prensa noviembre 1º 09

PRENSA SOBRE DEPENDENCIA, SALUD Y JUBILACION (2009 novie.1º)
(en Levante, Información, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)
Indice
ASUNTOS SOCIALES 2
"Tengo miedo de lo que diga mi genoma" 3
El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales 4
La vejez devuelve a los homosexuales al armario 5
No es país para viejos (sobre todo si son gays) 6
La crisis saca a ancianos de las residencias 6

DEPENDENCIA 7
El Consell triplica las ayudas a los colectivos antiabortistas 7
La familia de un discapacitado intelectual asume un sobreesfuerzo económico que llega a los 31.600 euros 8
Más de 65.000 discapacitados dependientes deben valerse por sí mismos 9
3.000 familias valencianas viven con tres o más miembros discapacitados 10
La mujer con fibromialgia logra la invalidez después de pasar un mes en huelga de hambre 11
Bienestar Social destina el 70% de su presupuesto a las ayudas a dependientes 11
Los discapacitados tendrán una tarjeta acreditativa para gestión administrativa 12
Las protestas enmiendan la Ley de Dependencia 12
El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes 14
El Cermi critica la desatención de los alumnos discapacitados 15
Una sentencia reconoce como dependientes a personas sin evaluar 15
La Justicia condena la Ley de Dependencia en Madrid 16
Bienestar Social prepara un decreto para agilizar el reconocimiento de los dependientes 17
Cermi califica de deficiente la atención escolar a los estudiantes discapacitados 17
El PSOE profundiza en la Ley de la Dependencia 18

SALUD PÚBLICA 18
Alarte acusa a Camps de tener "hipotecada" la sanidad 18
Alarte asegura que la sanidad valenciana está 'hipotecada' con 7.809 millones de euros 18
El colapso de la sanidad pública 19
Alarte habla de la hipoteca del sistema y el PP le reprocha que no conozca la sanidad 20
Radiografía de la generación Y 20
Una definición homófoba fuerza a Güemes a pedir disculpas 21
Albiol denuncia que el Consell retrasa a 2012 la construcción del hospital de la Vall 22
¿Por qué sanidad no paga las facturas? 22
Cervera afirma que el hospital de Dénia es un modelo a seguir en España 23
Los vecinos de Mislata exigen a Sanidad abrir el Hospital Militar 24
Sanidad maquilla las listas de espera quirúrgicas para reducir las demoras a la mitad 24
El largo calvario de las especialidades 25

SALUD MENTAL 26
Sobre el cas de maltractament físic a Fontcalent 26
Una pareja denuncia palizas a su hijo en el psiquiátrico penitenciario 26
El director del Psiquiátrico dice que el interno que denuncia palizas fue reducido a la fuerza por agresivo 27
Trabajadores del psiquiátrico de Alicante piden el cese del director 27
El suicidio, segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes 28
La conselleria rechaza su responsabilidad en el asesinato de un enfermo bajo su tutela 29
EU denuncia que los funcionarios del psiquiátrico de Fontcalent se han reducido en un 25% 29
«El término depresión se usa demasiado, no es un bajón» 30

JUBILACIÓN 30
¿Una generación sin pensiones? 30
Cada vez más jubilados pierden la casa al no poder pagar el aval hipotecario de sus hijos 32

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ASUNTOS SOCIALES
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Público 2009-11-05
Crisis y desigualdades sociales
VICENÇ NAVARRO
Existe una percepción generalizada en amplios sectores de las culturas políticas, económicas y mediáticas del país, de que el indicador más importante para medir la gravedad de la crisis es analizar cómo evolucionan el desempleo y el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. De ahí que la discusión de cómo la crisis está afectando la calidad de vida de nuestra población se haya centrado en el estudio de cómo están cambiando estos indicadores. No hay lugar a dudas de que estos indicadores son muy importantes. Ahora bien, si el objetivo es analizar el impacto de la crisis en la calidad de vida de toda la población, entonces tenemos que darnos cuenta de que tales indicadores, aunque válidos, son insuficientes.
Para ver el impacto de la crisis financiera y económica tendríamos que prestar también atención a la evolución de las desigualdades sociales (incluidas las desigualdades de rentas) y los efectos de este hecho en la calidad de vida de la ciudadanía. Al ignorar esta consecuencia de la crisis se reproduce una visión muy generalizada en aquellas culturas, haciendo suya la expresión de que “tanto da que un país tenga grandes desigualdades o no. Lo único que es importante es el número de pobres o desempleados que haya en aquel país”.
Esta postura es errónea por varias razones. Una es que, en general, hay una relación clara entre desigualdades y pobreza.
Cuanta más desigualdad hay en un país, mayor es su pobreza. Y España es un ejemplo de ello. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE (el club de países ricos) con mayores desigualdades y, a la vez, con mayor pobreza. Pero existe otra razón por la cual tal postura es errónea. Existe muchísima evidencia en la literatura científica de que lo que disminuye la calidad de vida de la ciudadanía y de la sociedad no es sólo la falta de recursos (que define la pobreza), sino la distancia social entre las personas en una sociedad.
Una persona que es pobre en Harlem (que está en la decila inferior en la distribución de la renta en EEUU), tiene más recursos (incluido renta) que una persona de clase media (un trabajador cualificado) en Ghana, Africa, de manera que si el mundo fuera una única sociedad, el pobre de EEUU sería una persona de clase
media en el mundo, y la persona de clase media en Ghana sería un pobre en tal sociedad mundial. Y, sin embargo, aquella persona de Ghana vivirá 15 años más que la persona pobre de Harlem, hecho que parece, a primera vista, sorprendente, pues la persona de Harlem tiene más recursos que la persona de Ghana.
¿A qué se debe esta situación aparentemente paradójica? La causa, en realidad, es fácil de ver. Es más frustrante y difícil ser pobre en EEUU que ser clase media en Ghana. El primero está muy por debajo del promedio de EEUU, creándose una enorme sensación de fracaso personal, sensación incluso más acentuada porque los medios (y muy en especial la televisión) dan una imagen del promedio de un país que, por lo general, está muy por encima del promedio real. Los personajes de los programas televisivos en EEUU, por ejemplo, tienden a ser profesionales de clase media alta, y casi nunca clase trabajadora (algo que también ocurre en España), la cual constituye la mayoría de la población estadounidense. Esta enorme distancia social entre lo que el pobre es y percibe ser y lo que la sociedad presenta como lo que debería ser, es la que crea patología y disminuye la calidad de vida de aquel individuo. La persona de Ghana, sin embargo, aunque con menos recursos que la de Harlem, está por encima del promedio y su frustración es menor.
Esta es la causa, bien documentada, de que la sociedad con menos desigualdades, menor distancia social y más cohesión social tenga mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida que las sociedades más desiguales, con mayor distancia social y menos cohesionadas. De ahí que la reducción de las desigualdades, y no sólo la eliminación de la pobreza, debiera ser un objetivo de cualquier gobierno que intente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es importante que las enormes desigualdades se reduzcan. Y ello adquiere gran relevancia en España, donde las desigualdades sociales son muy acentuadas.
Uno de los investigadores que ha trabajado más sobre este tema, el profesor Michael Marmot, vio que existía un gradiente en la tasa de mortalidad (debido a condiciones cardiovasculares) entre los funcionarios públicos en Gran Bretaña. Marmot pudo ver que a mayor nivel de autoridad y responsabilidad en el funcionariado, menor mortalidad, y ello continuaba siendo así, incluso cuando se estandarizaban otros factores de riesgo para tales enfermedades como la dieta, el tabaco, el colesterol, la hipertensión y otras variables (estandarizar es cuando se comparan personas que tienen las mismas características, siendo la única diferencia entre ellas su nivel de autoridad y responsabilidad). La causa de este gradiente es que, a mayor autoridad y responsabilidad, la persona tiene mayor sensación de poder controlar su situación personal, su trabajo y su vida. La distancia social crea inseguridad y sensación de menor control sobre su propia vida.
En realidad, la intervención más eficaz en cualquier país para mejorar la mortalidad, es conseguir que la tasa de mortalidad de todas las clases sociales sea tan baja como la de la decila de renta superior. En España se conseguiría prevenir el mayor número de muertes, mucho más que a través de cualquier otra medida o intervención sanitaria. Esta situación adquiere especial relevancia ahora, cuando las desigualdades sociales están incrementándose muy rápidamente. De ahí que limitarse a analizar sólo los indicadores de pobreza y desempleo es ignorar que la crisis está afectando a la calidad de vida de la gran mayoría de la población que ni es pobre, ni está desempleada y que, en cambio, está sufriendo la crisis.
Público 2009-11-05
ENTREVISTA A JAMES WATSON
"Tengo miedo de lo que diga mi genoma"
Uno de los descubridores de la doble hélice del ADN habla con Público sobre sus nuevos proyectos
NUÑO DOMÍNGUEZ - MADRID - 05/11/2009 08:00
El estadounidense James Watson (Chicago, 1928) es uno de los investigadores más importantes del siglo XX y también uno de los más polémicos. En 1962 compartió un premio Nobel por desvelar la doble hélice del ADN. En la década de 1990 tuvo un papel protagonista en el inicio del Proyecto Genoma Humano. También es una de las pocas personas del mundo cuyo genoma completo se ha secuenciado y publicado. Sin embargo, en los últimos años, su fama se ha debido a comentarios sobre la inferioridad de los negros, por los que pidió disculpas. El científico visitó ayer Madrid para participar en unos seminarios sobre cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
¿Qué le ha aportado hasta ahora conocer su genoma?
Dos cosas. Tengo una tolerancia limitada a la leche. Solo llevo una copia del gen que permite digerirla. Cuando estaba en Cambridge descubriendo la estructura del ADN bebía mucha leche, como buen estadounidense que soy. La gente me decía que mis problemas de estómago eran por los nervios, pero realmente lo único que hacía mal era beber leche.
También tengo dos copias malas de un gen que metaboliza fármacos. Ahora estoy medicado para la tensión con una píldora al día, pero en realidad mis genes dicen que debería tomar una cada 10. Eso es algo muy práctico que nunca habría sabido si no hubieran analizado mi ADN.
¿Cuántas veces consulta su genoma?
Nunca. Ni pienso en él. Me dijeron que tenía mutaciones en genes que reparan el ADN, lo que me podría causar cáncer. Tenía 79 años, pero no me hubiera gustado saberlo cuando tenía 20. Creo que se debería secuenciar a personas mayores que están en el final de su vida. También advertí de que no quería saber si tenía una variante que predispone al alzhéimer.
¿Le asusta lo que pueda decirle su genoma?
Sí. No querría saber si voy a perder la cabeza en 10 años. No es ninguna ventaja. La gente dice que si tienes una vida activa existen menos posibilidades de sufrir alzhéimer. Pero también conozco a un hombre que era muy activo e incluso delgado en los años setenta. Sin embargo, su padre tenía alzhéimer y él también lo tuvo. Y es que, en ocasiones, los genes pueden ser tipos muy malos. Ahora, al menos, creo que voy a poder jugar al tenis durante otros cinco años y disfrutar de la ciencia otros 10.
¿Ha cumplido el Proyecto Genoma Humano las expectativas que había puestas en él?
Fue más útil incluso de lo que pensaban sus más acérrimos defensores. Otra cosa es cómo serán de útiles los genomas personales. Pronto podremos secuenciar el cáncer. El problema es que cambia continuamente. Si secuencias una célula cancerígena del pulmón de una persona, ésta puede ser algo diferente de otra de otro órgano. Es un trabajo muy complicado. Pero sin el proyecto no entenderíamos siquiera las causas del cáncer.
¿Cómo se aplicarán los genomas a la futura medicina personalizada?
Por ejemplo, los genomas personales serán inmensamente valiosos para saber qué causa las enfermedades mentales. ¿Qué pasa si tienes trastorno bipolar y quieres tener un hijo? ¿Querrías que naciera sabiendo que tiene un 50% de riesgo de sufrirlo, o preferirías saber qué causa la patología y poder elegir a un hijo que no lo tenga? Ese es uno de mis sueños. No va a llegar en un año, pero sí en 25. Conozco muchas familias que son una ruina por culpa de estos genes. Los fármacos contra estas enfermedades no han mejorado en 45 años. Yo tengo un hijo esquizofrénico y sus medicamentos son tal vez 20 veces más caros que antes, pero sólo un 10% más efectivos.
¿Cómo marcha su trabajo sobre enfermedad mental?
Probablemente tendremos que secuenciar el genoma de unos 100.000 afectados para conocer las causas de la enfermedad mental. Por ahora, sólo llevamos dos. Luego empezaremos a estudiar a 180 miembros de una familia escocesa que tiene trastorno bipolar.
¿Podrán también los genes desvelar las claves de la inteligencia?
No nos dirán mucho ni tampoco muy pronto. Se han hecho estudios sobre genes comunes para detectar posibles diferencias en los test de inteligencia. Estos estudios no nos han aportado nada. No hay un gen de la inteligencia, sino tal vez cientos de ellos que sólo tienen un porcentaje pequeño de la gente.
¿Sigue pensando que la inteligencia depende más de los genes que de las circunstancias de cada individuo?
Cuando me dieron el Nobel alguien me preguntó: "¿Qué hay que hacer para tener hijos inteligentes?". Yo le respondí: "Casarte con una mujer inteligente". Supongo que buena parte está en el ADN, pero es que yo soy una persona anclada al ADN. Un estudio en Escocia midió la inteligencia de personas nacidas en 1937 cuando tenían siete años y cuando tenían 70. Había una correlación casi exacta. Es algo bastante estable a pesar de todas las variaciones del ambiente. ¿Cuánto puedes hacer por mejorar una vez que has nacido? Nos gustaría poder hacer algo, pero eso no quiere decir que sea factible. Puede que sea muy difícil cambiar las cosas.
¿Cree que lo que se aprenda del genoma debe emplearse para tomar decisiones en reproducción asistida?
Claro. Si ayuda a una madre a no tener un niño esquizofrénico, no veo por qué no. Si una mujer prefiere tener una hija en vez de un hijo, también la dejaría. No creo que sea inmoral elegir el sexo. Hay gente que piensa que hay que aceptar la voluntad de Dios, pero yo no creo en Dios. Se trata sólo de probabilidades y hay veces que no quieres dejar el resultado al azar.
¿Cómo se siente por la polémica que causaron sus declaraciones sobre que los negros no son igual de inteligentes que los blancos?
Fueron unas declaraciones fuera de contexto. Fue una experiencia horrible. Ojalá nunca hubiera hablado con la persona que me entrevistó. No recuerdo esas declaraciones ni haberlas hecho.
¿Teme que esa polémica pueda dañar sus logros?
No, hasta ahora mi vida no ha cambiado. No me ha afectado.
¿Piensa retirarse?
No, me retiraré cuando me muera. Mi interés es curar el cáncer y saber más sobre las enfermedades mentales, porque tengo un hijo que sufre una.
Se ha dicho que la doble hélice del ADN que usted codescubrió fue el hallazgo científico más importante del siglo XX. ¿Cuál cree que será el del siglo XXI?
Curar el cáncer. [Mi colega] Francis Crick estaba en lo cierto cuando dijo que el ADN nos hizo famosos. Era tan importante que si conseguías desvelarlo entrabas en la historia. Pero si paso a la historia me gustaría que fuera por ayudar a curar el cáncer. Encontrar la doble hélice no fue difícil, curar el cáncer sí lo es. Creo que estamos listos para poder hacerlo, porque sabemos mucho. Eso es lo que me estimula.
Pais 2009-11-08
El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales
El gasto por persona es un 40% inferior a la media nacional
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 08/11/2009
El Consell que preside Francisco Camps es el gobierno autonómico más cicatero de España en gasto público para cubrir servicios sociales, según un informe elaborado por la Secretaría de Bienestar Social y Salud del PSPV-PSOE que gestiona José Mayans. Los datos recabados por los socialistas revelan que el gasto por habitante en protección social y servicios sociales fue de 353 euros por habitante en 2007. El mismo año, la media estatal era de 553. Navarra (1.377 euros por habitante) y Extremadura (908) ocupan los primeros lugares. La Comunidad Valenciana, el último.
Alarte: "Camps deja en la estacada y abandonados a los más débiles"
El mismo informe revela que entre 1998 y 2008 el presupuesto consolidado de la Generalitat se ha duplicado: ha pasado de cerca de 7.000 euros a un poco más de 14.000. Mientras, el gasto público en servicios sociales apenas ha crecido un 25%.
Jorge Alarte, secretario general del PSPV, concluyó a la vista de las cifras que la Generalitat debe destinar otros 576 millones de euros adicionales de gasto social si quiere hacer realidad las "promesas incumplidas" del presidente Francisco Camps.
Alarte acumuló en su larga lista las deudas pendientes del Consell en lo relativo a la renta de emancipación, la renta mínima de inserción, las ayudas por nacimientos, a la protección a madres e hijos menores de tres años y las certificaciones por minusvalía, así como los "retrasos" en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El secretario de los socialistas valencianos lamentó ayer, en rueda de prensa, que los Presupuestos de la Generalitat para 2010 "sólo dedican el 3,92% a políticas de Bienestar Social", un porcentaje "inferior" al del resto de las comunidades autónomas. "Camps es el peor entre los peores", apostilló el dirigente socialista.
Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Alarte comparó el porcentaje de reconocimiento de personas dependientes en toda España, que alcanza el 11% de los posibles beneficiarios, frente al exiguo 4% en la Comunidad Valenciana.
"Camps deja en la estacada y abandonados a los más débiles", sentenció. Y elevó a 100.000 el número de valencianos a los que Camps "niega su derecho" a disfrutar de las ayudas vinculada a esta ley estatal.
"Hay 70.000 dependientes valencianos que ni siquiera han formulado la solicitud" para acceder a las ayudas; 30.000 personas que no han recibido respuesta a sus peticiones; y 8.500 valencianos que "han muerto mientras esperaban ser reconocidos". "Camps no quiere aplicar la Ley de Dependencia", concluyó Alarte.
Público 2009-11-08
La vejez devuelve a los homosexuales al armario
La soledad y la pérdida de derechos patrimoniales acechan a gays y lesbianas de la tercera edad. Las asociaciones denuncian que las residencias están orientadas sólo a heterosexuales
ÁNGEL MUNÁRRIZ / F. ARTACHO - SEVILLA - 08/11/2009 08:00
Armand de Fluvià, uno de los históricos activistas gays de España, considerado el primero en salir del armario públicamente, reflexiona desde sus 78 años sobre cómo la creación de un estereotipo homo coqueto, culto, consumista y, por supuesto, joven hace olvidar a los gays que "todos llegamos a viejos".
Todos los activistas coinciden: los problemas de los mayores homosexuales han sido sistemáticamente postergados en la agenda reivindicativa. La lucha por los derechos tampoco escapa al culto a la juventud. "¿Quién ha oído hablar de gays viejos? ¿Quién ha leído algo del tema? Nadie", lamenta Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que nombra como uno de los principales problemas del colectivo su frecuente falta de adaptación a las residencias de ancianos y centros de día.
La vida de una lesbiana, un gay, un transexual o un bisexual (LGTB) mayor de 60 años difícilmente habrá sido un camino de rosas. El Estado y la Iglesia los reprimieron y persiguieron con saña durante el franquismo. La Ley de Vagos y Maleantes llevó a cientos de ellos a prisión. Llegada la democracia, el sida aguó la fiesta de la liberación sexual. Y aún hoy han de ver cómo los resabios del nacionalcatolicismo empapan el discurso sobre sexo y familia de parte de la derecha.
"Todos los viejos son heterosexuales"
¿Está recompensando la España de 2009 el esfuerzo de estas primeras generaciones de homosexuales que han llegado a la vejez fuera del armario? La respuesta de activistas, asociaciones y mayores gays es un no rotundo. "La vejez está empujando a muchos a regresar al armario", dice Antonio Ruiz.
Los motivos son variados, pero el principal es que las residencias y centros de día de mayores, públicos y privados, funcionan "bajo la premisa de que todos los viejos son heterosexuales", en palabras de Josep Vila, sociólogo de la Fundació Enllaç. Y explica un caso elocuente: "Una de las ancianas de una pareja de lesbianas que vivía en una residencia sufrió un deterioro cognitivo. La otra mujer se vio en la tesitura de ni siquiera poder entrar a verla, porque legalmente no era nada".
José Benito Eres, presidente del Grup dAmics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals denuncia además que "un alto porcentaje" de las residencias están gestionadas por la Iglesia, lo cual no contribuye a crear un clima de tolerancia. Antonio Ruiz señala que "son pocos los que van a residencias, con lo que están más expuestos a la soledad". "Y los que van, suelen ocultar su sexualidad", añade.
Doble discriminación
Un 16,6% de la población total española, de unos 46 millones, es mayor de 65 años. Es imposible saber cuántos homosexuales hay en ese 16,6%, pero no lo es comprender que sus dificultades añadidas se extienden fuera de los muros de las residencias, creando una doble discriminación. La falta de descendencia de la mayoría, sumada a unas relaciones familiares frecuentemente difíciles, reduce el abanico de posibles cuidadores cuando la persona es dependiente.
Al no haber constancia oficial de sus relaciones la ley del matrimonio gay ha llegado tarde para ellos, pueden perder los derechos patrimoniales cuando muere su compañero.
Integración
Pese al desinterés de la mayoría de asociaciones, desde 2005 existe un documento genérico de todos los colectivos que promueve una "estrategia política inclusiva con los ancianos LGTB". La forma de concretarla no está clara. Las Administraciones optan por la transversalidad, en un planteamiento difícilmente rebatible en el plano teórico, porque pretende no crear espacios para gays, sino integrar y evitar guetos. Pero no es tan simple.
¿Qué hacer cuando son los propios colectivos homosexuales los que dicen sentir como ajenos los espacios que el Estado dedica al cuidado y al encuentro social de los mayores? La cuestión es espinosa. Al respecto, José Benito Eres pone voz a una opinión generalizada pero políticamente incorrecta que invita a la reflexión: es frecuente que a los gays no les guste el fútbol televisado, actividad que, junto al dominó, es parte sustancial de la rutina de miles de centros de día y hogares del jubilado.
Estados Unidos, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda y Canadá son los países donde existen más proyectos orientados a homosexuales mayores, tanto públicos como privados, según los colectivos. Armand de Fluvià es abiertamente partidario de imitar a estos países: "Mientras haya discriminación, deben existir residencias para gays y lesbianas. En teoría no debería ser así, pero la práctica...".
Público 2009-11-08
No es país para viejos (sobre todo si son gays)
ANTONIO AVENDAÑO - 08/11/2009 08:00
La izquierda cree que el Estado tiene que ser la familia de los que no tienen familia, mientras que la derecha cree más bien que el Estado debe dejarse de sentimentalismos y limitarse a mandar. Por supuesto, la gente de derechas es tan cariñosa como la que más con sus iguales y conocidos, pero es olvidadiza con los pobres y con los desconocidos. Y si además de pobres y desconocidos son gays, entonces no es sólo olvidadiza, sino directamente implacable.
A la derecha no le gusta que el Estado se gaste el dinero en buenas residencias públicas de ancianos, porque ella suele tener dinero suficiente para pagarse las residencias privadas de sus mayores. De ahí que crea que invertir en eso es tirar el dinero, lo cual no tendría mayor importancia si no fuera porque se trata de ¡¡¡SU dinero!!!
Pero las diferencias entre izquierda y derecha en materia de derechos de los ancianos se diluyen cuando se trata de que el Estado respalde o promueva residencias de ancianos donde gays y lesbianas puedan sentirse cómodos. La izquierda comprende y respeta los derechos de los homosexuales, pero parece hacerlo sólo hasta cierto punto y, sobre todo, sólo hasta cierta edad. Este, pues, no es país para viejos, y menos aún para viejos gays.
El problema es de conciencia, pero también de visibilidad. La vejez gay es invisible, tal vez porque se avergüenza un poco de sí misma, atrapada ella también en ese culto pueril a la juventud que hace de todos nosotros unos majaderos que se comportan como si la vejez y la muerte fueran algo que sólo les ocurre a los otros. Más nos valdrá a todos que el Estado esté ahí cuando llegue la hora. O como diría melancólicamente Juan Marsé, cuando "aquel muchacho" se haya convertido en "esta sombra".
Provincias 2009-11-08
La crisis saca a ancianos de las residencias
Valencianos en paro recurren a las pensiones de jubilación de sus padres para poder salir adelante
BEATRIZ LLEDÓ | VALENCIA
Las residencias tienen plazas libres, algo impensable hace tan sólo unos meses
Los expertos alertan de que es «muy duro» cuidar sin descanso a un dependiente
Cuando la necesidad apremia, se recurre a soluciones desesperadas. La crisis económica continúa haciendo estragos en muchas familias valencianas que se han visto obligadas a sacar a sus mayores de las residencias en las que hasta ahora estaban ingresados para poder sobrevivir con su pensión. «Nos estamos encontrando con muchos casos de personas sin trabajo, a las que se les ha acabado la prestación del paro, que no tienen ningún ingreso y deciden sacar a sus padres del centro para cuidarlos en casa y poder disponer de su paga», alertó la portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano.
No es la única que ha detectado esta realidad. José Hernández, miembro de la Unidad de enfermos Paliativos del hospital Doctor Peset, advierte de la misma situación. «Se llevan a casa a los familiares que estaban en la residencia para ahorrarse el dinero que pagaban porque estuvieran allí y para cubrir sus gastos con la pensión de jubilación», explicó la semana pasada el experto durante unos cursos para profesionales impartidos por CSI-CSIF en Valencia.
Incluso se benefician de las posibles ayudas de la Dependencia que podían estar recibiendo los ancianos por estar en una residencia. Así lo asegura José Sanchis, presidente de la Unión de Pensionistas (UDP) de Valencia, quien lamenta que muchos hijos «que se habían olvidado de sus padres» ahora los acogen para quedarse con su dinero. «Los meten en una residencia y al principio van a verlos cada semana, luego van cada semana, cada mes y al final ya ni se acuerdan. Y ahora porque les interesa, los sacan. Hay muchos mayores muy solos pese a tener familia», denuncia.
Si la crisis no remite, el número de familias que decidan llevarse a los ancianos a casa aumentará de forma preocupante. «Hace dos años no conocía ningún caso. Esto ha empezado hace algunos meses y aún puede ir a más. Es una solución a la que están acudiendo muchos hijos que no encuentran trabajo, que también son padres de familia y que no llegan a final de mes», aseguró Hernández. También Cáritas ha notado esta tendencia.
Plazas libres
Una consecuencia inmediata es que las residencias cuentan con plazas libres, algo impensable hace sólo unos meses. «Desde hace medio año, centros que estaban llenos y en los que era muy difícil entrar, ahora tienen sitio de sobra», explica Sanchis.
Pero detrás de esta realidad subyace un peligro. ¿Están preparados los hijos para convertirse en los cuidadores de sus padres las 24 horas del día? Castellano lamenta que la atención puede no ser la misma. «Cuidar bien y sin descanso a un enfermo es algo muy serio y duro. Entiendo que a la gente le hace falta el dinero pero la situación puede volverse contra ellos si no soportan el esfuerzo que supone estar pendiente de un dependiente», manifestó.
Para Hernández, en cambio, «en principio, si se trata de un mayor, no tiene porque haber especiales dificultades para atenderlo».
La crisis también ha hecho que muchos hijos ya independizados vuelvan a casa de sus padres porque no pueden pagar la suya. Y no lo hacen solos. Con ellos se instalan sus cónyuges e hijos. «Dicen que los jubilados no notan la crisis porque tienen su pensión. El problema es que ahora con esa paga tienen que pasar ellos, sus hijos y sus nietos. Un padre nunca le cierra la puerta a un hijo», explica el presidente de UDP.
Pero hay situaciones aún más dramáticas. Como la de un matrimonio valenciano, ya jubilado, que hace años avaló con su piso la hipoteca de su hijo. «Él se quedó sin empleo y al no poder pagar la casa, el banco echó mano de la vivienda de los padres. El resultado es que se han quedado todos en la calle, tanto los pensionistas como el hijo», relata Sanchis.
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DEPENDENCIA
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Levante 2009-11-04
El Consell triplica las ayudas a los colectivos antiabortistas
Bienestar Social incrementa a 300.000 euros las ayudas del programa Primeros Días para asesorar psicológicamente a las embarazadas
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
Las lealtades han saltado a los presupuestos de 2010 de la Conselleria de Bienestar Social. Las cuentas, que se elaboraron durante el mandato del ex conseller Juan Cotino, han supuesto un premio a los colectivos que han respaldado su gestión.
De hecho, ese reconocimiento ha quedado plasmado en una jugosa subvención al programa Primeros Días, que se adjudicará a las asociaciones antiabortistas, que triplica la cuantía de 100.000 euros de este año, mientras que otras ayudas como las que se asignan a la formación de futuros padres adoptantes han quedado reducidas a la mitad: de 228.000 euros en 2009 a los 128.000 euros para la gestión del próximo año. Y eso que todo está dentro del paquete "Familia".
Este incremento de la cantidad asignada a la iniciativa Primeros Días no tiene parangón con el resto de programas, ya sea para apoyar a menores en situación de desamparo o para asistir a las mujeres en riesgo de violencia de género. De hecho, Bienestar Social ha recortado 845.000 euros a los servicios especializados que prestan los ayuntamientos para atender a menores con absentismo o maltrato familiar.
En peor situación se encuentra el programa de construcción de guarderías en zonas deprimidas que desaparece por completo.
El plan Primeros Días consiste en proporcionar apoyo psicológico y asesoramiento a las madres durante el embarazo y en los periodos previos y posteriores al nacimiento y está dentro de la política de fomentar las gestaciones y evitar los abortos y en liza clara con la reforma de la ley del aborto.
Los 300.000 euros aprobados para 2010 son una muestra de la gratitud del Gobierno valenciano hacia los grupos antiabortistas como el Foro de la Familia y asociaciones pro vida, que la pasada primavera promovieron una iniciativa legislativa popular de la maternidad que llevaron a las Corts y que fue respaldada con 80.000 firmas que era un respaldo a la política de ayudas que anunció Cotino para evitar los abortos.
Posteriormente, el PP sustituyó en las Corts el texto de estas asociaciones por otro similar al que se recogía en el anterior proyecto de Protección a la Maternidad.
Las ayudas del "Tío Paco" al colectivo gitano
Los presupuestos de la Conselleria de Bienestar Social para el año que viene también gratifican a otro grupo. A la deuda saldada con los colectivos antiabortistas se suma el importante incremento del programa de integración del pueblo gitano que de un año para otro ha visto más que duplicada su cuantía.
Curiosamente, el 18 de mayo, cuarenta y ocho horas antes del día más amargo de la vida del presidente de la Generalitat Valenciana, que fue cuando tuvo que personarse como imputado del caso Gurtel por un presunto delito de cohecho ante el Tribunal Superior de Justicia, Francisco Camps presidió un acto con el colectivo gitano donde se le otorgó el título de "Tio Paco".
El vicepresidente del colectivo, Francisco Santiago Camacho, manifestó en ese momento que todos los integrantes de su asociación respaldaban al presidente de la Generalitat, de la misma manera que Camps los había apoyado a ellos "en los momentos difíciles". Los asistentes al acto le jalearon, abrazaron, animaron y respaldaron.
De allí, Camps se dirigió al Palau de la Generalitat a protagonizar otro baño multitudinario de adhesiones que culminó con un aplauso de cuatro minutos.
El por qué del aumento espectacular de la ayuda que el Gobierno de Camps ha asignado al colectivo gitano para 2010 se asemeja a un puzzle Lo cierto es que durante los años previos a ese acto de apoyo incondicional con nombramiento incluido a Camps, el incremento de las ayudas al pueblo gitano apenas se notaba. De hecho, en 2007 se asignaron 405.000 euros, pero en 2008 y en 2009 se mantuvo la misma cantidad: 421.200. Algo ha cambiado, porque en 2010 el aumento será de 941.290 euros.
Levante 2009-11-04
La familia de un discapacitado intelectual asume un sobreesfuerzo económico que llega a los 31.600 euros
Feaps denuncia que la Comunitat Valenciana está a la cola en ayudas a las personas con discapacidad
AMAT SAPENA VALENCIA
Carlos es el padre de María, una joven de 27 años con parálisis cerebral. Es una gran dependiente que no se vale por si misma. Carlos es una de las decenas de miles de personas que en la Comunitat Valenciana no reciben las ayudas necesarias para poder atender a sus hijos discapacitados. "El reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia estatal contempla lo que llaman incompatibilidades, es decir que si recibes un tipo de ayuda no puedes optar a otra. Por ejemplo, mi hija está en una residencia de lunes a viernes y pasa los fines de semana conmigo. Pues si necesito contratar una persona para que me ayude a cuidarla lo tengo que pagar de mi bolsillo porque la Generalitat no me aplica la Ley de Dependencia. O sea, mi hija es una discapacitada de lunes a viernes y milagrosamente se cura el fin de semana. Eso no puede ser, mi hija necesita unos cuidados especiales, moverla y arreglarla supone un gran esfuerzo físico que no todos podemos realizar...", afirma Carlos.
Carlos es uno de los rostros que retrata el "Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008" que presentó ayer la Federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana (Feaps) y que destaca que la familia de una persona con este tipo de discapacidad asume un sobreesfuerzo económico de entre 21.000 y 31.600 euros al año, según estén o no en un centro ocupacional.
Este sobreesfuerzo económico trata de cuantificar no sólo el gasto corriente extra en discapacidad, sino las horas extra de dedicación no financiadas por ninguna administración, así como los costes de oportunidad del individuo, es decir, el capital que pierde por tener que dedicar sus esfuerzos a atender a su discapacidad.
Además, si para complementar el esfuerzo financiador de la administración, una familia con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de su familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, debería abonarle por término medio 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes (1.800 euros). Si a nivel estatal el índice de sobreesfuerzo medio es de 19.271 euros anuales, en el caso de la Comunitat Valenciana se eleva a 20.075 euros.
El directivo de Feaps, Alberto Ferrer, denunció ayer que "en la Comunitat Valenciana estamos a la cola en ayudas a los discapacitados. Nos superan comunidades que tienen un PIB inferior al nuestro, como Galicia o Andalucía. ¿Los demás están regalando el dinero? No, lo que hacen es atender mejor a los discapacitados, algo que tenemos que hacer ver a nuestros políticos. Respecto a la Generalitat, los números hablan por si solos".
Juan Cañizares, otro directivo, afirma "el discapacitado es una persona, no una cosa. No pedimos limosna, sólo justicia. Hay que gastar el dinero en lo que es realmente necesario y después en cosas majestuosas".
La Comunitat Valenciana, según los datos del informe, ocupa el decimotercer puesto en ayudas de la administración autonómica.
De ahí la preocupación de Carlos. Recibe 500 euros de una subvención del Estado. "Pero 375 se van para pagar la residencia, así que sólo quedan 125 para ropa, alimentación, etc. ¿Y quién paga los tratamientos de mi hija como los dentales, que en personas con este tipo de discapacidad son muy frecuentes y muy costosos? Y yo ahora tengo trabajo pero el año pasado estuve unos meses en el paro e iba asfixiado".
Levante 2009-11-05
Más de 65.000 discapacitados dependientes deben valerse por sí mismos
Una de cada tres de las 266.600 personas con limitaciones que sí tienen apoyos para acometer las actividades básicas de la vida diaria está insatisfecha con los cuidados recibidos
RAFEL MONTANER VALENCIA
Unas 65.300 personas con discapacidad que viven en la Comunitat Valenciana y que tienen dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) no reciben ningún tipo de ayuda, según la Encuesta de Discapacidad y Dependencia 2008 que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El informe señala que el 9% de la población valenciana, 452.800 personas, padece algún tipo de discapacidad. De estos, 331.900 -siete de cada 10- tienen dificultades para acometer las ABDV, las actividades más elementales de la persona (lavarse, vestirse, cocinar, evitar peligros, mantener la posición del cuerpo... ) que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía.
La proporción de estas 332.000 personas que necesitan ayudas para rebajar la severidad de sus limitaciones, que son el 6,5% de los habitantes de la Comunitat Valenciana, y no encuentran ningún apoyo es de casi uno de cada cinco discapacitados con problemas para afrontar por si solos las ABDV.
La Comunitat es la octava autonomía (mapa de la derecha) con un mayor porcentaje de dependientes sin apoyos, el 19,7%, más de un punto por encima de la media estatal (18,3%).
Además, casi una de cada tres de las 266.600 personas con discapacidad que son dependientes que si que cuentan con ayudas, considera "insuficientes" los cuidados que recibe. Este grado de insatisfacción del 33%, que también está por encima del promedio estatal (30%), es el sexto más alto de España después del de Canarias (42%), Murcia (41%), Extremadura (35%), Cataluña (34%) y Andalucía (33%).
En manos de la familia. La asistencia a las personas dependientes en la Comunitat Valenciana recae principalmente sobre el cónyuge o la pareja, en casi uno de cada tres casos (32%), seguido de las hijas (23%), las madres (11%) y personas contratadas (11%), mientras que los servicios sociales prestados por las Administraciones Públicas o las ONG apenas superan el 1%. Dos tercios de los cuidadores son mujeres y una de cada tres de ellas tiene más de 65 años.
El 12% de discapacitados valencianos, un punto por encima de la media estatal, afirma sentirse discriminado, pero sólo un 6,5% lo ha denunciado. También es la quinta con más personas que se sienten marginadas por razón de su discapacidad. La primera es Illes Balears (16,4%) y la última Asturias (8,6%).
Finalmente, la Comunitat Valenciana es la quinta con una mayor tasa de discapacidad, con 99,2 personas por cada mil habitantes (mapa de la izquierda). La primera es Galicia (113ä) y la última La Rioja (61,6ä).
Provincias 2009-11-05
3.000 familias valencianas viven con tres o más miembros discapacitados
Una de cada cuatro personas impedidas no recibe ayuda
BEATRIZ LLEDÓ | VALENCIA
Los cuidadores valencianos tienen entre 45 y 64 años de edad
En la Comunitat hay 452.000 personas con impedimientos físicos o intelectuales
Hace tiempo que María no saborea los alimentos. Sus problemas estomacales la obligan a recibir la comida por vía intravenosa. En los últimos dos años los ingresos en el hospital son más habituales de lo que le gustaría. Esta mujer de Santa Pola, que está a punto de cumplir los 83 años, ha tenido que enfrentarse a un cáncer de colon y a una fractura de cadera, entre otras enfermedades. Su hijo, Joaquín, se ha convertido en su ángel de la guarda. Es él quien lidia con los obstáculos que ambos se encuentran cada día. La realidad de Joaquín y María se repite en muchas familias valencianas con discapacitados a su cargo. Las dificultades aún son mayores cuando hay más de uno en casa. Es lo que ocurre en 3.000 hogares valencianos.
Según la Encuesta Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia de 2008 publicada ayer por el INE, 3.100 familias residentes en la Comunitat tienen tres o más personas impedidas. En otras 63.900 casas cuentan con dos discapacitados y en 326.000 más, uno de sus miembros se encuentra en esta situación .
En total, en la Comunitat hay 452.000 personas con dificultades motrices, visuales, auditivas o intelectuales, lo que la sitúa a la cabeza de España, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. Las frías estadísticas arrojan una dura realidad: sólo uno de cada cuatro discapacitados recibe algún tipo de subvención. «130.000 no reciben ayudas», apunta el informe del INE. Mejor suerte corren las 125.000 personas que se benefician de asistencia, ya sea de un familiar o de un cuidador, así como las 56.000 que tienen ayuda técnica para conseguir una silla de ruedas o una prótesis. Además, 120.000 discpacitados valencianos reciben las dos subvenciones.
Aunque la estadística sólo diferencia entre ayudas personales y técnicas, aquí se incluyen las de la Ley de Dependencia. «La situación no mejora. Se supone que entre abril y mayo la Conselleria de Bienestar Social firmó muchas resoluciones pero varios meses después, los afectados todavía no han cobrado las ayudas», aseguró ayer la portavoz de la plataforma en defensa de la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana, Palmira Castellano.
Joaquín pidió la subvención en 2008 pero aún no ha obtenido respuesta. «Hace más de un año que pedimos la ayuda de la Dependencia y aún estamos esperándola. En febrero vino una asistenta a ver a mi madre pero ni siquiera nos han mandado la valoración. Me da mucha rabia porque se habla mucho de la ley y yo sólo me he encontrado con trabas. Se va a morir antes de recibirla», afirmó con rabia este valenciano de 52 años, que está varios meses en paro.
«He tenido que rechazar algunos trabajos temporales porque no puedo dejar a mi madre sola, tengo que cuidarla las 24 horas. En agosto se me acabó la prestación por desempleo y sólo nos queda su pensión», lamentó Joaquín, que aseguró que nunca se le ha pasado por la mente la idea de llevar a María a una residencia. «Quiero estar cerca de ella. En casa puede recibir más visitas de familiares y todo mi cariño. Yo le limpio la casa, me encargo de todo el papeleo...si mi madre no me tuviera a mí, estaría muerta», aseguró.
El informe del INE traza el perfil de los 246.000 cuidadores de la Comunitat. Hay más mujeres que hombres, la mayoría se sitúa entre los 45 y 64 años, comparten hogar con la persona atendida y tienen estudios primarios. «La principal dificultad que encuentran es la falta de fuerza física para realizar las tareas de asistencia personal. Afirman sentirse cansados y una parte importante ve incluso deteriorada su salud», explica el informe.
Más mujeres
En cuanto a los discapacitados, también hay más mujeres que varones y la mayoría cuenta con estudios primarios. El grueso de los afectados tiene entre 65 y 74 años. Sus mayores problemas son de movilidad, vida doméstica, autocuidado, audición y visión. «Entre las actividades que realizan en su tiempo libre destacan ver la televisión y escuchar la radio. Las que implican desplazamientos (visitar museos, bibliotecas o asistir a cursos) son menos frecuentes. Su discapacidad no les permite hacer ejercicio físico o viajar, tal y como les gustaría», afirma la encuesta.
Muchos de los discapacitados tienen serias dificultades para desenvolverse en su vivienda, sobre todo, en zonas como las escaleras y el cuarto de baño. Ya en la calle, las personas impedidas que se encuentran con multitud de obstáculos, tales como los bordillos de las aceras, las papeleras, las farolas y socavones en el asfalto urbano.
Provincias 2009-11-07
La mujer con fibromialgia logra la invalidez después de pasar un mes en huelga de hambre
La Seguridad Social acepta la petición de la valenciana tras hacer pública la situación
BEATRIZ LLEDÓ | VALENCIA
A veces la vida te concede una segunda oportunidad. A Eva María Alabau, aquejada de fibromialgia y sumida en una profunda depresión, no le cabe la menor duda. Su mundo se derrumbó cuando a principios de agosto la Seguridad Social le denegó la invalidez, como adelantó LAS PROVINCIAS.
Desesperada por la situación, recurrió la resolución e inició una huelga de hambre que se prolongó durante 30 días. Ahora su lucha ha dado su fruto: acaban de concederle la incapacidad. «He tenido que leer la carta certificada tres veces porque no podía creérmelo. Por fin tengo la ayuda», explica esta valenciana de 33 años, en paro, separada y con dos hijos pequeños.
La Administración le ha reconocido un 75% de minusvalía. Una respuesta muy diferente a la que Eva María recibió hace tres meses, cuando la solicitud le fue rechazada, pese a que había aportado más de 40 informes favorables de traumatólogos y psiquiatras. «Es injusto», clamaba entonces la valenciana. Ahí comenzó su batalla. Dejó de comer, de beber y de tomarse la medicación. Perdió más de 10 kilos aunque ganó el cariño de cientos de personas, que la arroparon desde el principio. Incluso se manifestaron a las puertas de su casa para mostrarle su apoyo.
700 euros al mes
Ahora Eva María vuelve a sonreír. «Estoy contenta aunque aún lo estoy asimilando», reconoce. Cobrará alrededor de 700 euros al mes. La pensión de invalidez no aliviará el dolor que le recorre todo el cuerpo pero sí la ayudará a salir adelante. «Ahora respiraremos un poco. Habíamos llegado a un punto en el que estábamos muy mal económicamente. Tuvimos que pedir dinero a amigos y familiares para ir tirando», asegura la joven que vive en casa de su madre, Cándida.
Hasta ahora, sólo sobrevivían con su paga de viudedad, que apenas alcanzaba los 600 euros, porque Eva María dejó de trabajar hace meses. «Todos estamos más animados en casa. A ver si poco a poco empiezan a ir mejor las cosas. Mi hija va a recibir unas sesiones en Madrid para calmarle el dolor. A ver si así puede, al menos, acompañar a mis nietos al parque y llevarlos al colegio. No tiene más ilusión que poder hacer las cosas cotidianas», explica Cándida.
Hoy, afectados por la fibromialgia de toda la Comunitat, se concentran en Madrid para pedir más atención. Tras una misa en homenaje a los fallecidos por la enfermedad, iniciarán una marcha bajo el lema «Dejemos de ver invisibles», que terminará en la Puerta del Sol.
Provincias 2009-11-07
Bienestar Social destina el 70% de su presupuesto a las ayudas a dependientes
AGENCIAS | VALENCIA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, explicó ayer que las cuentas de su departamento destinan el 70% «a cubrir las necesidades de los dependientes, y se ha comprometido a dar «mayor celeridad» en la tramitación de las ayudas a ese colectivo.
Así se pronunció ante la comisión de Economía de Les Corts donde presentó los presupuestos de su departamento para 2010, que asciende a 667,3 millones, un 13,6% más que en el anterior ejercicio.
La oposición criticó que en esos presupuestos se recogen «obras que llevan muchos años construyéndose» y que «más del 60% del total lo gestionan empresas o asociaciones sin animo de lucro.
Por otro lado, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, destacó que su departamento destinará 139 millones a la mejora de las explotaciones agrarias y del sector ganadero, y dotará con 22 millones la suscripción de seguros para mantener las rentas.
Además, el titular de Gobernación, Serafín Castellano, anunció que en 2010 se presentarán un total de siete leyes, entre las que destacan la de Sucesiones, la de creación de la Policía Autonómica, y la de Emergencias.
Información 2009-11-07
Las cuentas de Bienestar Social destinan el 70% a atender las necesidades de la Ley de Dependencia
REDACCIÓN
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que las cuentas de su departamento destinan el 70% "a cubrir las necesidades de los dependientes", según explicó ante la Comisión de Economía de Las Cortes donde presentó los presupuestos de su departamento, que ascienden a 667,3 millones, un 13,6% que en 2009.
La oposición criticó que en esos presupuestos se recogen "obras que llevan muchos años construyéndose" y que "más del 60% del total lo gestionan empresas o asociaciones sin ánimo de lucro".
Such señaló que el presupuesto se ha basado en la necesidad de "priorizar en materia social dentro de la actual coyuntura", por lo que algunas líneas de crédito "han disminuido" o se han "ajustado".
Indicó que la aplicación de la Ley de Dependencia en 2010 le costará a la Generalitat 467 millones de euros, de los que el Gobierno central aportará 100 millones y recordó que en 2009 ha recibido 55 millones de euros.
En cuanto al resto de partidas, la de Servicios Sociales sube un 16%; Integración Social de los discapacitados un 10,93% y Familia y Adopción un 1,63%, mientras que los de la Promoción de la Mujer baja un 0,19% y el de Servicios Generales un 5,3%.
La consellera añadió que la Renta Garantizada de Ciudadanía está dotada con 18 millones de euros y rechazó las cuentas del portavoz socialista, Antonio Torres, que aseguró que "cada una de las familias beneficiadas solo recibía 59 euros al mes", tras destacar el incremento de ayudas para las actividades extraescolares en horario conciliador de un 5,25%.
Torres acusó a Bienestar Social de "apropiarse" de nueve obras que se financian con el Plan E del Gobierno central y destacó que no hay "ninguna obra nueva prevista" y se recogen "muchas" que llevan "años en construcción".
Mundo 2009-11-08
Los discapacitados tendrán una tarjeta acreditativa para gestión administrativa
Beneficiará a más 300.000 personas con una discapacidad superior al 33%
Efe | Valencia
Los discapacitados dispondrán el próximo año de una tarjeta acreditativa que sustituirá al certificado de papel para las gestiones administrativas, ha informado la Conselleria de Bienestar Social.
Esta tarjeta beneficiará a más 300.000 personas residentes en la Comunidad Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Con su implantación se pretende que los titulares ganen en rapidez y comodidad a la hora de acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales.
La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas.
En la Comunidad actualmente hay 315.716 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, reconocido por los equipos de los centros de valoración y orientación.
Del total de personas titulares de estos certificados, el 52% son mujeres y el 43% tienen más de 65 años.
Respecto al tipo de discapacidad reconocida, en 167.225 casos se trata de una discapacidad física, seguida de 50.230 casos de discapacidad psíquica, 26.192 sensoriales, 25.319 de discapacidad mental, y en 46.750 casos se trata de otros tipos de discapacidades.
Público 2009-11-09
Las protestas enmiendan la Ley de Dependencia
Las administraciones empiezan a escuchar las reivindicaciones de las asociaciones de enfermos, cada vez más numerosas. Las principales quejas se centran en el retraso en la concesión de prestaciones
VANESSA PI - MADRID - 09/11/2009 08:00
Una persona con esquizofrenia puede vestirse y comer sola. Otra cosa es que, sin nadie que le supervise, sea capaz de salir con bufanda a la calle en pleno agosto o de comer hasta reventar. Esta realidad no se ve reflejada en el baremo de la dependencia, el cuestionario que determina hasta qué punto una persona necesita ayuda en su día a día. Por eso, las asociaciones de personas con enfermedad mental sentían que la Ley de Dependencia les ninguneaba.
Han hecho falta muchas protestas y varios estudios sobre la Ley ratificando la exigencia de estos enfermos para que el Ministerio de Sanidad y Política Social decida cambiar el baremo, tal y como anunció a mediados de octubre. Entonces, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) sintió que su lucha había valido la pena.
Los problemas de ajuste de la Ley de Dependencia y su lenta aplicación no sólo han movilizado a asociaciones que ya existían antes de que entrara en vigor la norma, comoFeafes. Familiares de dependientes con perfiles y necesidades diversas han unido sus voces para reivindicar el "derecho subjetivo" que les otorga la ley. Sus quejas empiezan a dar resultados: "Pasos diminutos", dicen los afectados, hartos de que la Ley avance a ralentí.
No todas las comunidades aplican la norma con la celeridad deseable: Madrid yel País Valenciano están a la cola. En ello coinciden los sindicatos y el Observatorio para el Desarrollo de la Ley de Dependencia, un grupo de profesionales muy crítico con las autonomías que no administran la normativa como deberían y que ha logrado que sus críticas se tengan en cuenta en los principales foros de debate sobre la Ley. Precisamente, es en Madrid y Valencia donde los dependientes más se han movilizado.
Desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, en enero de 2007, han proliferado decenas de asociaciones de dependientes. Su causa también la defienden agrupaciones de enfermos, de jubilados o de profesionales que ya existían. No hay un censo que especifique cuántas agrupaciones de dependientes hay, pero sólo en el País Valenciano se han formado 15 plataformas cada una integrada por decenas de asociaciones que trabajan de forma conjunta.
Movilización ciudadana
"Nuestro mayor logro es que se nos escuche", explica Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, que integra 70 asociaciones. Tras decenas de manifestaciones y concentraciones a las puertas de la sede de la Generalitat, las plataformas valencianas han conseguido que el Gobierno autonómico reconvierta a pública la sociedad anónima (Avapsa), que se creó en 2007 para gestionar los expedientes de quienes piden las ayudas. Antes, el Ejecutivo valenciano contradecía la Ley, que dice que la valoración del grado de dependencia "se efectuará directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas".
Las plataformas valencianas son las que más han salido a la calle. Su visibilidad, molesta para el Gobierno, les llevó a reunirse con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such. Este Departamento prevé aprobar en enero un decreto que acorte la espera. No obstante, los dependientes siguen en pie de guerra. "El proceso continuará siendo lento, porque para presentar la solicitud se tendrá que entregar toda la documentación de golpe, hasta el informe social que preparan los servicios de los ayuntamientos, ya de por sí saturados", explica Castellano.
Las plataformas también reclaman que, superado el periodo que marca la ley, cuando la Administración no informe al ciudadano de la resolución de su solicitud (a esto se le conoce como silencio administrativo), se dé por hecho que la resolución es favorable al solicitante y, por tanto, este tenga derecho a una ayuda. A este procedimiento se le conoce como silencio positivo y está regulado por una ley estatal.
Contra las irregularidades
La Ley de Dependencia no determina el sentido del silencio administrativo, pero Madrid ha establecido en la orden que regula la aplicación de Dependencia en la región que si no hay respuesta, la solicitud está denegada. Además, el Gobierno de Esperanza Aguirre estableció tiempos de espera superiores al medio año quedicta la ley estatal.
Estas irregularidades llevaron a cuatro asociaciones de Alcorcón (Madrid) a formar una plataforma, en diciembre del año pasado. Desde entonces, ha recurrido centenares de expedientes. "La mayoría, porque las ayudas llegan tan tarde que el dependiente ya ha muerto", explica su abogado, José Ausín. El mayor logro de la agrupación ha sido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admita a trámite una demanda contra la aplicación de la Ley de Dependencia en la región.
Como sus colegas valencianos, en la Plataforma de Alcorcón valoran que los dependientes crean en el poder de su voz. "Combatimos el retraso y la desidia", explica Ausín.
También en Catalunya los retrasos han propiciado la creación de una asociación. Papás de Àlex se gestó hace tres años y medio, antes de que entrara en vigor la norma, cuando un grupo de padres de niños con enfermedades raras decidió defender jurídicamente los derechos de sus hijos dependientes. "Ya hemos arreglado 106 casos", destaca su portavoz, Antonio Moreno.
La larga espera para conseguir una subvención
¿De qué se quejan los dependientes? Las ayudas tardan demasiado en llegar. Desde que el dependiente presenta la solicitud hasta que se beneficia pasan meses, en algunos casos más de un año. Del millón de personas que pidieron la ayuda, 110.000 aún están por evaluar, y de las 672.748 que cumplen los requisitos para recibir una prestación, 256.180 continúan esperándola.
¿Qué pasa si el dependiente muere antes de la ayuda?
La Ley establece que las ayudas son retroactivas, desde que se presenta la solicitud. Pero los dependientes están desprotegidos si la Administración ni siquiera determinó su grado de dependencia ni llegó a establecer el tipo de ayuda que les daba.
¿Qué es el silencio administrativo?
La ley establece que no pueden pasar más de seis meses para resolver un expediente. Lo que no determina es el sentido del silencio administrativo, es decir, si cuando no contesta en el plazo fijado se debe considerar la respuesta como positiva o negativa.
Levante 2009-11-09
El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes
El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 - El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales
LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA
La aportación de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los parámetros correctos del modelo de financiación. Así lo confirma el informe Financiación y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer informó Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Por el contrario, otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.
Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad autónoma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos más correcto tener sólo en cuenta el nivel mínimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan.
La peor aplicación de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, según los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones).
Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.
El estudio también revela que el coste de un dependiente al año en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al año. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existiría un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes.
Tarjeta para discapacitados en 2010. La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que en 2010 se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantación se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas. Según resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Pais 2009-11-10
El Cermi critica la desatención de los alumnos discapacitados
J. P. - Valencia - 10/11/2009
La atención que se presta a los alumnos con discapacidad es deficiente. Así lo entiende el Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV), que ayer denunció que miles de niños y niñas "sufren la falta de recursos como educadores, fisioterapeutas o intérpretes de lengua de signos durante muchos cursos".
Todo ello "a pesar de que hay un dictamen de la Consejería de Bienestar Social que reconoce la necesidad de estos recursos". Como ejemplo, el Cermi ha señalado que muchos educadores "se comparten entre varios centros", pero su horario se organiza "más en función de las necesidades del educador que de las del alumno"; que el servicio de fisioterapia "se realiza en otro centro distinto al del alumno" o que hay rampas, baños adaptados, o intérpretes "que nunca llegan".
Fuentes de la Consejería de Educación indicaron que la plantilla de educación especial ha crecido un 198% en 10 años.
Pais 2009-11-10
Una sentencia reconoce como dependientes a personas sin evaluar
El TSJM anula una orden que permitía no responder a quien pedía una ayuda
CARMEN MORÁN - Madrid - 10/11/2009
A la penosa situación que atraviesa la Ley de Dependencia en Madrid -retrasos en los trámites, escaso número de ciudadanos atendidos- se añade ahora un revolcón que viene del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Éste sentencia que todos aquellos ciudadanos a los que no se les respondiera en el plazo administrativo previsto de seis meses quedan reconocidos como beneficiarios de una ayuda por dependencia. Se anula así una orden de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2008 que regulaba todo lo contrario: mediante el llamado silencio negativo, si el ciudadano que iniciaba los trámites para recibir una ayuda no obtenía respuesta en seis meses sólo le quedaba acudir a los tribunales, pero no era beneficiario de nada.
El recurso contra esta orden lo interpuso la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, que agrupa a decenas de ciudadanos afectados por los retrasos y los silencios de la comunidad al tramitar la Ley de Dependencia. El Gobierno regional acata esa sentencia, pero la situación que se le plantea ahora raya el absurdo: tiene que determinar qué grado de dependencia -moderada, grave, leve- se le asigna a esas personas a las que no respondieron ni han sido evaluadas.
Es difícil calcular cuántos ciudadanos están en esta situación, porque algunos que no tuvieron noticias de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en el plazo previsto en el procedimiento administrativo común puede que, aun con retraso, recibieran respuesta después y los trámites siguieran su curso. Aquellos que solicitaron una ayuda en primavera y sólo obtuvieron silencio, son ahora ciudadanos dependientes con derecho a ayuda. Pero, ¿qué ayuda?A la Comunidad de Madrid se le plantea ahora un embolado de grandes dimensiones. Están estudiando cómo atender los casos de personas que, en virtud de esta sentencia, han pasado a ser dependientes, de las que se desconoce qué grado de dependencia tienen, porque no han sido evaluadas, y por tanto, qué ayuda necesitan. Podría incluso darse el caso de que alguien hubiera solicitado una ayuda sin necesitarla y ahora tendría derecho a ella. Es improbable, pero...
"Se lo dijimos hasta en latín, que aquella orden no tenía sentido, que sólo retrasaba los trámites y que para regular el silencio negativo se necesita una ley, no una orden. A partir de ahora tendrán que ser diligentes y responder a los ciudadanos en el plazo de seis meses", dice el abogado José Ausín, que ha llevado esta lucha contra la Comunidad. "Sabían que regulaban mal y lo hacían a conciencia. Ante el silencio administrativo negativo, a la gente no le quedaba más remedio que acudir a los tribunales, pero yo no podía recomendar eso, porque los procesos judiciales pueden llevar más tiempo aún", añade el abogado.
La Comunidad Valenciana hizo algo parecido, pero lo coló mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos. El Defensor del Pueblo presentó un recurso al Constitucional con anterioridad, cuando lo hicieron mediante la ley de presupuestos.
Muchos madrileños se han visto en una situación de desamparo tal, que algunos se agruparon en esta Plataforma que lidera Ausín para que los abogados fueran tramitando sus papeles.
Los retrasos para implantar la Ley de Dependencia no se han resuelto, aunque siempre caben subterfugios, como pedir a la gente documentación que ya ha sido entregada. Eso está ocurriendo. De esa manera, la Comunidad se toma aún más tiempo para atender a los discapacitados, pero al menos les responde, parece que hay alguien gestionando. Sin embargo, cuando no hay respuesta, se vaga en un extraño limbo administrativo, y eso también ha ocurrido.
La Plataforma de Ausín también solicitó al TSJM que anulara los dos plazos en que dividió el Gobierno regional los trámites, uno para determinar el grado de dependencia del ciudadano y otro para asignar la ayuda correspondiente. Pero en este punto, el tribunal no ha estimado la demanda. Lo recurrirán.
Otras comunidades están en lo contrario, en unificar los pasos que hay que seguir para que la gente tenga acceso a las ayudas cuanto antes. Las órdenes de la Comunidad de han retrasado el proceso y ahora, además, han creado otro problema de difícil solución.
Público 2009-11-10
La Justicia condena la Ley de Dependencia en Madrid
El TSJ de Madrid anula el punto de la orden regional que deniega el derecho a una ayuda si la Administración no contesta en seis meses. Un 53% de las ayudas que se conceden son prestaciones económicas, vinculadas al cuidador familiar.
VANESSA PI - MADRID - 10/11/2009 08:00
La Justicia madrileña dio ayer un espaldarazo a los miles de personas que se quejan del retraso de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la región. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estableció que cuando la Comunidad de Madrid tarde más de seis meses en determinar el grado y nivel de dependencia de quien pide las ayudas, se considerará, automáticamente, que se ha reconocido su derecho a recibirlas.
El Alto Tribunal anuló así el artículo 5 de la Orden que regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la región, y que establece que el silencio administrativo se debe entender como negativo. La Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, que recurrió la Orden autonómica, aplaudió la sentencia.
Madrid contradice la ley estatal de Procedimientos Administrativos
La decisión judicial beneficiará a miles de madrileños, como Miguel Andrés. El pasado 13 de abril, este vecino de Alcorcón (Madrid) solicitó a la Comunidad la ayuda por la Ley de Dependencia. Han pasado más de los seis meses que establece el Gobierno regional y aún no ha recibido respuesta alguna, explica su nuera, Guadalupe. Tal y como están las cosas ahora, este silencio otorga a Miguel el derecho a una prestación, aunque ni siquiera hayan evaluado su grado y nivel de Dependencia.
Este madrileño, que padeció hace tres años cáncer de medula y está hospitalizado por una neumonía, apenas se vale por sí mismo, explica su nuera. Por eso, la familia se ha visto obligada a ingresarle en un centro de día y contratar a una mujer que va tres días a la semana a hacer la cena y limpiar la casa. La pensión de Miguel se destina a sufragar estos gastos.
La familia también solicitó, hace más de seis meses, de forma separada a la ayuda por la Ley de Dependencia, una plaza en una residencia pública. También obtuvieron el silencio como respuesta. Por ello, Guadalupe acudió ayer a pedir ayuda a la sede de la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón. Allí se encontró con la noticia de que, a partir de ahora, su suegro debe ser considerado beneficiario de la Ley y tiene derecho a una plaza en una residencia por el retraso en la tramitación de su expediente.
Los demandantes recurrirán al TS otros puntos de la norma autonómica
"Efecto positivo"
La asociación considera que la sentencia "va a tener un efecto positivo como elemento dinamizador de la tramitación de las solicitudes", informó en un comunicado. "Esto va a obligar a la Comunidad de Madrid a correr, para no tener que reconocer ese derecho de forma automática", aplaudió el abogado de la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, José Ausín.
Según explicó Ausín, tal y como quedan las cosas la resolución no es firme, se podría dar la situación de que una persona, dependiente o no, pudiera acabar recibiendo una ayuda por el simple hecho de que la Comunidad de Madrid hubiera tardado más de medio año en evaluar su situación.
Demanda ante el Supremo
La Plataforma por la Dependencia en Alcorcón presentó hace unos meses una demanda en el Tribunal Superior contra la Orden autonómica que regula la Ley de Dependencia. Argumentaba que el artículo 5, que establece el plazo para resolver el procedimiento de grado de dependencia, contradice la ley estatal de Procedimientos Administrativos, que establece que el silencio administrativo es positivo.
No obstante, el TSJM desestimó otros recursos de la plataforma contra distintos puntos de la norma autonómica. Por ello, según explicó Ausín, la asociación recurrirá ante el Tribunal Supremo. Su mayor demanda es evitar que el plazo de tiempo máximo para resolver los expedientes se separe en dos periodos independientes, cada uno de seis meses, lo que favorece el retraso en la gestión, insiste Ausín.
Levante 2009-11-10
Bienestar Social prepara un decreto para agilizar el reconocimiento de los dependientes
LEVANTE-EMV VALENCIA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, admitió ayer que "todavía queda mucho por hacer" y aseguró ser "consciente de que el procedimiento de reconocimiento de dependientes es excesivamente largo y complejo y está causando esperas indebidas". Por ello, indicó que su departamento "va a poner en marcha un nuevo decreto por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones y que supondrá dotar de rapidez, coordinación y eficacia al sistema". Such realizó estas declaraciones durante su intervención en el Foro Valenciano de Estudios Autonómicos Forobert, que celebra su segunda edición sobre Desarrollo Sostenible, Política Social y Sucesiones.
Por otra parte, Such destacó el paquete de medidas extraordinarias aprobadas por el Consell para paliar los efectos de la crisis, con una dotación económica de 20 millones, que "ha supuesto poder duplicar las líneas de apoyo a las personas y familias con mayores necesidades económicas".
Levante 2009-11-10
Cermi califica de deficiente la atención escolar a los estudiantes discapacitados
La conselleria alega que la plantilla de docentes de Especial ha subido un 189% en 14 años y ya son 4.134
LEVANTE-EMV VALENCIA
El Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV) denunció ayer la "deficiente" atención que se presta en los colegios de la Comunitat al alumnado con discapacidad. El Cermi criticó que miles de niños "sufren la falta de determinados recursos como educadores, fisioterapeutas o intérpretes de lengua de signos durante muchos cursos".
Todo ello, indicaron, "a pesar de que hay un dictamen de la Conselleria de Bienestar Social que reconoce la necesidad de estos recursos para la óptima inclusión escolar de este alumnado". Estos recursos "no llegan nunca o se ofrecen de tal modo que es imposible alcanzar la finalidad para la cual se necesitan", es decir, la integración de los niños con discapacidad. Como ejemplo, el Comité ha señalado que muchos educadores "se comparten entre varios centros", pero su horario se organiza "más en función de las necesidades del educador que de las del alumno". También reprocharon que el servicio de fisioterapia "se realiza muchas veces en otro centro distinto al del alumno" o que hay rampas, baños adaptados, o intérpretes "que nunca llegan".
Las críticas de Cermi se producen cinco días después de que un estudio del INE revelase que más de 65.000 discapacitados dependientes que viven en la Comunitat Valenciana se han de valer por sí mismo sin ningún tipo de ayuda.
Además, el colectivo de discapacitados aseguró que, en muchas ocasiones y alegando una mejor atención para el alumno, se le escolariza en un colegio de otra población "asegurando a la familia que podrá disfrutar de una beca de transporte". Sin embargo, en ocasiones "la beca no llega, el horario del transporte no se corresponde con el horario escolar del alumno o éste se pasa hasta cuatro horas dentro del autobús hasta llegar a su casa", denunció el Cermi. La situación "es todavía más lamentable en los institutos", dicen, ya que la administración "se muestra aún más reacia a mandar personal a estos centros", concluye el Cermi.
Más docentes de Especial. Por su parte, el director general de Centros Docentes, Francisco Baila, destacó ayer que la Comunitat Valenciana cuenta con 4.134 profesionales dedicados a la Educación Especial. Es decir, 2.708 más respecto al curso 95-96, lo que supone un incremento del 189% en 14 años. Estos 4.134 profesionales atienden, actualmente, a 3.684 alumnos escolarizados tanto en centros específicos como ordinarios de la Comunitat, "lo que pone de manifiesto el esfuerzo que está realizando el Consell en esta materia", dijo Baila.
Información 2009-11-10
El PSOE profundiza en la Ley de la Dependencia
JOSÉ A. MAS
El Partido Socialista de Crevillent celebró ayer una charla informativa sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia. En la sesión, estuvo Luis Briñas, responsable provincial de Sanidad y Dependencia, el secretario general del PSOE en Crevillent, Cayetano Mas Galvañ, y la edil socialista Antonia María Pastor.
A la charla, acudieron un grupo de vecinos de la localidad a los que se les han rechazado las ayudas que reconoce le ley para personas con dependencia. A estas personas se les explicó cómo deben gestionar sus reclamaciones. Cayetano Mas aseguró que "ha sido una charla animada porque hay mucha inquietud y dudas en torno a la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana". Desde el PSOE se ofrecieron a ayudar a estas personas a presentar sus recursos, ya que según indicaron "deben de ser individuales, por lo que unirse no vale". El secretario general de los socialistas crevillentinos destacó que "hasta la fecha sólo se ha atendido a las personas que están ingresadas en residencias". Asó, insistieron en que el problema se plantea "por la falta de voluntad política de poner fin a este asunto".
Mas Galvañ explicó que "la Ley de Dependencia tiene un sistema de financiación que depende del número de evaluaciones que se realicen, por lo que si no hay evaluaciones no se paga". Sobre el tema, denunció que "la Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en cuanto a número de valoraciones por número de habitantes". En este sentido, el socialista informó que "este año se ha llegado a un acuerdo para primar a las autonomías que hagan más evaluaciones de personas que lo pidan, y penalizar a las que realicen menos evaluaciones".
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SALUD PÚBLICA
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Levante 2009-11-01
Alarte acusa a Camps de tener "hipotecada" la sanidad
EL PAÍS / AGENCIAS - Valencia - 01/11/2009
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, criticó ayer que la sanidad valenciana está "hipotecada" con un total de 7.809,9 millones de euros comprometidos con cargo a ejercicios posteriores, además de "mal gestionada", lo que conlleva una "deriva sin control" del pago de intereses de demora en sanidad, que pasaron de 2,7 millones en 2005 a 51,9 en 2007. Alarte presentó el informe La sanidad que nos esconden, en el que se analiza la situación de la sanidad valenciana, de la que también lamentó la "escasez de recursos".
En cuanto al presupuesto comprometido, el informe recoge que las anualidades futuras derivadas de los contratos de gestión integral de diversos departamentos de salud y la construcción del nuevo hospital La Fe suponen 639,9 millones en 2008; 469,8 en 2009; 328,5 en 2010; 276,1 en 2011; y 2.225,5 en años posteriores.
También criticó que el gasto farmacéutico "ha estallado" y "pone en evidencia la mala gestión" del Consell, puesto que supone el 28% del presupuesto sanitario de 2008 (siete puntos por encima que la media estatal). Alarte acusó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "mentir y no tener entre sus prioridades la sanidad como un derecho básico y esencial".
Mundo 2009-11-01
Alarte asegura que la sanidad valenciana está 'hipotecada' con 7.809 millones de euros
Presenta un informe en el que se analiza el estado de la sanidad pública
Los intereses de demora pasaron de 2,7 millones en 2005 a 51,9 en 2007
Europa Press | Valencia
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, criticó este sábado que la sanidad valenciana está "hipotecada" con un total de 7.809,9 millones de euros comprometidos con cargo a ejercicios posteriores, además de "mal gestionada", lo que conllevó una "deriva sin control" del pago de intereses de demora en sanidad, que pasaron de 2,7 millones en 2005 a 51,9 en 2007.
Alarte hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que ofreció para presentar el informe elaborado por el PSPV 'La sanidad que nos esconden', en el que se analiza la situación de la sanidad valenciana, de la que también lamentó la "escasez de recursos".
En cuanto al presupuesto comprometido, el informe recoge que las anualidades futuras derivadas de los contratos de gestión integral de diversos departamentos de salud y la construcción del nuevo hospital La Fe suponen 639,9 millones en 2008; 469,8 en 2009; 328,5 en 2010; 276,1 en 2011; y 2.225,5 en años posteriores.
A estas cantidades, se suman los contratos de concesiones para la asistencia sanitaria del área de salud de Manises, por 1.055,1 millones y de Elx-Crevillent por 974,8; además de las obligaciones no reconocidas del decreto de 20 de abril de 2007 (847,4 millones) y del 13 de junio de 2008 a pagar hasta 2015 (992,8 millones).
Gasto farmacéutico
Alarte también criticó que el gasto farmacéutico "ha estallado" y "pone en evidencia la mala gestión" del Gobierno autonómico, puesto que supone el 28% del presupuesto sanitario de 2008 (siete puntos por encima que la media estatal). Esta cifra supone 319 euros al año por ciudadano, mientras que la media nacional es de 270 euros.
Además, resaltó que durante los años de gobierno de Francisco Camps, se ha dedicado a sanidad un 13,5% menos que la media del resto de autonomías (en términos absolutos son 4.274 millones menos en siete años) y se ha invertido 223 millones de euros menos de lo presupuestado en infraestructuras y tecnología.
Por ello, acusó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "mentir y no tener entre sus prioridades la sanidad como un derecho básico y esencial".
En esta línea, lamentó que la ratio médico por habitante en la Comunitat Valenciana es de un facultativo por cada 1.903 habitantes, (sólo por delante de Baleares -2.112- y Canarias -1.969-), mientras que en Galicia hay un médico por cada 1.465 habitantes; en Castilla y León uno por cada 1.476 y en Madrid uno por cada 1.701; por lo que consideró a Camps "el responsable de tener el peor dato de entre los peores de todas las comunidades gobernadas por el PP".
Igualmente, Alarte apuntó que "el número de camas del sistema sanitario público por 1.000 habitantes ha bajado de 2,20 en 1.997 a 1,88 en 2007 y apuntó que la Comunitat Valenciana, en 10 años, sólo se han construido 50 centros de Salud, que han pasado de 202 a 252 y en la provincia de Castellón ninguno.
Salud mental
Respecto a la situación de servicios de salud mental, afirmó que el "panorama en la Comunitat no podría ser más desalentador, puesto que son necesarias más de 16.000 plazas en centros de día, viviendas tuteladas y residenciales mixtas para este colectivo, y sólo se ofertan 2.200, que implica que haya "10 años de espera".
Por otro lado, criticó que la sanidad valenciana "va camino de la privatización total", con cinco departamentos que atienden a más de 872.000 personas con este sistema, un modelo que no comparte el PSPV por considerar que "no es más eficiente y no sirve para mejorar el derecho a una sanidad pública de calidad". Así, defendió "mayor control ciudadano y transparencia en la gestión de las actuales concesiones administrativas".
Hospital infantil en La Fe
En otro orden de cosas, el secretario general del PSPV exigió que el nuevo hospital La Fe "se acabe ya, que se cumplan los plazos previstos y que se incorpore un hospital infantil" que quieren "ver" y no "que se diga que está integrado".
En este sentido, explicó que "la especialización médica es un elemento de calidad al que no vamos a renunciar" y comentó que la medicina infantil genera otro tipo de especialidades y necesidades, como la educación pública en el centro o una mayor presencia de familiares.
Levante 2009-11-01
El colapso de la sanidad pública
El Consell aplaza hasta el año 2015 el pago de miles de millones de euros del sistema de salud Expertos auguran que, si no se varía la política, los usuarios tendrán que pagar para ser atendidos
S. S. VALENCIA
Las 579 sentencias que, como ha revelado Levante-EMV, condenan a la Conselleria de Sanidad a pagar 413 millones de euros en facturas pendientes e intereses por suministro de material, son sólo la punta del iceberg, el primer síntoma de que el sistema público de salud valenciano está al borde del colapso.
Así se expresa Gregorio Martín, catedrático de Informática y Computación de la Universitat de València, quien, basándose en los datos de la propia Generalitat, no duda en asegurar que la sanidad valenciana "es insostenible" y que, antes o después, obligará a adoptar "grandes decisiones", entre las que no descarta la aplicación del ecopago, es decir, que los usuarios asuman una parte del enorme déficit que la gestión del PP ha acumulado.
En declaraciones a este periódico, Martín señala que la táctica del Consell del PP ha sido postergar a futuros ejercicios económicos los gastos de la atención sanitaria. Así, en el presupuesto de 2007 se relegó para años venideros el pago de casi cuatro mil millones de euros. Peor fue en 2008, cuando se produjo un "salto espectacular" que obligará a los futuros gobiernos de la Generalitat a tener que asumir pagos por valor de más de seis mil quinientos millones de euros. Esa monumental factura comprometerá los presupuestos del Consell al menos hasta 2015, pero Martín destaca que durante todos esos años "se va a tener que seguir atendiendo a las personas en el sistema de salud", algo que, en su opinión, hace que el sistema sea "insostenible".
Para el catedrático de la universidad, "tanto el Gobierno de la Generalitat como la oposición y la sociedad civil tienen que reunirse con la máxima urgencia" para "definir la dimensión del crack económico de la Comunitat Valenciana" y "hablar con claridad" sobre la situación de la sanidad pública.
Gregorio Martín argumenta que no es válida la habitual excusa del PP, que atribuye al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas el déficit sanitario valenciano. "Es posible que el Estado deba aportar más recursos, pero, pese a eso, es el Consell el que decide el destino del dinero que recibe y recauda", y por eso considera "fundamental" que se produzcan "cambios radicales en las prioridades de la Generalitat". "Las fuerzas políticas deben superar la gran mentira colectiva en que está sumida la financiación de la sanidad pública y negociar un acuerdo a nivel de País Valenciano, como los famosos Pactos de la Moncloa de la transición, que garantice el funcionamiento actual y futuro del sistema de salud".
Gregorio Martín reveló que, a raíz del buen rollo que se ha generado entre los responsables autonómicos y del Gobierno de España para abordar la crisis de la gripe A, técnicos del Ministerio de Sanidad han planteado abordar el enorme déficit de algunas comunidades en esta materia, como la valenciana, ante el riesgo de que deriven en un colapso financiero de consecuencias imprevisibles.
Alarte habla de la hipoteca del sistema y el PP le reprocha que no conozca la sanidad
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, señaló ayer que la sanidad valenciana "está hipotecada" con 7.809 millones de euros que el PP ha comprometido con cargo a ejercicios posteriores, lo que supone una "deriva sin control del pago de intereses de demora en sanidad, que pasaron de 2,7 millones en 2005 a 51,9 en 2007".
Alarte, que presentó el informe titulado "La sanidad que nos esconden", denunció que la mala gestión del PP obligó a comprometer 639 millones de euros en el presupuesto de 2008; 496 en el de 2009; 328 en 2010; 276 en 2011 y 2.225 millones de euros en años posteriores.
Además, el líder de los socialistas indicó que el Consell de Francisco Camps ha dedicado a sanidad un 13,5% menos que la media de las autonomías, y acusó al presidente de "mentir y no tener entre sus prioridades la sanidad como un derecho básico y esencial".
El PP, a través de la diputada Esther Franco, respondió indicando que Alarte "conoce poco la sanidad valenciana, ya que sufre la indiferencia del Gobierno central", al tiempo que indicaba que los presupuestos de 2009 "dedicaron el 40% de sus recursos a mejorar la sanidad valenciana", de la que dijo que es un "referente". s. s.valencia
Levante 2009-11-02
Radiografía de la generación Y
La generación de jóvenes nacidos en los años ochenta, un colectivo de 530.000 personas en la Comunitat Valenciana, ha tenido acceso al mayor grado de bienestar de tecnología de la historia, pero, en el otro lado de la balanza, figura su inmadurez y no puede admitir nunca un no como respuesta
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
Caprichosos, sobreprotegidos, muy exigentes y poco tolerantes a la frustración. Así son los jóvenes de la Generación Y, la de los nacidos en la década de los ochenta, en pleno auge expansivo de la economía mundial.
Su mayor valor, que fue el de ser unos bebés enormemente deseados, se ha convertido en su peor aliado, ya que ese extremado celo y cuidado paterno que coloquialmente se traduce en la popular y gráfica expresión: "Que no les falte de nada", ha creado unos seres emocionalmente inmaduros e incapaces de admitir un no como respuesta. Así es como los define el psiquiatra Pedro Ruiz Lázaro en su estudio sobre este amplio colectivo del que forman parte 530.000 jóvenes de la Comunitat valenciana y de 5.350.691 de toda España.
Es la generación de los ordenadores, la que vive más pendiente de internet que de lo que le sucede a sus hermanos o a sus padres, la generación de los teléfonos móviles, de los sms y la que a diario necesita conectarse con el messenger y el twenty -que son sus principales redes sociales- y son capaces de simultanear múltiples conversaciones a la vez. Las nuevas tecnologías para ellos son el aceite y la sal.
Mientras la Generación X, de los mileuristas y de los JASP (jóvenes aunque sobradamente preparados), de la apatía vital y la pérdida de valores, se ha convertido en la Generación H por sus obligaciones hipotecarias a 35 y 40 años, los de la Generación Y ni siquiera se plantean indagar lo que significa el concepto de emancipación porque en el nido paterno lo tienen todo: seguridad, dinero y libertad para llegar a la hora que quieren, para tener sexo con sus novios o novias...
En el XIII congreso nacional de psiquiatría que se celebró en Madrid, el doctor Ruiz Lázaro expuso que los chicos de esta generación dan mucha importancia a la imagen corporal por la cantidad de información que reciben a través de todos los medios que a diario manejan, sin embargo esto tiene una sombra, ya que son más susceptibles a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea bulimia o anorexia. De hecho su canon de belleza se sostiene sobre tres pilares: la delgadez, la naturalidad y la infantilización.
El especialista agregó que a los jóvenes de esta generación les cuesta mucho aceptar las críticas y que su nula tolerancia para la frustración les ocasiona trastornos de conducta, ya que tienen más discusiones y más conflictos en sus relaciones personales que la generación anterior.
Al no saber encajar un "no", sus reacciones emocionales son casi siempre inadecuadas. La situación puede llegar al límite cuando se produce un revés amoroso, ya que es un terreno en el que no saben cómo actuar. De hecho, algunos de ellos adoptan el papel de víctimas y amenazan con tomarse pastillas o hacer cualquier tipo de desmán para conseguir sus propósitos.
"Intelectualmente están más preparados pero emocionalmente son más inmaduros", refiere el experto, que indica que los jóvenes de esta generación son los que han empezado a protagonizar episodios de maltrato a los padres, precisamente por esa intolerancia a no saber encajar una negativa.
De hecho, no son casos esporádicos ni aislados y las fiscalías han comenzado a tomar cartas en el asunto, ya que un 10% de los menores internados en los seis centros de reeducación de la Comunitat Valenciana había infligido algún tipo de daño físico a sus progenitores. En el primer semestre de 2008 se contabilizaron 89 agresiones.
Para compensar esa intolerancia a la frustración que no saben ni digerir ni integrar, el psiquiatra recomienda a las familias que pongan límites y rechacen sus peticiones. Que aprendan a escuchar un no, que sepan que los padres no son duendes Aladinos, capaces de proporcionarles todos sus caprichos. "Si en la infancia no te frustras, la vida va a ser mucho más dura", agrega el psiquiatra.
Ruiz Lázaro afirma que la filosofía del botellón que practican es un buen retrato de los valores de esta generación. "Mantienen la exigencia social de que no les coartes su libertad, ni les prohíbas espacios, ni reprimas su expresión, ni les pongas horarios porque todo eso les coacciona, les inhibe, les reprime pero no piensan que hacen ruido y pueden molestar, que hay otros que duermen y que hay que respetarlos y que no se puede romper ni destrozar el mobiliario urbano", destaca Pedro Ruiz.
El experto apunta también que los jóvenes de la Generación Y son muy exigentes y aunque están preparados y dispuestos a alcanzar el éxito profesional, en el plano humano tienen muchas lagunas.
La Generación Y es la de los festivales y los conciertos en directo. Son los enemigos número uno de la Sociedad General de Autores porque sólo están dispuestos a pagar por la música en directo. "La piratería para ellos no es ningún delito, están acostumbrado a bajarse música y películas de internet y para ellos todo, salvo el directo, tiene que ser gratis", añade Ruiz Lázaro.
El especialista aconseja a los padres que trabajen a favor de la autonomía de sus hijos, que les protejan menos, que no les resuelvan todas las situaciones incómodas o comprometidas para ayudarles a madurar y que acepten que la frustración forma parte de las experiencias vitales, un color de la existencia humana que no hay que perderse para crecer.
Público 2009-11-04
Una definición homófoba fuerza a Güemes a pedir disculpas
El consejero de Sanidad madrileño retira su proyecto de 'Diccionario Progresí'
PÚBLICO - MADRID - 03/11/2009 22:00
"Homosexual con estudios que, haciendo uso de sus conocimientos, consigue prebendas políticas y subvenciones del erario público". Así se define la palabra gay en el Diccionario Progresí, un proyecto ideado y coordinado en Internet por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y secretario de Comunicación del Partido Popular regional, Juan José Güemes.
La definición ha indignado a los colectivos homosexuales y ha obligado al político conservador a borrar de su bitácora el listado completo del diccionario, que se elaboraba con aportaciones tanto de Güemes como de otros internautas.
Precisamente, el consejero se ha excusado con el argumento de que no todas las definiciones del glosario son suyas, a pesar de que figuraban en el blog que Güemes tiene alojado en la página web oficial del Partido Popular madrileño.
"Desconocimiento"
"Debo disculparme por mi desconocimiento sobre algo que se publicaba a través de mi blog, pero quiero aclarar que yo nunca las he escrito y, por supuesto, no las apruebo ni las comparto", asegura Güemes en la última entrada de su bitácora.
"En este diccionario han ido escribiendo ciudadanos anónimos que han arrojado algunas definiciones que, tengan por seguro, si hubiera conocido, habría eliminado por completo", agrega. Güemes ha decidido suprimir de su blog el diccionario hasta que "sean eliminadas algunas de esas descripciones retrógradas e insultantes".
El glosario del consejero del PP
Aborto. Interrupción voluntaria del embarazo por egoísmo o falta de opciones de una niña o mujer. Dícese también del derecho que les otorgan los socialistos a las mujeres para asesinar a un ser vivo y humano a cambio de votos.
CiudadANO. Persona que se conforma con que los socialistas se perpetúen en el poder aunque hagan las mayores barbaridades.
Trágico accidente mortal. Dícese de un atentado terrorista con muertos, siempre que el asesino sea etarra.
Levante 2009-11-04
Albiol denuncia que el Consell retrasa a 2012 la construcción del hospital de la Vall
E. MORENO LA VALL D'UIXÓ
La diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciado que los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2010 han vuelto a retrasar la construcción del hospital de la Vall d'Uixó hasta 2012, ya que señala que para el año que viene "sólo hay presupuestados 400.000 euros de los 18 millones que se estima como coste total". Para la diputada de EU, "es más que evidente que con este dinero no se puede empezar a construir", aunque afirma que es "normal porque no tienen el terreno, ni el proyecto, ni nada de nada".
Marina Albiol ha acusado al conseller de Sanitat, Manuel Cervera, de "engañar año tras año a los vecinos de la Vall con la construcción del hospital". Albiol ha recordado que el hospital de la Vall apareció por primera vez en los presupuestos de la Generalitat Valenciana en el año 2006 con la intención de que estuviera en funcionamiento para el año 2008. "Desde entonces se ha ido presupuestando todos los años, y retrasando su construcción".
Ahora, en los presupuestos que el Consell acaba de hacer públicos para 2010, el hospital de la Vall vuelve a estar presupuestado, retrasando la fecha de su puesta en marcha hasta el año 2012, "cuando hace dos años que tendría que estar funcionando". La diputada de EU ha criticado duramente la actitud del PP con este hospital, tanto por parte del Consell como por parte del ayuntamiento, "que aún no ha cedido los terrenos".
Levante 2009-11-05
¿Por qué sanidad no paga las facturas?
Gregorio Martín, Catedrático de Computación de la Universitat de València
Nota previa: Antes y después del acuerdo de financiación autonómica, no es el Gobierno del Estado quien decide lo que gastará en Sanidad, sino que es cada gobierno autónomo el que decide gastar dentro de todas sus decisiones de gasto público y de servicios transferidos que administra. Perogrullo, el dinero que hay es el que hay y no el que se quisiera. Las contabilidades virtuales no generan riqueza alguna.
Demasiado tiempo dedicado a debatir si la gestión de los nuevos hospitales que demandaba el crecimiento poblacional de la Comunitat Valenciana debía ser pública o privada, cuando el problema desgraciadamente es mucho mas primario: ¿Han existido los crecimientos presupuestarios suficientes para hacer frente al funcionamiento de nuevos hospitales, a la factura farmacéutica y a los convenios con empresas radiológicas?. La respuesta es inequívoca: ¡No!. Consecuencia: son muchos quienes han dejado y dejarán de cobrar los materiales o servicios que han proporcionado al Sistema Valenciano de Salud.
La razón «técnica» del impago de facturas reside en que los servicios que prestan los nuevos hospitales de gestión privada se pagan con cargo al Capitulo 2 (Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento) cuyo montante no ha aumentado (1.601 millones de euros en 2008, 1640 en 2009) para hacer frente a estas nuevos gastos. Por tanto o se pagan las facturas que llegan a los hospitales de siempre (que como sabemos no se han reducido, pues son y eran necesarios) o se hace frente a las atenciones confiadas a la gestión privada. Simplemente se han puesto en servicio nuevos hospitales que acarrean facturas que se supone se van a pagar con el dinero asignado al Capitulo 2, que permanece inalterable. En consecuencia hay que derivar a otras anualidades servicios asistenciales que recibimos en la actualidad.
La Sindicatura de Cuentas tardará todavía unos días en presentar su informe sobre la liquidación del 2008, sin embargo algunos datos se pueden dar a partir de la evolución del apartado de «Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores» relacionados con la Conselleria de Sanidad (entre paréntesis el total de la Generalitat Valenciana expresados ambos en millones de Euros):
2004……….. 2.497 (16.164)
2005……….. 3.608 (19.615)
2006……….. 3.840 (20.184)
2007……….. 3.939 (20.986)
En 2008 la cifra de Sanidad se incrementará en más de 2.000 millones, y no bajará de los 6.200. Entre las razones de ello, está lo indicado por la Sindicatura en el informe del 2007: «Se ha comprobado que no están incluidas las anualidades futuras de los contratos de concesión para la asistencia sanitaria de las áreas de salud de Manises, 1.055,1 millones de euros, y Elche-Crevillente, 974,8 millones de euros, ni tampoco los compromisos derivados de los acuerdos del Consell de 20 de abril de 2007 y 15 de febrero de 2008, por importe de 847,4 millones de euros, cuya imputación presupuestaria se producirá en los ejercicios 2008 a 2015».
He empezado esta relación en 2004 por ser el primer año con la referencia a la concesión de áreas de salud, concretamente las de La Ribera y Torrevieja. En todos los años, Sanidad es el segundo epigrafe con mayor volumen de gasto comprometidos, obviamente, tras «Servicio de la deuda», que él solo en 2007 fue de 13.642 millones, desglosados en 6.543,9 en concepto de intereses no devengados y 7.097,7 millones de euros de amortizaciones futuras. Así se distribuyen, por ahora, los 6.251 millones de compromisos de gastos de 2008, procedentes de Sanidad, a ejercicios posteriores:
2009: 829 (719 a Capítulo 2).
2010: 605 (530 a Capítulo 2).
2011: 481(todos a Capítulo 2).
2012: 470 (todos a Capítulo 2).
Años posteriores: 3.867 (todos a Capítulo 2).
Parte de los servicios sanitarios que recibimos en el 2008 se piensan pagar en años posteriores, cuando indiscutiblemente seguiremos enfermando. Esto no es una inversión que se hace en pocos años y se paga, tras finalizarla, en un periodo mas largo. Consciente de la injustica que toda generalización conlleva, los elegidos para gestionar la CV no han estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, sólo ellos tienen legitimidad para reunirse con la oposición y la sociedad civil con la máxima urgencia, para definir la dimensión del crack económico que como Comunidad vivimos, dentro del propio del Estado español y hablar con claridad a los ciudadanos sobre la actual situación económica de nuestra sanidad. El impago de las facturas es la punta de un iceberg que va a definir las condiciones en la que se tratarán nuestras enfermedades y en la forma como moriremos.
Provincias 2009-11-05
Cervera afirma que el hospital de Dénia es un modelo a seguir en España
El conseller de Sanidad presenta en sociedad al nuevo gerente del Departamento 13, Ángel Giménez
JAVIER CARCELLER | DÉNIA
Fidel Campoy deja el cargo en manos de «un gerente ideal» por su experiencia
«Este hospital es una referencia del modelo valenciano sanitario que ya se quiere imitar en otras autonomías y otros países».
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, resumió ayer con esta frase lo que ha supuesto la puesta en marcha del nuevo hospital de Dénia, que ayer cumplió un año de funcionamiento, con el nombramiento del nuevo gerente, el doctor Angel Giménez, quien sustituye a Fidel Campoy, que pasa a ocupar el cargo de Consejero Delegado de Marina Salud, empresa concesionaria de la gestión administrativa del Departamento 13 de la Marina Alta y del hospital.
Giménez releva en el cargo a Fidel Campoy, quien en lenguaje popular se ha tragado «todos los sapos» de la puesta en funcionamiento del centro y de la gestión del departamento.
Atacado por todos los partidos de izquierda y por los sindicatos, Fidel Campoy ha mantenido «con ilusión» las líneas marcadas por Marina Salud hasta conseguir lo que parecía imposible, levantar un nuevo hospital y absorber, practicamente fagocitar, al viejo hospital de La Pedrera, sin perjuicio para los usuarios y profesionales, «un caso único en España», según comentó.
Y es que muchos profesionales declinaron integrarse en el nuevo modelo de gestión del hospital, pero según el conseller Manuel Cervera, «el balance es positivo porque han entrado más profesionales de los que se han ido y nosotros mantenemos nuestro compromiso con los profesionales para mejorar sus condiciones laborales, sociales y competitivas, aunque siempre aprendemos de las críticas para mejorar la calidad de vida de ciudadanos y profesionales, que son en última instancia los pilares de nuestro trabajo».
Cervera reconoció que Fidel Campoy «ha lidiado con la más fea», palabras que el ex gerente definió previamente como «una época dura» por la puesta en marcha del hospital y de atraer a profesionales «con contratos ligados practicamente a compromisos emocionales, dada la envergadura del proyecto». Tras las flores que se lanzaron mutuamente los responsables del Departamento 13, el nuevo gerente, Angel Giménez, agradeció la confianza depositada por la conselleria y por el presidente de Marina Salud, Josep Santacreu en su persona.
El conseller remató las intervenciones para afirmar que «tu fichaje es un valor seguro» que dará satisfacciones a los usuarios de la sanidad en la Marina Alta.
ÁNGEL GIMÉNEZ, Currículum: Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, director del Hospital Clínico Universitario de Valencia (1991-1998) y desde 1999 director del Hospital La Ribera de Alzira. Comenzó su carrera en 1982 en Denia.
Provincias 2009-11-09
Los vecinos de Mislata exigen a Sanidad abrir el Hospital Militar
JUAN MIQUEL | MISLATA
La Coordinadora Vecinal de Mislata se ha reunido con la Conselleria de Sanidad para exigir la apertura del Hospital Militar, que solamente mantiene abiertas las dependencias del centro de especialidades y urgencias. En la reunión, los vecinos pusieron encima de la mesa un escrito con nueve puntos, entre los que solicitan, por ejemplo, una serie de servicios centrales, una unidad de fisioterapia y rehabilitación o un hospital de parapléjicos a nivel estatal.
El alcalde, Manuel Corredera, mantuvo un encuentro ayer con los representantes de la coordinadora, que le transmitieron sus reivindicaciones. «Son prácticamente las mismas por las que siempre hemos luchado y desde este momento las hago mías para defenderlas ante la Conselleria de Sanidad y donde haga falta».
Tras la cesión del centro por el Ministerio de Defensa a la Conselleria de Sanidad no ha habido un uso como hospital. Los vecinos se han manifestado en varias ocasiones para que los pabellones se abran y tengan un uso hospitalario.
Provincias 2009-11-09
Sanidad maquilla las listas de espera quirúrgicas para reducir las demoras a la mitad
LAURA GARCÉS | VALENCIA
Juan A. es un joven que conoce de cerca el problema de las listas de espera para operarse en un centro sanitario de la Comunitat. Se fracturó una rodilla y, además de las molestias que la dolencia le ocasionó, tuvo que soportar una espera de seis meses hasta que entró en el quirófano. Le ofrecieron «el plan de choque, operarme en un centro privado. Me dijeron que así me intervendrían en un plazo de tres a seis meses. Al final fueron seis. En el límite».
La experiencia de este paciente contrasta con las cifras que facilita la Conselleria de Sanidad al asegurar que la espera media para ser intervenido es de 46 días, según datos de mayo de este año. Pese a que el departamento autonómico cifra en mes y medio la demora media, varios miles de personas de la Comunitat pueden encontrarse en la misma o semejante situación que Juan A.
De hecho, los datos que facilita la Conselleria incluyen a 25.256 pacientes en espera de 0 a 90 días, pero hay 2.535 que llevan entre tres y seis meses pendientes de una llamada del hospital. Además, cerca de un millar soportan una demora de seis meses a un año.
El resultado medio que facilita la Administración es rebatido por el sindicato médico CESM, mayoritario entre los facultativos. Sus datos apuntan a periodos de tiempo más largos.
Ricardo Llevata, secretario de comunicación de la formación sindical, llega a sugerir que la Administración maquilla los resultados, ya que si «le sale esa cifra es porque utiliza las medidas para que le salga».
El representante sindical sostiene que la «demora media supone como mínimo el doble del tiempo del que dice la Conselleria». Según este cálculo, el periodo de espera es al menos de tres meses, pero Llevata afirma que la demora «real es de seis meses».
Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, asegura que no «se dan datos fidedignos de listas de espera». Añade que este es un problema general, si bien apunta que la Comunitat «es la que menos invierte en Sanidad. Faltan camas y faltan profesionales». En su opinión todo responde a una situación de «cobardía política».
Masificación
También la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, a través de un manifiesto publicado en su web, llama la atención sobre las demoras. Asegura que la «falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y las listas de espera para intervenciones, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas».
El registro de pacientes pendientes de entrar en el quirófano marca diferencias según la patología que cada uno sufra. Si se trata de una intervención de cadera, Sanidad cifra la demora media en 64 días, mientras que para intervenir unas cataratas habrá que esperar 34 días.
En el caso de que el paciente requiera una artroscopia será necesario formar parte de la lista 48 días y si lo que necesita es una intervención de próstata, mes y medio, concretamente 44 días.
Sin embargo el sindicato CESM insiste en que cuando no se trata de casos graves «pueden encontrarse esperas de hasta dos años».
Entre las áreas médicas más afectadas cita dermatología, traumatología o ginecología. «Un paciente puede pasar mucho tiempo pendiente de que le pongan una prótesis».
¿Qué determina la diferencia de resultados que facilitan unos y otros? Según la explicación de CESM, Sanidad incluye en la lista a los pacientes cuando ya les han realizado todas las pruebas necesarias para una operación.
De esta manera, no se considera el tiempo que un ciudadano está pendiente de la realización de los distintos exámenes diagnósticos e incluso de anestesia, algo que puede comportar «varios meses». En este punto Llevata insiste en que todo «el proceso previo lo obvian y no incluyen al paciente en la lista hasta que no se tienen todos los estudios».
Carmen Flores abunda en esta circunstancia: «Desde que el ciudadano visita al médico de cabecera hasta que llega a la lista quirúrgica pasa mucho tiempo. Pueden transcurrir meses desde la realización de una prueba diagnóstica hasta que los especialistas ven el resultado».
Respuestas
Ante estas críticas, la Conselleria de Sanidad no se queda callada. El departamento autonómico no niega que los pacientes no se incluyan en lista de espera hasta que les han realizado todos los exámenes médicos, pero explica que ello es así porque «antes no se sabe si es operable o no».
Además, la administración apoya su modo de proceder en directrices del Ministerio de Sanidad, que establece «unas normas para valorar las listas de espera. La Comunitat Valenciana las cumple porque de lo contrario no se admitirían sus datos para el registro de pacientes».
Hay una segunda razón que lleva al sindicato a cuestionar los datos que facilita Sanidad: el plan de choque, programa que consiste en desviar a la sanidad privada pacientes en espera para desengrosar la lista. «La mayoría de los ciudadanos a quienes se les ofrece esta posibilidad optan por seguir en la sanidad pública y entonces se les saca de la lista de espera».
La Conselleria no niega que a los pacientes que se les ofrece la posibilidad de operarse en una clínica privada y no lo aceptan se les excluye de la lista de espera, «sólo para contabilizarlos, no significa que no se les vaya a operar».
En contra de lo que sostiene el sindicato, Sanidad asegura que la mayoría de los ciudadanos se deciden por la alternativa del centro privado.
Este procedimiento comienza con el ofrecimiento al usuario del servicio de «operarle con los recursos públicos en un periodo de seis meses y si se decide por la privada en un plazo máximo de tres meses».
Si el paciente dice que no al plan de choque, «entonces no se pone en la lista. En espera está, pero no se contabiliza».
El largo calvario de las especialidades
Desde que el ciudadano acude a primaria hasta que llega al especialista pasa demasiado tiempo
08.11.09 -
L. GARCÉS | VALENCIA
Los usuarios de la sanidad pública no sólo se lamentan del tiempo que han de esperar para someterse a una operación. La demora en las consultas con el especialista también forma parte de las quejas de los ciudadanos.
En este apartado de la actividad sanitaria, la Conselleria no dispone de un registro. «A partir del año que viene ya estará», apuntan desde el departamento del Consell. Es un anuncio que el conseller Manuel Cervera ha realizado esta misma semana.
El secretario de comunicación del sindicato médico CESM, Ricardo Llevata, tiene claro que esta situación responde a la existencia de «un cuello de botella en atención primaria» dada la masificación. Todo ello lleva a que «pase demasiado tiempo desde que un ciudadano acude a la visita con el médico de cabecera hasta que llega a la consulta de atención especializada».
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SALUD MENTAL
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Plataforma per a la Defensa i Millora dels Serveis de Salut Mental d’Alacant
Sobre el cas de maltractament físic a Fontcalent
Nota de premsa en relació amb les notícies aparegudes al diari Información d’Alacant els dies 26 i 27 d’octubre sobre maltractaments físics a un intern de l’Hospital Psiquiàtric Penitenciari
La Plataforma vol denunciar les declaracions del director del centre del dia 27 davant uns fets reconeguts de maltractament, la situació de massificació de l’hospital psiquiàtric penitenciari i l’absència d’una quantitat bàsica de personal sanitari.
En declaracions al periòdic Información el director del centre, enlloc d’iniciar una investigación, el que va fer és justificar la pallissa de l’intern en manifestar que el malalt “havia protagonizado varios incidentes” i que es mostrava “agresiu amb els funcionaris” i traslladar la persona agredida a un altre centre penitenciari sense avisar la seua família. En cap cas es pot justificar una agresió.
La plataforma ha denunciat repetidament la situació d’inseguretat i manca d’atenció dels interns tant a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias com al Defensor del Pueblo.
És evident que tant la dotació insuficient de personal sanitari, com la massificació (la població s’ha quasi duplicat en aquests darrers 10 anys, de 220 a 382 persones), un funcionament del centre no sanitari així com la seua situació d’aïllament afavoreixen situacions de maltractament.
La Plataforma exigeix:
• L’augment de professionals sanitaris, especialment personal d’infermeria, psicòlegs i monitors.
• Una investigació externa i immediata sobre les condicions del centre i la capacitat de gestió del seu equip directiu és imprescindible.
• La instauració de procediments de control del funcionament del centre per part dels afectats, familiars i malalts.
• El cessament del director per part d’Instituciones Penitenciarias
• El tancament d’aquest centre i el traspàs de les seues competències a cadascuna de les comunitats autònomes. Per a iniciar aquest traspàs, la Conselleria de Sanitat del País Valencià ha de proposar l’inici del procés de traspàs de competencies.

Información 2009-10-27
Una pareja denuncia palizas a su hijo en el psiquiátrico penitenciario
El matrimonio acusa a los funcionarios de golpear con palos al chico, que sufre esquizofrenia y trastorno bipolar, y lleva el caso al Defensor del Pueblo
LOURDES S. VILLACASTÍN
Una familia de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y la Justicia el trato "inhumano" que ha recibido su hijo, de 22 años y enfermo de esquizofrenia y trastorno bipolar, en el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, donde cumple condena. "Fue duro, durísimo, saber que mi hijo era esquizofrénico y que tenía un trastorno bipolar, pero no vamos a permitir que le traten como a un perro". Juan Hernández y Fátima del Carmen Santana, padres de Rubén, el joven internado, interpusieron la denuncia el 5 octubre después de que su hijo les llamase por teléfono "con voz desesperada diciéndonos que en el psiquiátrico le iban a matar".
Los padres se desplazaron a Alicante y cuando lograron ver a Rubén en un vis a vis se encontraron con que tenía "contusiones, desgarros, hematomas en espalda, cadera, muslos y glúteos". Sus padres aseguran que el joven no se pudo infligir los golpes porque tiene moratones hasta en las "nalgas". E indican que en algunos se ve perfectamente la forma de un palo.
Agresiones. Según consta en la denuncia, el joven fue pegado con "palos" mientras tenía la cabeza tapada con una "manta". Después, le "arrastraron por el pasillo hasta una celda de inmovilización". Los padres relatan que los responsables del centro les explicaron que "quizá" los funcionarios se habían "excedido" con el joven. "Nos pidieron disculpas y nos dijeron que tomarían medidas", añade. Pero los hematomas y la versión de Rubén, que según los padres "nunca ha mentido" porque no es consciente del "daño" que causa, les impulsó a denunciar el caso en el juzgado de guardia de Alicante y ante el Defensor del Pueblo.
Este diario trató de ponerse en contacto ayer con el director del Psiquiátrico para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.
Información 2009-10-27
El director del Psiquiátrico asegura que el interno que denuncia palizas fue reducido a la fuerza por agresivo
P. C. El director gerente del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent manifestó ayer a este diario que el interno cuyos padres han denunciado que sufre palizas en el centro es un paciente que ya ha protagonizado varios incidentes en el departamento de Agudos. El más grave, indicó el director, ocurrió el pasado 23 de septiembre cuando rompió una ventana e intentó agredir al personal con los cristales, por lo que tuvo que ser reducido empleando la fuerza al mostrarse muy agresivo con los funcionarios. Después de este altercado volvió a provocar otro incidente y se le aplicó inmovilización terapéutica y aislamiento.
Los padres del interno, que residen en Las Palmas de Gran Canaria, han denunciado las agresiones en el juzgado y en el Defensor del Pueblo después de que su hijo les llamara por teléfono y les dijera que "en el psiquiátrico le iban a matar". Tras pasar la familia por el centro y presentar una queja el Psiquiátrico comunicó lo sucedido al juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Los sindicatos del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent denunciaron por su parte que la falta de asistencia psiquiátrica a los internos es la que está provocando coninuos brotes de agresividad en internos que no son vistos periódicamente por especialistas. Un portavoz de los sindicatos recordó que cuando estuvo el pasado año el responsable de Sanidad de Instituciones Penitenciarias "ya le dijimos que no estábamos dispuestos a solucionar la falta de asistencia médica con soluciones traumáticas".
Los sindicatos, que desde marzo no tienen contacto alguno con el director y han pedido sin éxito su cese en reiteradas ocasiones, solicitaron hace un mes una reunión con la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y aún no han recibido respuesta.
Según los sindicatos, Gallizo se comprometió durante su visita a Alicante a apostar por un modelo hospitalario y no carcelario y no se está cumpliendo.
En el departamento de Agudos, donde se registraron los incidentes con el denunciante, no existe ninguna celda acolchada, lo que, según los sindicatos, evitaría destrozos por parte de los pacientes más agresivos.
Información 2009-10-27
Trabajadores del psiquiátrico de Alicante piden el cese del director
Representantes de seis sindicatos se han concentrado hoy a las puertas de este centro para exigir la destitución de Miguel Martín Casillas, por considerar que ejerce una «gestión defectuosa».
EFE Fuentes sindicales han explicado a Efe que el comité de empresa, la junta de personal y los sindicatos UGT, CCOO, Sindicato Independiente, ACAIP, CSIF y USO formalizaron ayer esta reclamación ante la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y la Subdelegación del Gobierno en Alicante.
El de Alicante es el único centro penitenciario que existe en España, junto al de Sevilla.
Las personas que se han concentrado ante las puertas del centro portaban pancartas con el lema "Nuestro hospital necesita un cambio.
Casillas vete ya". Los concentrados rechazan la forma de dirigir de Martín Casillas ya que creen que en muchas ocasiones invierte el dinero del presupuesto en obras que sirven para "mejorar la imagen" exterior del psiquiátrico y no sus instalaciones. Como ejemplo, han indicado que una de las últimas obras ha consistido en la construcción de una fuente, mientras que las tuberías "están destrozadas". Asimismo, han explicado que, desde hace seis años -cuando Martín Casillas se hizo cargo de la gerencia del centro-, el número de internos ha aumentado más de un 30 por ciento, si bien la plantilla ha disminuido un 25 por ciento. En esta línea, han afirmado que "para manejar a las 400 personas que permanecen internadas en el centro se necesita un plantilla mayor" y han apuntado que la falta de renovación de los puestos de trabajo ha hecho que la media de edad de la plantilla sea de 50 años. "Martín Casillas pretende que el centro sea una cárcel, y olvida su carácter sanitario", han agregado, al explicar que el director-gerente resta "la importancia del tratamiento" de los internos, algo que califican de "reprobable".
Por otra parte, han insistido en que "el que no haya psiquiatras en un psiquiátrico es grave", puesto que sólo hay un especialista en plantilla, mientras otros dos están contratados de manera temporal y otros tantos a tiempo parcial. "Puede haber un brote -de violencia- entre ellos o hacia un trabajador", han temido, al tiempo que han recordado que una auxiliar técnico sanitaria (ATS) fue agredida por un paciente el pasado 7 de enero. En este caso, el agresor fue un interno de los catalogados de especial seguimiento (FIES 1), lo que significa que es uno de los 80 más peligrosos de España.

Preguntada por esta petición, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha informado que tratará de reunirse con los sindicatos para "conocer de primera mano" sus demandas y ha añadido que trasladará su queja, que dieron entrada por Registro, a Instituciones Penitenciarias.
Público 2009-11-02
El suicidio, segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes
España carece de planes de prevención contra los suicidios
L. DEL POZO - BARCELONA - 02/11/2009 08:00
"Si usted está pensando en el suicidio ahora por favor espere y tómese unos minutos para leer esto: yo no sé quién es usted, sólo sé que es alguien que siente un dolor profundo (...). También sé que en este momento está leyendo esto, y eso es bueno". Este texto puede leerse en la web del Programa de Prevención de la Conducta Suicida Sector Dreta Eixample del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, el único programa integral que hay en España para alargar la supervivencia de aquellos que piensan, intentan o quieren acabar con su vida.
Durante 2007 (últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística), se suicidaron en España 3.263 personas, un número ligeramente inferior a los muertos por accidente de carretera, que fueron 3.811. La dimensión del problema es tal que, entre los jóvenes de 15 a 24 años, es la segunda causa de muerte, sólo por detrás de los accidentes de tráfico. La preocupación crece si se tiene en cuenta que, según los expertos, por cada suicidio hay entre 20 y 30 intentos.
Durante 2007, en España se quitaron la vida 3.263 personas
Ante estas cifras, las autoridades sanitarias consideran el suicidio un problema de salud pública de primer orden. De hecho, uno de los objetivos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud es realizar acciones específicas para disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo. Pero la realidad es que en España apenas hay planes y mucho menos integrales. "Se tiene conciencia del problema pero la práctica es otra cosa", afirma el jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Jerónimo Saiz.
El programa de Barcelona es una excepción. La responsable, Carmen Tejedor, explica que el objetivo del proyecto es detectar al mayor número de personas en riesgo de acabar con su vida, y para ello han buscado la complicidad, de "los gatekeepers [porteros]", es decir, esa gente que está en contacto con mucha otra, que es una referencia en el barrio: farmacéuticos, asistentes sociales, curas. "Los herboristas son fantásticos, colaboran mucho con nosotros".
La vergüenza, el pudor o la incomprensión hacen que la gente prefiera ocultar que un miembro de su familia o él mismo ha intentado suicidarse. La autodestrucción, explica Tejedor, continúa viéndose como un acto voluntario, como algo que se elige, no como un acto de desesperación. Por esta razón, la sociedad condena a los suicidas, al mismo tiempo que a menudo culpa a amigos y familiares de la víctima.
Se calcula que por cada suicidio hay entre unos 20 y 30 intentos
Pero a diferencia de lo que se viene haciendo, los médicos advierten de que "nunca hay que negar el suicidio". Al contrario: si alguien habla de él, lo mejor es afrontarlo. Además, aseguran, es importante que los médicos de atención primaria y los gatekeepers conozcan cuáles son los factores de riesgo. En este sentido, el Programa de Intervención Específica para evitar los suicidios en el área de Orense tiene como objetivo prioritario centrarse en la Atención Primaria, aunque el seguimiento no es tan exhaustivo como en el caso barcelonés.
¡Socorro!
Padecer un trastorno mental, haber llevado a cabo un intento de suicidio, tener una enfermedad que obligue a tomar mucha medicación, el aislamiento social o los acontecimientos vitales estresantes son factores que en un momento determinado pueden distorsionar los pensamientos de una persona hasta hacerle creer que la única solución a sus problemas es la muerte. Se calcula que un 95% de las personas que se quitan la vida padecen una enfermedad mental. Pero las experiencias vitales traumáticas también pueden empujar a una persona a querer acabar con la propia vida.
La ola de suicidios que ha estremecido Francia en los últimos meses 25 trabajadores de France Telecom se han suicidado, ha hecho que el país galo se replantee las estrategias que usan los departamentos de recursos humanos con sus empleados. No obstante, como apunta Saiz, nadie se quita la vida sólo por presiones laborales, "hay mecanismos de defensa en las personas [para evitar que esto suceda]", sino que a menudo es una confluencia de varios factores. Aunque lo que sí es seguro es que la mayoría de esos trabajadores emitieron una señal de auxilio en algún momento antes de optar por un acto tan radical.
"No voy a discutir con usted acerca de si debería suicidarse o no (...). Sentirse inseguro ante pensamientos de muerte es normal. De hecho, mientras que usted desea morir, al mismo tiempo es posible que una parte de usted aún quiera vivir (...). Espere antes de tomar una decisión (...). Siempre puede suicidarse más adelante", continúa el texto de la web. Las personas que intentan suicidarse están en una situación crítica y ponen en juego su vida para llamar la atención, "para ver qué pasa", afirma Carmen Tejedor. Aunque a veces esa llamada deviene en algo irreversible. Por eso, son tan importantes los planes de prevención, advierten los expertos.
Tras casi cuatro años de funcionamiento, el Programa de Prevención del Hospital de Sant Pau acaba de publicar sus conclusiones: a los 12 meses de un acto de autolesión, sólo un 10% de los pacientes que han seguido un programa específico reincide, frente al 34% de los que no lo han seguido. Además, sólo un 8% tiene que ser ingresado en un hospital, frente al 20% de los que no han tenido un seguimiento exhaustivo. "El suicidio es a menudo la solución permanente de un problema pasajero", se advierte en la web, "consulte lo más rápidamente posible a un médico".
Levante 2009-11-04
La conselleria rechaza su responsabilidad en el asesinato de un enfermo bajo su tutela
La familia del fallecido reclamó a Bienestar Social porque no le internó en un centro para su protección
R. LAGUNA VALENCIA
La Conselleria de Bienestar Social ha rechazado su responsabilidad en el asesinato de un enfermo de esquizofrenia que tenía bajo su tutela y que, en el momento de su muerte, debía haber estado internado en un centro adecuado. Además, también existía una orden judicial que ordenaba el internamiento del asesino, también esquizofrénico, y que seguía en la calle. Al parecer, la Generalitat llevaba mes y medio gestionando un centro para internar a la víctima.
Un informe del Consell Jurídic Consultiu cierra la vía administrativa y desestima la petición de la familia del fallecido, que pedía una indemnización de 160.000 euros a la Conselleria de Bienestar Social.
Según la reclamación, las hermanas de Salvador M. J., -ambas de avanzada edad- pidieron judicialmente que la Generalitat se hiciera cargo de él. La Administración hizo caso omiso pero el juzgado dictó un auto por el que la Generalitat debía aceptar el cargo de tutor desde su notificación, lo que ocurrió el 3 de julio de 2006.
El 23 de agosto de ese mismo año, Salvador M. J. fue asesinado en Oliva por un mendigo también esquizofrénico, José María F. F.. Éste se encontraba en la calle cuando, desde el 5 de diciembre anterior, había una orden de un juzgado de Valencia que ordenaba su internamiento en un centro de la conselleria por acoso de asesinato a una menor
Los forenses le habían diagnosticado la esquizofrenia, pero el internamiento no llegó a producirse debido a las "circunstancias administrativas de la conselleria que se desconocen", alega la familia.
Según la conselleria, el asesino estaba en la calle porque el juez autorizó el internamiento, no lo ordenó. Y además, señala, "no se ha probado que debía estar internado por la Generalitat en el momento de los hechos". Respecto del tutelado, para su internamiento, "es necesario contar con un centro. Y la Generalitat estaba pendiente de las gestiones para internarlo en un centro de Massamagrell cuando ocurrió el asesinato, responde la conselleria.
Información 2009-11-07
EU denuncia que los funcionarios del psiquiátrico de Fontcalent se han reducido en un 25%
Al mismo tiempo, se ha duplicado el número de internos en los últimos diez años
EFE Esquerra Unida ha denunciado hoy que el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, ha duplicado su número de internos en los últimos diez años, mientras que la dotación de funcionarios se ha reducido en un 25 por ciento desde 2003, han informado fuentes de la coalición de izquierdas. En opinión de EU, estos datos coinciden con el periodo de gestión de la actual dirección, por lo que esta formación política ha pedido el cese del director.
En este mismo sentido, han criticado que, "con estas cifras, Instituciones Penitenciarias concediera recientemente una medalla al mérito penitenciario al director de este centro alicantino. "Se la deberían retirar de inmediato", han añadido desde EU, que ha instado a Instituciones Penitenciarias "a dejarse de medallas y atender más y mejor las necesidades de los internos".
Por ello, la diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, remitirá al grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados una denuncia suscrita por los sindicatos sobre la situación del centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, "que sólo dispone de un psiquiatra en plantilla para 400 internos".
Provincias 2009-11-10
ENRIQUE ROJAS DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSIQUIÁTRICAS
«El término depresión se usa demasiado, no es un bajón»
El doctor Rojas inaugura el ciclo 'Veïns y Salut' de San Vicente
E. M. LAHOZ | SAN VICENTE
El prestigioso psiquiatra Enrique Rojas ofreció ayer la conferencia inaugural del ciclo Veïns i Salut, organizado por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. En su charla Nuevos avances de la depresión, el doctor descubrió al numeroso público del Auditorio Municipal las verdades y mentiras sobre esta enfermedad, sobre la que es un aclamado experto, y los principales métodos de curación de la misma.
- ¿Qué es la depresión?
- La depresión es una enfermedad conocida desde antaño como la enfermedad del estado de ánimo o de la tristeza. Existen dos modalidades, endógena, que es por causas internas, en su mayoría hereditarias, y exógena, que es la causada por agentes externos, frustraciones o avatares del destino.
- ¿Cómo se distinguen?
- Ponga usted el caso de un hombre joven, con fases de decaimiento transitorios, en determinadas épocas del año, con antecedentes familiares de depresión. Lo más probable es que su depresión sea endógena. Otro, una mujer de 45 años, la ha abandonado el marido, un hijo ha caído en las drogas y rompe la relación con su mejor amiga. Su depresión será probablemente por estas causas.
- ¿Cuál es más fácil de curar?
- La endógena, porque tiene un origen bioquímico, el 90% se cura, mientras que en la exógena intervienen muchos otros factores más difíciles de controlar.
- ¿Cree que se sobrediagnostica la depresión?
- Considero que depresión es un término que se usa demasiado, con gran licencia, hasta el punto de que los jóvenes, por un estado de bajón, dicen que están depres. La depresión no es un bajón, es una enfermedad clínica que causa anomalías en el estado de ánimo graves, que hunde a la persona, provoca, sobre todo, tristeza y anhedonia, es decir, la dificultad para sentir placer con cosas que antes lo provocaban.
- ¿Cuáles han sido los principales avances en los últimos años en el tratamiento?
- Ha habido cuatro fundamentales: el descubrimiento de los fármacos que evitan las recaídas, estabilizadores del ánimo; la consecución de antidepresivos que adelgazan, porque los primeros que se usaban siempre hacían aumentar el peso; el estimulador electro transcraneal, que es una placa de origen israelí que estimula determinada parte del cerebro, y logra curar casos de depresión que no responden a los fármacos; y, por último, la terapia psicológica cognitivo-conductual.
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JUBILACIÓN
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Pais 2009-11-02
¿Una generación sin pensiones?
El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis - España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados
ALEJANDRO BOLAÑOS 02/11/2009
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.
Trabajar dos años más aumenta los ingresos generales y reduce los gastos
EE UU alcanza un récord: 6,6 millones de sus empleados superan los 65 años
En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.
En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.
Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.
"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.
No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.
La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.
"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.
Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.
Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.
Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.
El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.
Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).
El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.
Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.
Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente. El secretario de Estado de la Seguridad Social rebate que esos cambios hayan contribuido a aumentar el número de cotizantes de forma notable. Entre ellos destaca que se han reducido los retiros anticipados, pese a que aún se jubila antes de los 65 años más del 40% de los pensionistas, o que se haya incentivado (con una ganancia del 1% anual en la pensión) alargar de forma voluntaria la edad de jubilación.
El Gobierno cree que el cambio demográfico no pondrá el sistema en déficit hasta 2023 y que, entonces, el fondo de reserva de las pensiones permitiría compensar ese saldo negativo al menos seis años más. La crisis puede trastocar ese cálculo: si el paro, cercano al 18%, tarda años en volver a reducirse y las cotizaciones se mantienen en niveles bajos, el fondo de reserva dejará de crecer y el déficit puede aparecer antes de lo previsto. "No veo ningún problema si la crisis dura menos de cinco años", sentencia Granado. Ése es precisamente el periodo que vaticina ahora mismo el FMI para la economía española.
El secretario de Estado sí asume que serán necesarios cambios profundos, pero evita dar pistas. Sobre la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que revisa precisamente ahora la estrategia de pensiones, recae la responsabilidad de tomar las medidas que garanticen las pensiones de toda una generación.
Provincias 2009-11-04
Cada vez más jubilados pierden la casa al no poder pagar el aval hipotecario de sus hijos
Muchos ancianos acuden a Cáritas en busca de ayuda para hacer frente a un alquiler
E. B. | VALENCIA
El demandante suele ser una mujer con una pensión de viudedad muy justa
Esperaban una vejez sin sobresaltos. Con el respaldo de una pensión que, aunque no fuera muy elevada, al menos les permitiera llevar una vida relativamente desahogada en el aspecto económico. Pero dicen que la vida da muchas vueltas... y, a veces, es verdad.
La crisis económica ha sacado a la luz un nuevo fenómeno social muy dramático: pensionistas que pierden sus pisos porque en su día los dieron como aval bancario para que sus hijos pudieran adquirir una vivienda y ahora, al quedarse estos en paro a causa de la crisis y no poder hacer frente a la hipoteca, los bancos les reclaman a ellos las deudas.
«En los últimos meses estamos asistiendo económicamente a muchas personas mayores que están pasándolo muy mal por esta situación y que hasta ahora era impensable que pudieran ser sujetos de la ayuda social», señaló ayer la directora de Cáritas Diocesana en Valencia, Concha Guillén, tras una reunión con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such.
El perfil medio suele ser el de una mujer con una pensión de viudedad, ya de por sí muy justa, cuya vivienda la tenía en propiedad. La crisis ha enviado a familias enteras al paro. En muchos casos no pueden hacer frente a la hipoteca y el banco, para cobrar la deuda, recurre al avalista. «Es muy dramático, pero muchas personas mayores se ven obligadas a entregar sus pisos para pagar las deudas de sus hijos», explica Guillén.
Alquiler compartido
El panorama para ellos, en los días finales de sus vidas, se dibuja de una manera que quizá nunca hubieran imaginado. Ni ellos ni sus hijos tienen una vivienda en propiedad en la que vivir, así que la única solución que encuentran es alquilar un piso en el que viven todos juntos. «Pero ni a ese pago pueden hacer frente, por lo que la única salida que encuentran es la contribución que reciben de Cáritas».
De hecho, la cantidad media que la institución destinaba hasta ahora a la ayuda para el pago de alquileres rondaba los 24.000 euros mensuales, «una cifra que ha aumentado hasta los 35.000», destacó Guillén.
A lo largo de 2008, la institución atendió a 41.059 personas. Las peticiones de ayuda este año se han disparado. De hecho, en el mes de septiembre la institución ya había sobrepasado en 250.000 euros el presupuesto anual.
La Conselleria de Bienestar Social ha destinado 570.000 euros a Cáritas Diocesana para financiar los programas que cubre. La mayor parte va destinada a alimentación (48%) y vivienda (22%). Y los destinatarios suelen ser mayoritariamente inmigrantes (68,5%), frene al 31,5% de españoles. El perfil entre estos últimos en los últimos años «no solo responde a individuos con desarraigo, sino que aumentan los casos de familias perfectamente integradas socialmente que de la noche a la mañana se quedan sin nada», según Guillén.
«Hemos pasado de atender a los pobres a ayudar a nuestros vecinos», aseguran desde Cáritas, al explicar que es muy común encontrar en las parroquias a personas de las que se perdió la pista porque en su día recibieron ayuda, lograron insertarse laboralmente y llevar una vida integrados perfectamente en la sociedad «y ahora vuelven a aparecer».