que la mortalidad es del 10%
M. J. MORA
Desbordada se vio ayer la sala en la que la Fundación Biomédica del Hospital de Elche celebró una charla informativa sobre "Avances en anorexia y bulimia" que ofreció el responsable de la Unidad de Salud Mental del centro ilicitano, José Vicente Baeza, con una puesta en escena que cautivó a los presentes.
El aforo estuvo casi exclusivamente compuesto por mujeres y, en su mayoría, jóvenes que "sufren" directamente los imperativos de la moda, los clichés sociales sobre lo que se supone que es la buena apariencia y el prototipo de mujer con éxito. "La anorexia y la bulimia no sólo son un problema relacionado con la alimentación, si no que los pacientes tienen problemas con un cuerpo que perciben deformado y grueso y que les lleva a una obsesión por no engordar. Por ello utilizan todo tipo de mecanismos para quitarse la comida, aunque hay veces que tienen un hambre irrefrenable y cuando se han saciado de comida se sienten mal y tienen que vomitar. Suelen ser personas que se pasan el día en movimiento, que van al gimnasio, que toman laxantes para contrarrestar las calorías y también suelen ingerir estimulantes para sobreponerse a la falta de energía por no comer", explicó José Vicente Baeza, quien además aseguró que el 50% de los anoréxicos tienen conductas bulímicas, pero que casi siempre la enfermedad se inicia con la anorexia.
Baeza remarcó que pese a que anorexia significa "falta anormal de ganas de comer", en realidad los pacientes aquejados por esta enfermedad "no es que no tengan apetito, sino que rechazan la comida porque quieren estar delgados y porque se perciben enormes a pesar de estar esqueléticos".
Según los datos que manejan los especialistas, el 1% de la población es anoréxica y entre el 3 y el 4% sufre bulimia. "Es más grave la anorexia porque puede desembocar en arritmias cardiacas, en infecciones por falta de defensas, en convulsiones, en definitiva, son personas que ponen en serio riesgo su vida", manifestó Baeza.
Estas enfermedades se dan, sobre todo, en mujeres, aunque en los últimos años va aumentando su incidencia entre los varones. De hecho, hace 20 años había nueve mujeres afectadas por cada hombre, mientras que ahora la relación es de ocho a dos. "La anorexia no sólo está aumentando entre los hombres, sino sobre todo entre los gays adolescentes".
El responsable de la Unidad de Salud Mental ilicitana reconoce que ha habido pocos avances en este campo. "Sólo hemos ganado en concienciación y en que ya es un tema de conversación. Estas enfermedades no tienen una causa biológica, sino psicológica y por lo tanto los medicamentos sólo ayudan. Es una enfermedad muy importante de la que únicamente se cura el 40% y hay que tener muy claro que hay un 10% de mortalidad bien por complicaciones o porque los afectados se suicidan", señaló Baeza.
En la Unidad de Salud Mental de Elche se atendieron el pasado año a 250 pacientes aquejados de de trastornos en la conducta alimentaria. De ellos, 150 sufren anorexia y un centenar bulimia. "El 40% de los enfermos los tratamos en la unidad de Elche y el resto los remitimos al hospital de San Juan", afirmó el especialista
Información 2009-10-08
Lectura de un manifiesto en el día de la Salud Mental
La edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, dará la lectura a las 11 de la mañana de un manifiesto con motivo de la celebración del día mundial de la Salud Mental. El acto se celebrará en la plaça de Baix y al mismo se sumará la Asociación de Enfermos Mentales de Elche.
Información 2009-10-08
SANTA POLA
Mesa informativa de Asfeme en el centro de salud
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la comarca (Asfeme), instala esta mañana una mesa informativa en las inmediaciones del centro de salud. La intención del colectivo es la de sensibilizar a la población de la existencia de estas enfermedades.
Información 2009-10-09
Jornada informativa de Asfeme
El colectivo de enfermos mentales de Asfeme instaló ayer una mesa informativa con motivo de la conmemoración del día mundial de la Salud Mental y en la que se repartieron folletos explicativos.
Levante 2009-10-10
Uno de cada tres indigentes que viven en la calle es enfermo mental
LEVANTE-EMV VALENCIA
Un 33% de los indigentes que viven en las calles de la ciudad son enfermos mentales, según afirmó la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, durante la presentación de un equipo de psicólogos y psiquiatras que ha puesto a disposición de estas personas para tratarlos y ayudarles. En Valencia se ha atendido a 138 personas con ese tipo de afección.
El equipo prestará servicios a esas personas en un centro para mejorar su atención. Hasta el momento los que presentaban ese tipo de patologías eran enviados a los servicios de urgencias de los hospitales. Los enfermos mentales que viven en la calle se detectan por del programa de trabajo que se lleva cabo con el grupo de Atención al Ciudadano aunque en ocasiones acuden a pedir ayuda.
Los indigentes también tienen otro tipo de problemas. El 50% tiene dependencia del alcohol y a otros adicciones, pudiendo influir este consumo. El colectivo es muy variado, existiendo jóvenes, inmigrantes, temporeros y mujeres. La peor época del año para estas personas es el invierno por las bajas temperaturas.
Provincias 2009-10-10
Piso tutelado para discapacitados psíquicos
Onda inauguró ayer la vivienda tutelada Llibertat, gestionada por la Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos Virgen de la Esperanza que gestiona El Molí. Según el convenio firmado con el Ayuntamiento, que ha aportado 50.000 euros, la Asociación ha dotado a la vivienda de las cuatro profesionales que se hacen cargo de los seis residentes
Información 2009-10-10
Adiem atiende a 500 enfermos mentales
DAVID PAMIES
La Asociación para la Defensa e Integración del Enfermo Mental de la Vega Baja (Adiem) informó con motivo del día de la Salud Mental que realiza desde 2004 labores de respaldo y asistencia a 500 enfermos mentales de Torrevieja. Esta ONG cuenta también con su primer piso tutelado para atender a personas con enfermedades mentales y una sede en Orihuela.En la actualidad ADIEM Vega Baja cuenta con 4 profesionales trabajando diariamente (2 educadores, 1 trabajador social y 1 psicólogo).
Francisco Canales, gerente de Adiem, agradeció al Ayuntamiento "su importante aportación económica para la puesta en marcha de la asociación y el desarrollo de la misma" y presentó en una visita del alcalde Pedro Hernández y la edil Maria Dolores Canales a la sede la nueva comisión creada en la ciudad dentro de ADIEM, y que encabeza su coordinador Eduardo Riesco. El primer edil recordó que ya está en marcha el proyecto de construcció del Centro de Rehabilitación e Integración Social con un coste 1,7 millones, la mitad aportados por los fondos Zapatero.
Pais 2009-10-12
Un hombre con problemas mentales mata a cuchilladas a sus padres
El parricida intentó suicidarse clavándose el cuchillo por todo el cuerpo
ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 12/10/2009
Cuando la policía llegó al número 43 de la calle de Fermín Caballero (distrito de Fuencarral) y subió al piso 14, puerta B, encontró allí a Andrés Pérez Peterkin sentado, esperándoles. En la mano tenía un cuchillo ensangrentado. Les dijo que con él acababa de apuñalar a sus padres. Después, contó, había intentado quitarse la vida. Tenía heridas por todo el cuerpo; en las piernas, en los brazos, y dos bastante profundas en el cuello y en el pecho, junto al corazón.
El padre era doctor en Filosofía y había dado clase en varias universidades
Una llamada a las 9.38 de ayer alertaba a los servicios de emergencia de la presencia de un varón "muy agresivo con problemas psiquiátricos". Cuando llegó la patrulla encontró a los ancianos, de 83 años él y 77 ella, ya muertos y con evidentes signos de violencia. Otro hombre, Andrés, de 47 años, presentaba múltiples heridas que, según Emergencias 112 y la policía, se había hecho él mismo con un cuchillo. Como había perdido mucha sangre, tuvo que ser trasladado al hospital La Paz con pronóstico muy grave.
Los vecinos sabían de los problemas psiquiátricos de Andrés. Pero no mucho más. Devolvía el saludo cuando le saludaban y lo veían pasar horas enteras trasteando con su coche, un Ford Fiesta gris que tenía aparcado frente al portal. Nunca había mostrado un comportamiento extraño, al menos de puertas para fuera. Ni un grito, ni un gesto amenazante. Pese a su enfermedad, parecía estar bien.
De sus padres tampoco podían dar más detalles, a pesar de que la familia llevaba muchos años, al menos dos décadas, viviendo en la finca. Su madre, Sheila Pérez-Peterkin, de origen irlandés, solía bajar a hacer la compra por el vecindario. "Una persona amabilísima, encantadora, muy educada", destacaba una vecina del noveno. Con ella hablaba de achaques, del tiempo y poco más. "Eran bastante reservados".El coche de Andrés estaba ayer aparcado en el patio de la finca, justo frente a la entrada del número 43. En el parabrisas, un tique de zona azul del día anterior. En el asiento de atrás, una revista de coches. Le gustaba mucho la mecánica. "Siempre estaba reparando algo. Me decía que el coche le daba muchos problemas y pasaba horas con él. Lo sacaba un rato por la mañana, daba una vuelta y volvía a aparcarlo aquí", relataba el portero de la finca.
Se sabía que había pasado temporadas ingresado por culpa de su enfermedad. Su madre, según contó el portero, le había confesado a una vecina que su hijo cada vez le daba más problemas. Decía que tenía miedo porque ellos se hacían cada vez más mayores y no sabían qué iba a ser de él cuando faltaran.
Dos de las hermanas de Andrés contaron ayer a la policía que su hermano estuvo ingresado en 2007 en el hospital de La Paz porque padecía esquizofrenia paranoide, según una portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Los médicos le habían prescrito un tratamiento, pero las hermanas no pudieron asegurar si se tomaba la medicación porque no vivían con él. Al presunto parricida no se le pudo tomar declaración. Por la tarde lo estaban operando de sus heridas en el hospital La Paz.
La noticia de la muerte de las dos personas provocó mucho revuelo en la zona, un barrio de bloques altos con entrada por patios privados muy cerca del metro de Herrera Oria. En la panadería Calabona, en la acera de enfrente, conocían a la familia. Sobre todo a la madre, que solía encargar siempre el mismo tipo de tarta -la Massini, de yema y nata- para celebrar los cumpleaños. Era rubia, algo más alta que su marido, y generalmente llevaba una boina a conjunto con el traje. Hablaba con un ligero acento extranjero. Los vecinos la describían ayer como una mujer muy elegante, cuya salud había empeorado en los últimos años. Ahora caminaba apoyándose en un bastón.
Loli, la propietaria de la panadería, supo que se trataba de ella en cuanto oyó el apellido, Peterkin. Anotaba los encargos a ese nombre. "Me contaba cosas de cuando iba a su tierra. Era una mujer muy agradable. Qué horror". De su hijo no hablaba. Ni allí ni con las vecinas con las que intercambiaba saludos. Pero las dependientas de la panadería le conocían porque de vez en cuando bajaba él a comprar el pan. Era moreno, 1,70, de pelo corto, con gafas. "Hablaba poquito. Se notaba que no estaba bien. Era como si le faltase algo. Parecía como ido", recordaba la propietaria.
Esa descripción concuerda con la que ofrecían ayer otros vecinos. Todos aseguraban que Andrés era un vecino como otro, que nunca había dado ningún problema. Reservado, como también definían a su padre. Pero sí mencionaban una particularidad. Que "tenía una cara que asustaba, como ido". A veces, decía un vecino, "daba repelús, tenía una mirada rara". Otro vecino, Luis González, educador social, señalaba que quizá había dejado de tomar la medicación y recordaba que un día antes, el sábado, se había celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. "Precisamente ayer estuvimos reivindicando mejoras. No puede ser que haya cinco meses de espera para ser atendido en un centro".
Andrés tenía antecedentes por drogas, de cuando era adolescente, según una portavoz policial. El matrimonio tenía otros cuatro hijos. El padre, Jorge Pérez Ballestar, nacido en Barcelona en 1926, era doctor en Filosofía y había dado clases de Lógica durante décadas, primero en la Universidad de Barcelona y después en Navarra y Salamanca.
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JUBILACIÓN
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Provincias 2009-10-13
El Estado debe aportar 2.700 millones para garantizar las pensiones mínimas
ELISA GARCÍA | MADRID
La participación del Estado, vía Presupuestos Generales, en la financiación de las pensiones mínimas llegará en 2010 a 2.706,35 millones de euros, importe inferior a los 6.415,95 millones que se necesitan para su cobertura total. El desfase ronda los 2.700 millones de euros. El asumir en la presente legislatura 100% de este gasto es uno de los compromisos más caros que el Gobierno debe afrontar. Entre 2011 y 2012, la aportación del Estado tendrá más que duplicarse. Para 2013 existe el compromiso de completar la separación de fuentes financieras en la Seguridad Social, es decir, que las cuotas de empresarios y ocupados se utilicen exclusivamente para las prestaciones de los trabajadores.
Público 2009-10-06
A vueltas con la vejez
Casandra
Elizabeth Blackburn, Carol Creider y Jack Szoztak han ganado el Nobel de Medicina por un estudio sobre cómo la enzima telomerasa protege los cromosomas. Nos cuentan que eso es importante en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento. Espero, en consecuencia, que el Nobel de Economía se lo concedan a unos estudiosos que investiguen cómo mejorar el sistema de pensiones y cómo dignificar la vida de los ancianos. Porque si vamos a vivir más años, que sea con la frente en alto.