martes, 29 de septiembre de 2009

prensa septiembre final 09

PRENSA SOBRE DEPENDENCIA, SALUD Y JUBILACION (2009 sept.3º)
(en Levante, Información, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)
Indice
DEPENDENCIA 1
Más negocio en Bienestar Social para una firma vinculada a Cotino 1
Enguera asume las ayudas que no da Bienestar Social 2
El Cermi plantea subir al 6% la reserva de VPO para personas con discapacidad 3
Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de 3 años 3
Tecnología para las asociaciones de mayores 4

SALUD PÚBLICA 4
Sanidad mejora las condiciones a la gestión privada de hospitales públicos 4
Las condiciones que nos rodean 5
Las residencias piden reducir el IVA 5
Piden reducir el IVA para ayudar a la Dependencia 5
Más de 280.000 euros para los dependientes 6

SALUD MENTAL 6
Una familia denuncia a la Conselleria por retirar el educador a su hija con autismo 6
Los enfermeros de salud mental se quejan de una escasa oferta de plazas laborales 7
El hospital de Elche organiza talleres y conferencias en el día de la Salud Mental 7

JUBILACIÓN 7
¿Qué hacer si no eres Goirigolzarri? 7

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DEPENDENCIA
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Pais 2009-09-24
Más negocio en Bienestar Social para una firma vinculada a Cotino
Las plazas concertadas con la consejería por el grupo Savia, del que forma parte Sedesa, aumentaron un 170% de 2006 a 2008
JAIME PRATS - Valencia - 24/09/2009
Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.
El PSPV sostiene que en 2008 Savia recibió unos 30 millones del Consell. Bienestar Social indica que sólo se ha beneficiado a los usuarios
En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.
Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.
Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.
El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).
Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario.
Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.
El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros. A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.
Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados. De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.
"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".
Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".
La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".
Provincias 2009-09-24
Enguera asume las ayudas que no da Bienestar Social
El centro La Mota para discapacitados ha estado abierto de manera excepcional el mes de agosto
PAULA PINTOR | ENGUERA
El centro de discapacitados de Enguera 'La Mota' no ha podido contar este año con las subvenciones que cada verano recibía por parte de la Conselleria de Bienestar Social para que los residentes pudieran ir de acampada o realizar algún tipo de viaje o excursión.
Por esto, el Ayuntamiento de la localidad no ha dudado en echarles una mano y ayudarles activamente durante todo el mes de agosto. Para hacer efectiva la ayuda el Consistorio ha puesto a disposición del centro varias becarias para realizar talleres y actividades de ocio y tiempo libre.
Además, todos los residentes podían disfrutar de pases gratuitos para la piscina municipal, también tenían la oportunidad de participar en el curso de risoterapia, además de disfrutar de días de ocio en la playa de Gandia con el transporte y helados gratuitos para todos los chicos.
Además de todo esto también pudieron disfrutar de la cena de despedida del verano subvencionada por el Ayuntamiento, en la pizzería de Sergio.
Todo ello en compañía de la concejala de Bienestar Social, Rosa Armiñana, personal del centro y algunos voluntarios de Enguera.
Además de los anteriormente mencionados también acudió al acto de despedida del verano el alcalde de la localidad Santiago Arévalo.
El centro ha permanecido abierto durante todo el mes de agosto, algo inusual que jamás había sucedido hasta este año.
El motivo es que muchos familiares de los muchachos residentes no podían hacerse cargo de ellos, y prefirieron que los residentes se quedaran en el centro 'La Mota'.
El objetivo del Ayuntamiento de Enguera ha sido durante todo el verano suplir la ayuda que durante tantos años han estado recibiendo y que ahora ya no tienen. Además, se pretende ayudar en todo lo posible a este colectivo que tanto lo necesita para intentar, al menos, que los muchachos allí internados se sientan de la mejor manera posible y sobre todo ayudarlos para que poco a poco vayan integrándose en nuestra sociedad.
Mundo 2009-09-25
COMO NUEVO MÍNIMO LEGAL, AMPLIABLE POR LAS CCAA
El Cermi plantea subir al 6% la reserva de VPO para personas con discapacidad
Propone ampliar la reserva actual, destinada a particulares, a personas jurídicas
SERVIMEDIA
MADRID.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió hoy al Gobierno elevar del 3 al 6% la reserva de viviendas accesibles a favor de personas con discapacidad, a fin de dar respuesta a la demanda creciente de viviendas por parte de este sector de población.
Propone ampliar la reserva actual, pensada sólo para personas individuales, para que abarque también a asociaciones o fundaciones no lucrativas
Para conseguir este objetivo, el Cermi propone modificar la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos para que en los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública se reserve un mínimo del 6% de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad.
Este porcentaje operaría como mínimo legal para todo el Estado, pudiendo ser elevado por las Comunidades Autónomas.
El cambio legal debe precisar qué se entiende por vivienda accesible, que a juicio de Cermi es aquélla que con arreglo a la normativa sectorial sobre accesibilidad que resulte de aplicación puede ser habitada por las personas con discapacidad en condiciones de normalidad, usabilidad, seguridad y comodidad.
Asimismo, el Comité de la discapacidad propone ampliar la reserva actual, pensada sólo para personas individuales, para que abarque también a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad.
Se extendería así la reserva a personas jurídicas siempre que éstas destinen las viviendas a usos sociales de promoción de la vida autónoma como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.
Levante 2009-09-26
Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de 3 años
EFE VALENCIA
La Consellería de Bienestar Social ha reconocido como dependientes a 334 niños menores de tres años que, a partir de ahora, tendrán derecho a recibir un servicio o una prestación. Cuando se trata de menores de tres años, las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia se tramitan por procedimiento de urgencia, por lo que actualmente todas las solicitudes han sido valoradas.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha explicado que, de los 334 niños, 238 han sido reconocidos como grandes dependientes, 80 como dependientes severos y 16 han sido valorados con dependencia moderada. Para ellos, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia establece una serie de prestaciones como la destinada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Levante 2009-09-30
Tecnología para las asociaciones de mayores
La concejala de Innovación, Beatriz Simón, ha presentado un convenio firmado con la Fundación Cibervoluntarios que permitirá el acceso a las nuevas tecnologías en los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores a partir de mediados de octubre. Con el programa "Evoluciona en la red", un grupo de cibervoluntarios formará a los mayores que lo deseen en temas de utilidad para su día a día, tales como la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de su asociación, creación de páginas web e intercambio de comunicación a través de Internet. El desarrollo del programa responde al interés por acercar las nuevas tecnologías a colectivos con riesgo de exclusión digital.
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SALUD PÚBLICA
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Pais 2009-09-28
Sanidad mejora las condiciones a la gestión privada de hospitales públicos
La ampliación de la población adscrita favorece a las adjudicatarias
JAIME PRATS - Valencia - 28/09/2009
Primero fue el hospital de La Ribera, en Alzira. Luego el de Dénia. Y en el verano que acaba de expirar, en pleno agosto, fue el de Manises. La Consejería de Sanidad ha cambiado las condiciones por las que cedió a empresas privadas la gestión de la sanidad pública en estas localidades. Y el cambio no ha sido precisamente en contra de los intereses de estas firmas adjudicatarias.
"El único bloqueo es el que hay en el PSPV", replica David Serra
El modelo sanitario impulsado por el PP consiste en delegar en empresas privadas la responsabilidad de la atención médica de ciudadanos de la red pública de determinadas comarcas o departamentos de salud. A través de un contrato, la empresa adjudicataria se compromete a cubrir los cuidados sanitarios de un determinado número de personas (entre 250.00 y 155.000, depende de los casos), a cambio de cobrar una cantidad fija por cada una de ellas (572 euros en Alzira en 2008) que paga la Generalitat.
En este acuerdo suelen entrar otras contraprestaciones (reformas de centros sanitarios, extensión de la población cubierta, tiempo de duración de la concesión) que la Administración y la adjudicataria se comprometen a cumplir. Una vez firmado el acuerdo, sobre la Generalitat recae la tarea de control para que se cumplan las condiciones del contrato, aunque la Administración valenciana no ha tenido mayor problema en cambiar las reglas de juego sobre la marcha hasta en estas tres ocasiones.
Manises ha sido el último ejemplo. A mitad de agosto, sin dar tiempo ni siquiera a que se cumplieran los dos meses de la puesta en funcionamiento del centro, la Consejería de Sanidad comunicó un aumento de 22 millones de euros en el canon que recibe anualmente la empresa que gestiona el centro (participada por la aseguradora Sanitas y Ribera Salud, una entidad integrada por Bancaixa y la CAM).Sanidad decidió ampliar la población asignada a la empresa concesionaria del hospital de Manises al añadir Mislata a las localidades de Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Turís, Godelleta, Riba-roja, Loriguilla, Aldaia y el Barrio del Cristo. De esta forma, a los 145.000 vecinos inicialmente previstos en el contrato se sumaron otros 45.000 más y la cantidad a recibir anualmente por parte de la Generalitat pasó de 72 a 94 millones.
La consejería apunta que esta modificación obedece a la reestructuración que está provocando el nuevo diseño del mapa sanitario de la ciudad de Valencia ante la futura puesta en marcha del nuevo hospital La Fe. De momento, la concesionaria ha salido ganando al sumar un mayor número de población con un hospital dimensionado para menos actividad. "Aún no están especificadas las contraprestaciones que deberá realizar la concesionaria", indican fuentes del departamento que dirige Manuel Cervera, que señalan "irán encaminadas a inversiones en atención primaria o una modificación de la cuota que reciben por paciente".
En Dénia, la Generalitat está llevando a cabo la reforma del antiguo hospital que, según el contrato de gestión, correspondería a la concesionaria (la aseguradora DKV y Ribera Salud). Cuando la Consejería de Sanidad sacó a concurso la gestión de este departamento de salud, la adjudicataria se comprometió a construir un nuevo hospital, reformar el antiguo hospital de Dénia y convertirlo en sociosanitario y reformar el centro de especialidades de Dénia. Así consta en el contrato firmado por ambas partes en marzo de 2005.
Sin embargo, en diciembre de 2008, la consejería dio un vuelco a estas condiciones. La adjudicataria ya no debía reformar el antiguo hospital de La Pedrera, que asumió la Generalitat, ni el centro de especialidades. En lugar de ello, ha de construir un centro de salud en las dependencias de La Pedrera, otro centro de salud en Dénia y reformar el centro de salud de Calp para convertirlo en un centro integrado. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSPV, ante lo que este partido considera un regalo a la concesionaria por excusarla de reformar del antiguo hospital, estos cambios "suponen un aumento de inversiones, por lo que no hay regalo, sino todo lo contrario".
Estos dos casos tienen el precedente de la operación rescate del hospital de Alzira, que el Consell ejecutó a finales de 2002. Por entonces, al primer hospital de gestión privada, que abrió sus puertas en enero de 1999, no le salían las cuentas y acumulaba, ejercicio tras ejercicio, números rojos. Y el Partido Popular no se podía permitir el lujo de que fracasara su principal apuesta en política sanitaria. Ante este escenario, la Generalitat optó por rescatar el hospital y volverlo a sacar a concurso bajo unas condiciones económicas y de gestión más atractivas.
Teóricamente, esta nueva operación estaba abierta a cualquier empresa, aunque volvió a concederse a la anterior adjudicataria (Adeslas, Ribera Salud, Lubasa y Dragados) con importantes ventajas. En lugar de controlar sólo el hospital, como especificaban las condiciones del contrato inicial, la empresa se haría cargo de la atención sanitaria integral, es decir, además del hospital, asumía la asistencia primaria.
Esto le permitió no sólo controlar el flujo de pacientes que llegaban al hospital desde los centros de salud, sino además cobrar un canon mayor por paciente. Además, el plazo de explotación se alargó de los 10 años previstos inicialmente a 15 años prorrogables a otros cinco más. En 2005, la sociedad ganó 1,8 millones de euros. En 2006 fueron 2,5 y en 2007 la suma alcanzó los 3,1 millones de beneficio.
Levante 2009-09-30
Las condiciones que nos rodean
Francisco Esquivel
Me deja el taxi en la puerta del diario. Sobre las cinco corren dos afluentes por la avenida. Los zapatos hacen de submarinos. Por la noche cae lo que no hay en los escritos. Llamo a casa para que abran el garaje. Ni me lo cojen ni tienen llaves y me he olvidado el paraguas. De cualquier modo soy un privilegiado. No tengo motivos para quejarme. En torno a esas horas cientos de familias sacan agua del interior de sus casas y, otras, colocan sacos de arena para evitarlo en lo que se ha convertido en estampa habitual cada vez que descarga. Allanamientos de moradas que llegan tras el de los cauces. En la composición del discurso que horas más tarde abrió el debate sobre el estado de la Comunidad parecía que aquí no ha pasado nada, salvo que toda la acción política ha mejorado de forma espectacular las condiciones del personal. El presidente de la Generalitat entona una relación exhaustiva de los diferentes hitos alcanzados en quirófanos. Puede que vayan a operarnos, aunque aún no sé de qué. Y cierra la retahíla aludiendo a que «la salud es lo que importa», por lo que me entran dudas de si estaba refiriéndose a una cirugía personal. Vuelve a la carga con otra buena porción de logros rematados en este caso por el latiguillo de «más que en 2003», que era cuando gobernaban los otros, ¿o no? A través de la tele, la intervención llega entrecortada. Los aplausos, también. Naturalmente son problemas técnicos derivados la que está cayendo, eso sí. En las listas de espera de los hospitales, en los patios inauditos habilitados para los chavales, en las colas masificadas del paro, en el tiempo de espera mortal de necesidad para los acogidos a la Ley de la Dependencia...la función hace años que se entrecortó. Nadie se acelera en sus escaños a pesar de que más de dos estén con el agua al cuello. Siempre ha habido clases.
Provincias 2009-10-04
Las residencias piden reducir el IVA
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana, Alberto Giménez, solicitó ayer que se reduzca el IVA al 4% para el sector de la dependencia con el objetivo de trasladar el ahorro al usuario y agilizar la implantación de la Ley de Dependencia.
Información 2009-10-04
Piden reducir el IVA para ayudar a la Dependencia
REDACCIÓN
Los empresarios del sector sociosanitario han pedido que el Impuesto del Valor Añadido (IVA) se reduzca al 4 por ciento para trasladar el ahorro al usuario y agilizar la implantación de la Ley de Dependencia, medida que permitirá duplicar el número de profesionales y reducir el empleo de mala calidad.
Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Alberto Giménez. Según el dirigente empresarial, la petición de la patronal autonómica de implantar el IVA superreducido tiene como finalidad reducir los costes de las plazas orientadas a las personas en situación de dependencia, con el compromiso de trasladar el ahorro al usuario final. Para una Ley que prevé atender el próximo año a 1.246.428 personas.
El presidente de AERTE añadió que la propuesta forma parte de un estudio de medidas económicas que podrían favorecer la implantación de la Ley y facilitar la financiación de las prestaciones sociosanitaras a los dependientes. "En un momento de recesión hay que estimular la inversión y el consumo y no parece el mejor camino la subida de impuestos", explicó Giménez.
El representante empresarial valenciano incidió que el "Gobierno y el propio Partido Socialista deberían corregir en el trámite parlamentario el incremento de IVA inicial por coherencia con su propio discurso, ya que al justificar el incremento de impuestos contenidos en los presupuestos presentados excluyen aquellos que graven bienes o servicios que se consideren de primera necesidad.
Provincias 2009-10-04
LES COVES DE VINROMÀ
Más de 280.000 euros para los dependientes
La Conselleria de Bienestar Social ha invertido más de 280.000 euros en el centro de día para personas mayores dependientes de Les Coves de Vinromà.
El centro ofrecerá transporte adaptado, servicios para el desarrollo de las actividades básicas diarias, rehabilitación y terapia psicológica, entre otros servicios. En 2004 se concedió una subvención de 214.314 euros para construir este espacio, que sólo tiene reservadas tres de sus 40 plazas.
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SALUD MENTAL
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Provincias 2009-09-24
Una familia denuncia a la Conselleria por retirar el educador a su hija con autismo
La menor, de 12 años y vecina de Mislata, padece el síndrome de Asperger y sufre problemas de socialización
JUAN MIQUEL | MISLATA
La niña ha conseguido resultados académicos brillantes en el colegio gracias al educador
Patricia (nombre simulado) tiene 12 años y un síndrome, el de Asperger, que le dificulta las relaciones con su entorno. Sufre un grado menor de autismo, que le ha obligado, durante toda la etapa primaria, a contar con la ayuda de un educador porque «se recluye con frecuencia», según cuenta su padre, Juan O. B.
La Conselleria de Educación, sin embargo, se ha negado a que en el instituto donde ahora cursa sus estudios, en la Morería de Mislata, conserve el educador como tenía en su colegio. Por este motivo, su padre ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía del Menor.
El progenitor de la niña lamenta que su hija lleve desde el pasado 15 de septiembre sin una persona que le ayude cuando más lo necesita, en una etapa de cambios.
«En primaria ha tenido apoyo pedagógico, y fruto de esta atención ha logrado obtener unos resultados académicos brillantes. Ahora, sigue siendo necesario que personal especializado le explique las normas poco a poco y se eviten imprevistos que le puedan hacer sufrir problemas de conducta», asegura su padre.
Los responsables del gabinete psicopedagógico municipal, que han atendido a la menor durante toda la primaria, ven la necesidad de que siga sus estudios acompañada de un educador. Sin embargo, una vez en Secundaria, debe ser la Conselleria quien financie a este educador. Sin embargo, según consta en la denuncia, en la Conselleria de Educación han informado que se han realizado los trámites oportunos para que su hija tuviera el correspondiente apoyo en ese instituto, pero es un problema de hacienda, «al carecer de recursos económicos».
Por su parte, un responsable del instituto la Morería ha confirmado las necesidades pedagógicas de la menor. «Aunque a día de hoy se le atiende en todo lo posible, es primordial disponer de un educador especial que pueda prestarle la atención diaria que le corresponde», explica dicho responsable.
Las personas que padecen síndrome de Aspergen carecen de empatía, es decir, no saben apreciar la comunicación no verbal y en casos más graves ni siquiera conocen el significado de una sonrisa. Cuando no entienden qué pasa a su alrededor tienden a recluirse, lo que dificulta, en niños, su normal escolarización y su socialización con el resto de compañeros.
La plaza de psicóloga es otra de las necesidades que sigue sin cubrirse en este centro educativo. «Este instituto tiene escolarizados alrededor de 400 alumnos, de los cuales cerca de 300 son de secundaria y 100 de bachillerato, por lo que es imprescindible contar con psicólogos que ayuden a estos jóvenes», explican en el instituto.
Levante 2009-09-29
Los enfermeros de salud mental se quejan de una escasa oferta de plazas laborales
Critican a Sanidad por sacar en los concursos de traslado sólo 40 vacantes de la especialidad
EFE VALENCIA
Representantes de enfermeros de la Comunitat Valenciana aseguraron ayer que la Conselleria de Sanidad "discrimina" a los enfermeros de salud mental en la distribución de plazas en los centros por destinar personal no especializado a ese tipo de áreas.
Así lo afirmaron, en un comunicado, el Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova), los colegios de enfermería de Valencia, Alicante y Castellón, y la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (Uesce), que ha remitido una queja al conseller de Sanidad, Manuel Cervera.
La organización colegiada expresa su "preocupación" por la ausencia de plazas de esta especialidad en la Comunitat, mientras que el Cecova recrimina a la conselleria la "discriminación" de estos profesionales y tacha su situación de "un sinsentido, un atropello y una falta de sensibilidad".
El presidente del consejo, José Antonio Ávila, indicó que hay 40 plazas para centros de salud mental, unidades de conductas adictivas y hospitales especializados en el concurso de traslados, que afecta a 2.122 puestos de trabajo del cuerpo de enfermería.
Información 2009-10-03
El hospital de Elche organiza talleres y conferencias en el día de la Salud Mental
Con el lema "Salud Mental al alcance de todos" el próximo día 10 de octubre se celebrará en todo el mundo el día de la Salud Mental. El Hospital General Universitario de Elche, y concretamente la Unidad de Salud Mental, se sumarán a esta celebración organizando una serie de actos recreativos y culturales. Las diferentes actividades han sido organizadas con la colaboración de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Elche, Crevillent, Santa Pola e isla de Tabarca (ASFEME) y estarán destinadas, tanto al personal, como a los pacientes y sus familiares, así como al público en general.
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JUBILACIÓN
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Mundo 2009-10-04
PRODUCTOS FINANCIEROS PARA MAYORES
¿Qué hacer si no eres Goirigolzarri?
La hipoteca de inversa y la renta vitalicia, productos para mayores. Todavía escasea entre las entidades la oferta de productos financieros específicos para la tercera edad.
María Hernández
Madrid.- La pensión de jubilación de José Ignacio Goirigolzarri, hasta hace pocos días consejero delegado del BBVA, ha sido el centro de una gran polémica en las últimas jornadas. Tanto es así, que los más de 52 millones que percibirá a lo largo de varios años casi han ensombrecido la celebración del Día Internacional del Mayor, que se conmemoraba el pasado 1 de octubre.
En España hay más de diez millones de personas mayores de 60 años, según la estimación de población actual de julio elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Muchas de ellas están jubiladas o se encuentran a las puertas de la jubilación y han pasado parte de su vida ahorrando para complementar sus pensiones una vez que dejen de formar parte del mercado laboral.
Hasta ahora, los planes y fondos de pensiones han sido las opciones más utilizadas, sin embargo, de manera tímida, comienzan a expandirse alternativas financieras a estos productos, como la hipoteca inversa o la renta vitalicia. Y tímida, porque la mayoría de las entidades consultadas no ofrece instrumentos de ahorro específicos para este perfil de cliente.
Hipoteca inversa
La hipoteca inversa es un crédito que pueden solicitar los mayores de 65 años o personas dependientes que tengan una vivienda en propiedad. La entidad financiera tasa el valor del inmueble y, en función de ello, paga a su titular una renta mensual, de manera temporal o vitalicia.
Además, aunque la operación puede deshacerse en cualquier momento, no hay obligación de devolver el dinero prestado hasta que fallezca el titular. En ese momento, los herederos pueden hacer frente a la deuda o bien, la entidad se queda con la casa.
Esta alternativa ya está bastante afianzada en países como Estados Unidos, donde es una realidad desde 1989, o Reino Unido, donde se desarrolla desde 1965. En España, a pesar de que sólo lleva un lustro en el mercado, se puede hablar de una opción "exitosa", según Ángel Rodríguez-Carreño, consejero delegado de Optima Previsión, puesto que en los dos trimestres de 2009 "ya se ha doblado la contratación de 2008".
No obstante, ni el Banco de España ni la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca) tienen cifras exactas sobre la evolución de este tipo de financiación porque se cuantifica "como un crédito más", explican desde esta última institución.
Lo que sí se conoce es que los clientes rondan los 75 y 76 años y que las mujeres se atreven más que los hombres a la hora de contratar este tipo de productos. También se sabe que es habitual que las parejas adquieran una hipoteca inversa de manera conjunta.
Por otra parte, el valor de las tasaciones se sitúa entre los 350.000 y 400.000 euros y las áreas geográficas de mayor contratación son las principales capitales españolas, especialmente Madrid, Barcelona y Valencia, según Optima Previsión.
Renta vitalicia
Otra alternativa para los más mayores es la renta vitalicia, una de las principales apuestas del Banco Sabadell. Se trata de una vía que permite obtener una renta mensual de por vida, siempre que se disponga también de una vivienda.
Normalmente, la cantidad de dinero que percibe quien opte por esta oferta es mayor que en el caso de la hipoteca inversa pero, a cambio, la propiedad de la casa acaba en manos de la entidad financiera, si bien también hay modalidades específicas en caso de que existan herederos.
A pesar de que las opciones para este segmento de población se empiezan a diversificar, aún son unas grandes desconocidas para el público al que se dirigen. En parte, porque no todas las entidades las ofrecen

prensa septiembre 2º. 09

PRENSA SOBRE DEPENDENCIA, SALUD Y JUBILACION (2009 sept.2º)
(en Levante, Información, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)

Indice
DEPENDENCIA 2
7.000 grandes dependientes no podrán cobrar este año 2
Such destaca su compromiso ´por acelerar la aplicación de la Ley de Dependencia´ 3
55.000 valencianos ya han sido reconocidos como dependientes en la Comunitat 3
Angélica Such se compromete a ´acelerar´ la aplicación de la Ley de Dependencia 3
Doce empresas optan a reformar y ampliar el geriátrico de Benicarló 3
El 38% de los dependientes de la Comunitat aún no tienen asignada la prestación 4
Sólo el 1,35% de los mayores accede al Servicio de Asistencia a Domicilio 4
Such reclama al Gobierno que cambie la financiación de la Dependencia 4
Una valenciana lleva 21 meses a la espera de que le evalúen la minusvalía 5
Más de 4.700 solicitudes de ayudas a la dependencia están atascadas 6
El PSPV dice que el PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes 6
El Consell paga a las residencias de la tercera edad con mucho retraso 7
El Síndic recomienda resolver en seis meses las solicitudes sobre discapacidad 7
El corazón de la familia 8
El Síndic pide rapidez a Bienestar Social para resolver solicitudes de discapacidad 8
Nuevas acciones en defensa de la Ley de Dependencia 9
El pago de la dependencia reabre el debate de la Ley 9
El ayuntamiento deja sin ascensor una exposición inspirada en la fibromialgia 11
´Es necesario que se conozca la epidemia´ 12
El PSOE pide a la alcaldesa que no dé la espalda a los dependientes de Aspe 12
Such exige una ´cláusula de revisión´ para la Dependencia en la financiación autonómica 12
Fin a las cifras maquilladas de la dependencia 12

SALUD PÚBLICA 13
El PSPV se une a la demanda hecha por los padres y solicita un pediatra 13
El PSPV de Dénia denuncia la «mala» situación sanitaria 13
El canon que el Consell paga al hospital de la Ribera aumenta un 38% en 4 años 14
Más de tres millones de beneficio en un año 15
La odisea de una familia 15
Las primeras visitas a Rehabilitación crecen un 65% en el primer semestre 15
El Bloc denuncia privatizaciones, saturación y falta de programación en la sanidad 16
El hospital de Llíria no atenderá a las parturientas como prometió Sanidad 16
Los vecinos de Mislata, en contra de que el Vázquez Bernabéu sea para crónicos 17
Sanidad reitera que las máquinas de asfaltado causaron el brote de legionela 17
2.200 vecinos de Aldaia exigen más autobuses para ir al Hospital de Manises 18
Acusan a Sanidad de incumplir el decreto para la prevención de la legionela en Alcoy 18
Vecinos de Campamento denuncian listas de espera médicas de un año en Paterna 18
El PSPV de Ontinyent quiere convocar el Pacto por la Sanidad para exigir un hospital digno 19

SALUD MENTAL 19
Las familias de enfermos mentales reclaman más pisos tutelados mientras se construye la residencia 19
Cuando la memoria se va 20
Un 7% de las personas mayores de 64 años de la Ribera padecen alzhéimer 20
Olimpiadas contra el olvido 21
Los enfermos de Alzheimer serán atendidos de forma prioritaria en los consultorios 21
Requena propone unir a los implicados en el tratamiento de enfermos mentales 22

JUBILACIÓN 22
Corbacho pide al PP que no cree incertidumbre con las pensiones 23
La mitad de los pensionistas valencianos, en la pobreza 24
El 47% de los pensionistas de la Comunidad vive por debajo del nivel de la pobreza 25
La mitad de los pensionistas valencianos vive por debajo del umbral de la pobreza 25


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DEPENDENCIA
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Pais 2009-09-09
7.000 grandes dependientes no podrán cobrar este año
Benestar exige que el Gobierno central multiplique por cuatro los fondos
JOSÉ PRECEDO - Santiago - 09/09/2009
Esclavo de su campaña electoral. Todavía como candidato, Alberto Núñez Feijóo, invitó en un acto celebrado en el puerto de Vilagarcía a aquellos dependientes que no cobrasen la ayuda a denunciar a la Xunta. "A la sociedad sólo le queda una posibilidad: acudir a los juzgados y demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley", aconsejó, en un acto sectorial rodeado de mayores. Con el escaño del presidente vacío, ayer el Parlamento volvió a debatir sobre dependencia. Y el portavoz del BNG no tardó en rescatar aquellas palabras de Feijóo. "¿Es eso lo que hay que hacer ahora?", preguntó Carlos Aymerich mirando a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.
Aymerich pregunta si Feijóo sigue recomendando denunciar a la Xunta. El PSdeG denuncia "las seis mentiras del PP en la dependencia"
La diputada socialista Laura Seara enumeró en su turno una retahila de "promesas incumplidas" sobre dependencia que Feijóo había comprometido para sus primeros 120 días de Gobierno. Según las cuentas del PP en campaña, en este tiempo debían estar valoradas todas las solicitudes, los grandes dependientes tendrían que haber cobrado el 50% de las ayudas y acortarse a la mitad el tiempo de tramitación de solicitudes. Nada de eso ha pasado en estos cuatro meses, y la oposición se encargó de recordárselo a la responsable de Benestar.
Beatriz Mato optó por desviar todas las responsabilidades hacia el Gobierno de Zapatero ya en su exposición inicial. Culpó al Ejecutivo socialista de "invertir cinco veces menos de lo que se precisaría para atender a los dependientes" y reclamó 440 millones de euros para Galicia sólo en este capítulo de los presupuestos de 2010, frente a los 110 aportados este año. La responsable de Benestar acusó a Zapatero de utilizar la fórmula "invito yo que pagas tú" e ilustró sus quejas con un dato: "Cada plaza de gran dependiente en una residencia le cuesta a la Xunta 2.600 euros mensuales, de los que el Gobierno central aporta sólo 263". Por eso, instó a la ministra Trinidad Jiménez a convocar el consejo territorial que "piden todas las comunidades autónomas".
Pese a su catastrofista intervención en la que cargó también duramente contra el bipartito apoyándose en todo momento sobre las quejas que recibe por este asunto el Valedor do Pobo -que había rendido cuentas a la Cámara minutos antes-, Mato se comprometió a atender antes de final de año a 20.000 grandes dependientes y superar así su compromiso inicial de ofrecer prestaciones a 16.500. Sucede que el PP siempre ha dado como buena esta última cifra contenida en el Libro Blanco sobre Dependencia de 2005 y que con el tiempo y el incremento de reclamaciones se ha multiplicado.
Según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, a 1 de septiembre había en Galicia 27.699 grandes dependientes dictaminados como tales entre los 70.080 solicitantes de ayudas. Faltan por valorar 13.419 personas y de los 46.400 beneficiarios con derecho a algún tipo de prestación, 16.870 siguen esperando. Esos números previsiblemente seguirán creciendo mes a mes. El compromiso que Benestar estableció ayer en la Cámara se limita a sufragar las ayudas a 20.000 grandes dependientes en 2009, lo que dejaría a más de 7.000 sin ayuda.
La titular de la consellería abogó por modificar la normativa para agilizar el papeleo y permiotir "que las peticiones se resuelvan en seis meses y no tarden un año". Mato avanzó que en el futuro los familiares de los dependientes que fallezcan después de solicitar la ayuda, tendrán derecho a subvenciones, si bien el anteproyecto que prepara su departamento no detalla la fórmula que utilizará.
El portavoz del Bloque, Carlos Aymerich, criticó ese texto que "restará 1.500 euros a cada dependiente". El parlamentario nacionalista explicó que en el borrador de la norma que prepara la Xunta la subvención tendrá efectos retroactivos sólo desde que recibe el visto bueno de la Administración y no desde que se empieza a tramitar, como sucede ahora, con lo que cada beneficiario perderá de media de tres meses de salario.
En el epílogo de su intervención, después de calificar de "chiringuito, desastre y engaño" la política social del bipartito, la conselleira de Benestar pidió un pacto a los grupos de la oposición para sacar del debate partidista los servicios sociales. Lo hizo en su último turno sin tiempo para una respuesta de la oposición.
Los tres grupos políticos sí pactaron las recomendaciones del Consello de Contas para incrementar el control en las subvenciones y contrataciones en la Administración. PP, PSdeG y Bloque aprobaron además una propuesta para poner orden, mediante una ley, en la Administración paralela del Gobierno gallego.
Levante 2009-09-10
Such destaca su compromiso ´por acelerar la aplicación de la Ley de Dependencia´
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, destacó ayer su compromiso "por acelerar e impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia", al tiempo que señaló que "su eficaz desarrollo constituye una demanda social de primera magnitud que debemos atender". Such se pronunció de este modo durante la reunión que mantuvo con el presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) de la Comunitat Valenciana), Joan Planells. levante-EMV valencia
Provincias 2009-09-10
55.000 valencianos ya han sido reconocidos como dependientes en la Comunitat
REDACCIÓN | VALENCIA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, se comprometió ayer a «acelerar e impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia» en la Comunitat. Lo hizo durante la reunión mantenida con el presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), Joan Planells.
Durante el último año, con la aplicación de la Ley de Dependencia, ya son alrededor de 55.000 personas las que han sido ya reconocidas como dependientes en la región, de las cuales más del 50% reciben algún tipo de prestación o servicio, según el Consell.
Such subrayó que el encuentro mantenido con el presidente del CERMI «supone una primera toma de contacto para conocer personalmente a los representantes de uno de los colectivos implicados en el sector social y ponerme a disposición de todos los que trabajan por mejorar la calidad de vida de los discapacitados y sus familias».
Angélica Such puso de manifiesto a los representantes del CERMI su intención de dialogar y trabajar conjuntamente con los órganos y colectivos sociales, «para garantizar que todos los ciudadanos alcancen sus mayores cotas de bienestar, especialmente los que más lo necesitan». En ese sentido, Such incidió en que se va a escuchar «a todos y cada uno de los sectores implicados».
El CERMI-CV es la asociación más representativa en materia de discapacidad de la Comunitat Valenciana.
La consellera de Bienestar Social aseguró que se está trabajando intensamente por agilizar el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones de las personas dependientes. Recordó «el nuevo decreto que la Conselleria ha elaborado y que simplifica el largo sistema establecido en el Decreto 171/2007, cuya tramitación requería 32 pasos administrativos».
El nuevo decreto «permitirá que el solicitante vea reducido a la mitad el tiempo de espera para recibir las ayudas», aseguró Such.
Información 2009-09-10
Angélica Such se compromete a ´acelerar´ la aplicación de la Ley de Dependencia
REDACCIÓN
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, manifestó ayer durante la reunión que mantuvo con el presidente del Cermi-CV (Comité Español de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana) su compromiso "por acelerar e impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia" tras indicar que "su eficaz desarrollo constituye una demanda social de primera magnitud que debemos atender".
Indicó que alrededor de 55.000 personas han sido reconocidas como dependientes en la Comunidad Valenciana, de las cuales más del 50 por ciento están recibiendo algún tipo de prestación o servicio. Such aseguró que se está trabajando "intensamente" por agilizar el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones y recordó el nuevo decreto que la Conselleria ha elaborado y que simplifica el sistema establecido "cuya tramitación requería 32 pasos administrativos". Los cambios -según explicó- "van a permitir que el solicitante vea reducido a la mitad, el tiempo de espera para recibir las ayudas"
Levante 2009-09-14
Doce empresas optan a reformar y ampliar el geriátrico de Benicarló
Las obras, que incluyen mejorar la accesibilidad y crear ocho plazas más, podrían empezar en octubre
NOEMÍ OMS BENICARLÓ
Un total de 12 empresas se han presentado a la licitación de las obras de reforma y ampliación del Centro Geriátrico Asistencial de Benicarló. Las obras podrían comenzar en un mes aproximadamente. El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 7 de septiembre y a partir de ahora la mesa de contratación habrá de examinar toda la documentación presentada por las empresas y tomar una decisión que se podría alargar todavía unos días. Dado que el procedimiento de adjudicación se hará por vía de urgencia, los trabajos podrían empezar en un mes aproximadamente.
Las obras de reforma y ampliación consistirán en la redistribución del actual edificio para mejorar la accesibilidad de las habitaciones y del resto de espacios. También se pretende implementar la protección contra los incendios con la sectorización de las diversas alas del centro. Por otro lado, la reforma incluirá la modificación y mejora de las instalaciones de calefacción, electricidad y fontanería. Además, se ampliará un nuevo piso en el ala de la calle del Doctor Fleming, lo que supondrá un total de ocho plazas más para el centro.
Del presupuesto total de las obras, valoradas en 853.857,41 euros, 300.000 proceden de una subvención de la Conselleria de Bienestar Social, mientras que otros 300.000 llegan de la Diputación a través de un convenio firmado con el ayuntamiento. Las obras tendrán la dificultad añadida de ejecutarse con los usuarios en el centro.
Provincias 2009-09-14
El 38% de los dependientes de la Comunitat aún no tienen asignada la prestación
EP | VALENCIA
Más del 38% de las 35.382 personas dependientes que son consideradas beneficiarias de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia todavía están pendientes de que se les asigne qué tipo de prestación económica o servicio precisan (teleasistenciao atención residencial, entre otros).
Para el total de España, el porcentaje de beneficiarios sin atender asciende al 32,04%, según los datos a 1 de septiembre de 2009 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que indican que hay 209.559 personas pendientes de identificar en el Programa Individual de Atención (PIA).
Provincias 2009-09-16
Sólo el 1,35% de los mayores accede al Servicio de Asistencia a Domicilio
B. N. | ALCOY
El Servicio de Asistencia a Domicilio beneficia actualmente a un total de 158 alcoyanos, mientras otros 140 se encuentran en la lista de espera. En este sentido, el portavoz de EU, Paco Agulló, detalla que, «en la ciudad hay 11.708 personas mayores de 65 años, lo que representa el 19% de la población, por lo que los ciudadanos que acceden al SAD es el 1,35% del total de mayores de Alcoy».
Agulló destaca que, según datos oficiales publicados en diferentes medios de comunicación, el Estado español atiende al 4,69% de los mayores en este servicio y la Comunitat sólo un 2,74%, «por lo que Alcoy está a la mitad de la media valenciana, con lo que queda demostrada la mala gestión social del Gobierno municipal del PP».
Así, el edil de la coalición de izquierdas insiste en la necesidad de lanzar una campaña informativa para dar a conocer a la ciudadanía las opciones de asistencia social que dispone el municipio, así como de ampliar la partida económica.
Pais 2009-09-17
Such reclama al Gobierno que cambie la financiación de la Dependencia
Cotino reivindica el trasvase del Ebro y otro reparto en la cuenca del Júcar
EL PAÍS - Valencia - 17/09/2009
La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, solicitó ayer al Gobierno que el nuevo modelo de financiación autonómica de la Ley de la Dependencia incluya no sólo a los dependientes reconocidos hasta el mes de abril, sino que este plazo se extienda hasta final de año. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió reconocer los esfuerzos hechos por las administraciones que mejor han gestionado el proceso de solicitudes y vincular parte de los fondos a la eficacia administrativa -que vinculó al número de casos reconocidos-.
El consejero se aferra al discurso de que el Gobierno niega el agua
Such, que ayer acudió a Madrid para entrevistarse con el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, señaló que de aplicarse la financiación tal y como está se ignora a personas dependientes incorporadas a partir de abril, lo que "supondría una carencia aún mayor de financiación estatal durante el próximo año". La consejera de Bienestar Social mostró, además, su intención de coordinar con el resto de comunidades autónomas cuestiones como la resolución de expedientes en caso de fallecimiento o la formación de cuidadores.
Such recordó que la consejería ha puesto en marcha un nuevo decreto que "simplifica el largo sistema establecido en el Decreto 171/2007" destinado a obtener la máxima rapidez en la tramitación de la documentación. La Comunidad Valenciana es de las últimas en los registros oficiales que recogen el grado de aplicación de la ley.
A esta cuestión se refirió ayer el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, que denunció que el Consistorio y la Generalitat tienen "atascadas" 7.135 solicitudes de personas con discapacidad y mayores de la ciudad. El concejal Julio Such indicó que de las más de 8.000 peticiones remitidas al Ayuntamiento, sólo 920 vecinos tienen reconocido el derecho a cobrar ayudas o recibir la prestación que les corresponde, después de dos años y medio de vigencia de la ley. "Si el PP sigue el mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocer los derechos a las 7.135 personas [pendientes de respuesta]", denunció.
También a Madrid, pero al Ministerio de Medio Ambiente, viajó el consejero Juan Cotino, para encontrarse con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. El vicepresidente tercero expuso "las principales reivindicaciones" de la Generalitat en materia hídrica.
Cotino recuperó el discurso, atenuado en los últimos tiempos, de que el Gobierno "sigue negando el agua a los valencianos". Para el consejero, mientras el presidente Rodríguez Zapatero "no se dé cuenta" de que la supresión del trasvase del Ebro es mala para toda España, "no hay nada que hacer". No obstante, el consejero de Medio Ambiente consideró que el trabajo con el ministerio de cara a alcanzar acuerdos se mueve en una "línea positiva". Sobre la demarcación del Júcar, Cotino calificó de "irracional" que se plantee una nueva cuenca que incluye el Vinalopó bajo supervisión del Estado, y deja fuera L'Alacantí porque sus ríos son competencia del Consell. El gobierno valenciano aboga por una gestión integrada de ambas comarcas, lo que choca con la exigencia legal de que asuma los ríos internos. Según la consejería, Puxeu se comprometió a estudiar las alegaciones para una posible revisión del decreto de la demarcación del Júcar. Ambas partes se volverán a reunir en dos meses.
Levante 2009-09-17
Una valenciana lleva 21 meses a la espera de que le evalúen la minusvalía
La mujer carece de ingresos y está intentando que le concedan una pensión para poder subsistir
RAMÓN FERRANDO VALENCIA
Una valenciana de cuarenta años lleva 21 meses esperando a que la Conselleria de Bienestar Social valore su grado de discapacidad. La mujer, María del Mar C. S., carece de ingresos desde que falleció su madre en febrero y está intentando que le reconozcan el derecho a recibir una pensión para poder subsistir con dignidad. La Conselleria de Bienestar Social mantiene que el servicio de valoración tarda una media de "diez meses" y asegura que lo reforzará. El sindicato CC OO advierte de que las demoras son mayores y considera que se "están vulnerando los derechos fundamentales de las personas que necesitan que la Administración resuelva con rapidez sobre su situación. La propia Generalitat incumple la ley que fija el tiempo máximo de resolución en seis meses".
María del Mar ya tuvo que pelear durante meses para que a su madre le concedieran las ayudas de la ley de la Dependencia, que le dieron el mismo mes que falleció. "No he cotizado porque estaba siempre en casa cuidando de mi madre, que estaba postrada en la cama desde que sufrió una trombosis cerebral. Hoy subsisto gracias a la ayuda que me dan mis hermanos", lamenta. La mujer explica que se quedó mal de una intervención quirúrgica en el hombro derecho y no puede realizar trabajos con el brazo. "Pedí que me valoraran el grado de minusvalía el 4 de diciembre de 2007. Lo único que sé es que van a tardar como mínimo dos o tres meses más", añade.
"Increíble e indignante". La mujer considera "increíble e indignante" tener que esperar "casi dos años" para que revisen su caso. "La asistente social reconoce que es una vergüenza lo que está pasando, pero afirma que no puede hacer nada. Los médicos me han dicho que no tengo solución y estoy desesperada porque no puedo obtener una pensión ni trabajar en mis condiciones", declara María del Mar.
La Conselleria de Bienestar Social mantiene que se ha producido un incremento considerable de peticiones de valoración y que el caso de la denunciante es "excepcional. Un año y nueve meses de demora es demasiado. Las valoraciones no suelen tardar tanto, aunque es cierto que hay una demanda muy alta de peticiones y se ha producido un cierto colapso".
Advertencias desde 2003. El Síndic Bernardo del Rosal ya instó en 2003 al Consell a que redujera la espera en las valoraciones. En 2005 abrió una queja de oficio tras constatar que Bienestar Social tardaba hasta un año en valorar las solicitudes.
El portavoz de CC OO en Alicante, Salvador Roig, explicó que el problema es que "los equipos de valoración de Bienestar Social tienen poco personal en toda la Comunitat Valenciana". Roig recordó que el certificado de minusvalía es necesario para acceder a una gran cantidad de ayudas que concede la Administración.
Levante 2009-09-17
Más de 4.700 solicitudes de ayudas a la dependencia están atascadas
El PSPV afirma que sólo cobran las prestaciones 920 de los 8.055 peticionarios y el PP eleva el número a 3.318
LEVANTE-EMV VALENCIA
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han resuelto 920 de las 8.055 solicitudes de ayudas a la dependencia presentadas desde 2007 por discapacitados y mayores vecinos de Valencia. Este es uno de los datos facilitados por el gobierno municipal al PSPV en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Dependencia, considerada por algunos el cuarto pilar del estado del bienestar. A la vista de las cifras el concejal socialista Julio Such denunció ayer que las administraciones valencianas, gobernadas por el PP, tienen atascadas 7.135 solicitudes. "Sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando", declaró Such.
La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, rebatió los datos y acusó a la oposición de manipularlos. Según Torrado, "a día de hoy en Valencia hay 3.318 ciudadanos dependientes que ya tienen reconocida su condición y reciben su correspondiente ayuda". Según eso, estarían en distintas fases de tramitación 4.737 solicitudes, lo que representaría casi el 60% de las peticiones. Torrado despejó las críticas y dijo que el único atasco se encuentra en el túnel de la V-21, el nuevo acceso a la ciudad construido por el Gobierno central y convertido en arma arrojadiza entre populares y socialistas.
Such apuntó que "se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Con este ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes". El decreto autonómico que regula la concesión de las ayudas de la ley de Dependencia establece un plazo máximo de seis meses para que la Generalitat resuelva cada caso, plazo que se está rebasando.
Según los datos facilitados a la oposición, la Generalitat ha registrado 8.055 solicitudes, de las que sólo ha remitido al ayuntamiento 7.177 para que realice el informe de entorno social. A su vez, el consistorio ha realizado sólo 5.756, con lo que existe un atasco en los servicios municipales de 1.488 solicitudes.
De los 5.756 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento a la Generalitat, la administración autonómica ha remitido a la municipal 2.295 propuestas de Plan Individual de Atención (PIA) a negociar y el consistorio ha devuelto al Consell 2.387 planes ya negociados. Finalmente, la Generalitat sólo ha reconocido las prestaciones económicas o de servicios previstos por la ley a 920 residentes de la ciudad de Valencia, lo que representa sólo el 12,8% de las 8.055 solicitudes registradas inicialmente por la Generalitat.
El 90% de los beneficiarios son cuidadores no profesionales que tienen personas dependientes a su cargo en casa.
Provincias 2009-09-17
El PSPV dice que el PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes
REDACCIÓN | VALENCIA
El grupo socialista alertó ayer de que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento y en la Generalitat 7.135 solicitudes de vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y ayudas de la ley de dependencia. El concejal Julio Such señaló que sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, y lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los vecinos se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar. «Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes», lamentó el concejal de la oposición.
El edil recordó que los Ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social. La concejala responsable, Marta Torrado, cargó contra Such y le acusó de «tergiversar los datos». Además, comentó que 3.318 personas de la ciudad ya reciben las prestaciones, por lo que acusó al edil socialista de utilizar la ley «como una herramienta política».
Pais 2009-09-18
El Consell paga a las residencias de la tercera edad con mucho retraso
Los dependientes dicen que pasan dos años hasta que se conceden las ayudas
JAIME PRATS - Valencia - 18/09/2009
Los colectivos afectados por la ley de la Dependencia se dieron cita ayer en Valencia, donde, en el mismo lugar pero por separado y desde sus distintos puntos de vista e intereses, exigieron agilizar la gestión de la norma.
Por un lado, empresarios y trabajadores reunidos en la jornada El empleo y la ley de la Dependencia organizada por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), destacaron la necesidad de tomarse en serio la aplicación de la ley. "Las residencias [concertadas] soportan entre siete y ocho meses de retraso a la hora de cobrar", apuntó Alberto Giménez, el presidente de Aerte. "La ley reconoce un derecho y por ello hay que ponerla en marcha sí o sí". Pero, al margen de la obligatoriedad legal, Giménez detalló los beneficios que puede aportar su puesta en práctica: "ofrece grandes retornos económicos a través de cotizaciones a la Seguridad Social, IVA... y otras cuestiones, como los ingresos que se ahorra la red sanitaria". Por ello, el responsable de la entidad que agrupa a las principales empresas del sector apeló a la Generalitat a "apostar por este sector de forma clara".
Entre las recetas que deben seguirse para agilizar la aplicación de la norma, Giménez se refirió a la necesidad de "aplicación la ley con criterios de calidad y profesionalidad". A ello aludieron también los sindicatos CC OO y UGT. Luis Agudo, responsable del área de negociación colectiva de Comisiones destacó el abuso de la figura del cuidador informal -en la Comunidad Valenciana representan el 31% de las prestaciones, frente al 27% de las residencias- por lo que "se vulnera el espíritu de la norma que contempla estas prestaciones solo en circunstancias en las que no se pueda acceder a otra modalidad de asistencia".
Los principales protagonistas de la ley, los dependientes y sus familiares, no estuvieron dentro, sino a las puertas del complejo de la Petxina, donde se celebró el encuentro. Allí, representantes de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, aguardaron la llegada de la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, para transmitirle sus quejas por el retraso de la norma y pedir que se agilicen los trámites administrativos. "Desde la presentación de la solicitud de las ayudas hasta la resolución hemos pasado de esperar 18 meses a dos años", señaló Palmira Castellano, una de las integrantes de la plataforma que un día antes, el miércoles, se reunió con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, con el mismo mensaje bajo el brazo: el atasco en la aplicación de la ley.
Tras comprometerse a reunirse con la plataforma, la consejera asistió a la clausura del encuentro, donde apuntó que más de 25.000 personas trabajan en empleos directamente relacionados con la Dependencia. Además, dijo que sólo durante este año y, gracias a una inversión de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con este sector.
Levante 2009-09-21
El Síndic recomienda resolver en seis meses las solicitudes sobre discapacidad
Cholbi insta a Bienestar Social a reducir al máximo las dilaciones en las resoluciones
EUROPA PRESS VALENCIA
El Síndic de Greuges, José Cholbi, recomienda a la Conselleria de Bienestar Social resolver "en el menor tiempo posible" y en un plazo máximo de seis meses, las solicitudes que se presentan en la Comunitat Valenciana sobre discapacidad. Asimismo, le insta a extremar las medidas tendentes a evitar "dilaciones" en este tipo de procedimientos, según el escrito consultado por Europa Press. La institución hace esta recomendación, con fecha 9 de septiembre, tras la queja presentada por una persona que no ha recibido respuesta a su solicitud sobre la calificación del grado de discapacidad después de casi un año.
El Síndic señala que la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva "la inobservancia de la normativa aplicable" al respecto. Así, destaca que se vulnera la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la administración la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Al respecto, explica que la Orden de Bienestar Social por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana indica que el plazo máximo para la resolución del procedimiento para revisión del grado de discapacidad es de seis meses, a partir de la fecha del acuerdo de iniciación comunicado al interesado. No obstante, el Síndic añade que los plazos "deben reducirse al máximo".
El corazón de la familia
José Cholbi Diego - Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
El aumento de la esperanza de vida -que ronda los 77 años-, lleva aparejado la aparición de problemas de salud. Los procesos crónicos y degenerativos aumentan el grado de incapacidad y afectan a la independencia y autonomía de los pacientes, especialmente a los mayores. En el Día Internacional del Alzheimer debemos recordar que desde el punto de vista legislativo, el punto de partida lo constituyen los artículos 49 y 50 de la Constitución Española. En los referidos preceptos se subraya la atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovidos por los poderes públicos para el bienestar de la ciudadanía. El texto constitucional consagra un modelo de Estado Social.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia tiene como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas y la garantía de la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español. En el pasado mes de marzo, la Comunidad Valenciana suscribió el convenio de colaboración con la Administración General del Estado para el desarrollo del marco de cooperación Inter-administrativo previsto en la mencionada ley.
Como Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana deseo aprovechar la ocasión para mostrar su solidaridad con los enfermos de alzheimer y con sus familiares. Porque es oportuno recordar que la enfermedad de alzheimer ataca al cerebro del enfermo y al corazón de la familia, frase recogida en la publicación "Comprender el Alzheimer", editada por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana en el año 2002, que es un valioso elemento de estudio para los profesionales y los cuidadores. Estudio que la propia Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) subraya en sus comunicaciones a sus asociados en apoyo de la situación de quienes sufren esta enfermedad.
Estoy convencido de que todos somos conscientes de que el fenómeno demográfico denominado "envejecimiento del envejecimiento", es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a los 80 años, se ha duplicado en sólo veinte años y que cada vez más necesita de todo nuestro afecto, de toda nuestra colaboración y de todos los esfuerzos que podamos llevar a cabo para salvaguardar sus derechos. Y es el cumplimiento de esos derechos lo que asumo como Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para vigilar que cuidadores y profesionales de los centros especializados conozcan los recursos aprobados en su día por la Generalitat Valenciana, al margen de aquellos que se han dado en llamar "apoyo informal", aprobados por la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Nuestra actitud frente a la enfermedad tiene que sustentarse en la paciencia y el respeto. Hay que tener presente que la enfermedad de alzheimer es un trastorno que altera no sólo al individuo sino también a los miembros de la familia. Afecta a todo el sistema familiar y modifica su rutina. Es por ello por lo que insisto en la frase: "La enfermedad de Alzheimer ataca al cerebro del enfermo y al corazón de la familia".
Provincias 2009-09-21
El Síndic pide rapidez a Bienestar Social para resolver solicitudes de discapacidad
EP | VALENCIA
El Síndic de Greuges, José Cholbí, recomienda a la Conselleria de Bienestar Social resolver «en el menor tiempo posible» y, en todo caso, en un plazo máximo de seis meses, las solicitudes que se presentan en la Comunitat sobre discapacidad. Asimismo, le insta a extremar las medidas tendentes a evitar «dilaciones» en este tipo de procedimientos.
La institución hace esta recomendación, con fecha 9 de septiembre, tras la queja presentada por una persona que no ha recibido respuesta a su solicitud sobre la calificación del grado de discapacidad después de casi un año.
El Síndic señala que la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva «la inobservancia de la normativa aplicable» al respecto. Así, destaca que se vulnera la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo.
Al respecto, explica que la Orden de la Conselleria de Bienestar Social por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad indica un plazo máximo es de seis meses.
El Defensor del Pueblo valenciano añade que teniendo en cuenta el «principio de eficacia» del que habla la Constitución, los plazos «deben reducirse al máximo», ya que las administraciones públicas «se rigen, por los criterios de eficiencia y servicio».
Información 2009-09-19
Nuevas acciones en defensa de la Ley de Dependencia
REDACCIÓN
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de ALICANTE ha mantenido esta semana una reunión para para concretar las próximas acciones que se van a emprender en protesta por la "nefasta" aplicación de la normativa. En este sentido, la plataforma tiene previsto seguir informando a los ciudadanos sobre sus derechos, realizar más reivindicaciones y manifestaciones, entrevistarse con el síndic de Greuges y mostrar su apoyo a la paralítica cerebral que lleva reclamando sus derechos desde 2007. Además, la plataforma pedirá una entrevista con la consellera de Bienestar Social.
Público 2009-09-21
El pago de la dependencia reabre el debate de la Ley
La mayoría de las comunidades exigen que el Estado reparta el dinero por el tipo de ayuda que prestan y no por el grado de autonomía // Sanidad retoma mañana la negociación autonómica
Una residencia cuesta unos 1.800 euros al mes, la teleasistencia, 20. Madrid concede más ayudas en centros y Murcia, más económicas. Según el PP, el modo de financiación no es acorde al coste real
Vanessa Pi
El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales.
Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la norma.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, llegó al cargo el pasado abril con el objetivo de relanzar la efectividad de la ley. Después de unos meses de protagonismo de la nueva gripe, el Ministerio retoma mañana durante la celebración
del Consejo Territorial –entre Gobierno y comunidades– el debate sobre la financiación, aunque la remodelación del pago no forma parte del orden del día de Sanidad. “Lo marca la ley y no podemos desviarnos ni cambiar el sistema”, defiende el secretario general de Política Social, Francisco Moza. El sistema trata de “compensar a nivel global”, añade.
Protesta sin color político
Catalunya (PSC) va a la cabeza de las comunidades que –con diferente color político– piden que el dinero se reparta según el tipo de ayuda que reciben. Estado y comunidades financian al 50%, según la ley, las ayudas a los dependientes.
Fundamentalmente, son dos partidas –el nivel mínimo y el nivel acordado– las que determinan los ingresos que las comunidades obtienen del Estado.
El nivel mínimo, según define la propia ley, es la cantidad que las comunidades reciben al finalizar el año, en función del grado y nivel de los dependientes a los que atiende.
Cuanto menor es la autonomía del beneficiario atendido, mayor es la cantidad que se paga por prestarle la ayuda.
Cada año se revisa esta cantidad, que se establece por meses y supone alrededor del 80% de lo que destina el Ministerio de Sanidad y Política Social para que la norma se haga efectiva. A la espera de que se contabilice el número exacto de dependientes del fin el año, los Presupuestos Generales del Estado contemplan 1.150 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia. Además, hay una aportación extra de 400 millones.
“No cuesta lo mismo una plaza residencial que una prestación por cuidador familiar”, recalcan en la consejería de Bienestar Social de Asturias.
En el Gobierno balear (como el de Asturias, en manos del PSOE, en coalición) recuerdan que el año pasado presentaron un modelo de financiación “basado en el tipo de ayuda que reciben las personas dependientes y que tenía en cuenta los diferentes costes”.
También Castilla y León (PP) insiste en que ha apostado por “los servicios residenciales”, por lo que asegura que realiza un “mayor esfuerzo económico”. Hay que sumar que en entornos rurales aumenta el precio de una plaza en una residencia.
Según los últimos datos publicados el 1 de septiembre por Sanidad sobre la implantación de la ley, Castilla y León es la quinta comunidad que más plazas de residencia concede a sus dependientes (un 18,66%). No obstante, otorga sobre todo ayudas económicas (un 34,82%), que suponen menos de una tercera parte del coste de la plaza residencial.
Catalunya –que ya recalcó su postura en el último consejo territorial de dependencia, entre los consejeros y la ministra Trinidad Jiménez–, considera además que el Estado debería aumentar las cuantías que ahora mismo aporta. También Castilla-La Mancha (PSOE) y Murcia (PP) opinan que se debe cambiar el criterio de distribución del nivel mínimo.
Perversión del sistema
Por otra parte, Baleares (PSOE) alerta de la perversión del actual sistema de reparto que no entrega el dinero por el tipo de ayuda y las comunidades acaban dando más dinero.
Estas son más baratas, pero pese a ser una opción por la que se decantan muchas familias, contradice el espíritu de la Ley, que persigue la creación de infraestructuras para que el cuidado de los dependientes no recaiga en el entorno familiar (sobre todo en mujeres), como es costumbre en los países mediterráneos.
El 51% de los dependientes que reciben ayudas cobran una pensión por cuidado en el entorno familiar. Murcia va a la cabeza: el 89% de las prestaciones que da son ayudas económicas para el cuidado familiar. Le sigue, con un 71%, Baleares. En cambio, en Madrid (PP), sólo un 13% de sus dependientes con ayuda efectiva tienen esta prestación.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denuncia que Madrid “ha cogido a los dependientes que ya tenía en residencias antes de la ley, cuyo coste pagaba de sus presupuestos, y los ha tramitado como beneficiarios de la ley”.
Con ello, explica, apenas se ha dado servicio a nuevos beneficiarios. “Les ha salido rentable”, asegura, “porque ahora ya no tienen que pagar el total del coste de las plazas en residencias”, denuncia.
Aunque las comunidades alcanzaran el consenso para modificar el modo de reparto del nivel mínimo –Extremadura, Andalucía y Cantabria no lo creen oportuno y Euskadi y Aragón (todas socialistas) no entran en el debate–, para introducir este cambio se debería modificar la ley.
La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, critica que, más allá de las discrepancias puntuales sobre la forma de repartir el nivel mínimo, “el modelo de financiación no es ni suficiente ni acorde con el coste real de los servicios que se están prestando, y eso genera inequidades”.
El portavoz de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defiende abiertamente un cambio de la ley, que considera “está mal diseñada, no compensa a las comunidades por las infraestructuras de atención social que crearon antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia y ahoga a los gobiernos autonómicos”.
En esa línea van las quejas de Madrid, País Valenciano (PP) y Navarra (UPN). Además de pedir que se reparta el nivel mínimo en función del tipo de ayudas, recalcan que las comunidades acaban aportando mucho más dinero que el Estado a la Ley de Dependencia, lo que imcumple la ley.
Las dos patas de la aportación del Estado
¿Cómo financia el Estado la ley de Dependencia?
Existen dos partidas. El nivel mínimo supone un 80% de la inversión. Se calcula al finalizar el año, multiplicando las cantidades que se fijan por cada dependiente atendido, en función del grado y nivel con que se les haya valorado. Esta forma de reparto está recogida en la Ley de Dependencia. La segunda partida es el nivel acordado, cuyo reparto consensuan las comunidades autónomas en el Consejo Territorial. Esta cantidad intenta compensar las diferencias entre territorios, como la insularidad, la dispersión de su población o su envejecimiento. En el último Consejo Territorial, en abril, se acordó que el número de personas valoradas tuviera un peso del 20% a la hora de definir el reparto.
¿Cuánto pagan las comunidades?
En teoría, al menos así lo marca la Ley, Estado y comunidades deben asumir a partes iguales el coste de la aplicación de la norma. No obstante, mientras el Estado incrementa año tras año su presupuesto y asegura que comparte el gasto como marca la ley, muchas comunidades denuncian que acaban asumiendo el peso del gasto de la aplicación de la Ley.
¿Se podría cambiar el modelo de reparto del nivel mínimo?
Para que el nivel mínimo se repartiera en función del tipo de ayuda que recibe cada dependiente, como reclama la mayoría de comunidades, se debería modificar la ley de dependencia. El PP reconoce que el modelo no es “suficiente ni es acorde con el coste real del servicio”. CiU defiende que se cambie la norma. De hecho, fue el modelo de financiación el que le hizo votar en contra de la Ley.

Fuente: Ministerio sa-nidad y política social prestaciones por dependencia a 1.9 Nivel de financiación acordado (en €/año)
solicitudes con derecho con ayuda 2007 2008 2009
Andalucía 300.799 182.013 144.403 36.246.571 42.207.117 55.912.452
Aragón 35.176 21.669 15.983 8.380.326 9.576.203 11.384.047
Asturias 26.490 15.060 9.767 7.171.802 8.037.961 9.099.628
Illes Balears 17.871 11.222 4.690 4.405.561 4.899.870 5.959.446
Canarias 21.792 13.145 4.194 7.709.606 9.140.979 9.791.944
Cantabria 16.104 11.778 9.102 3.384.477 3.654.416 4.558.344
Castilla y león 52.844 35.785 31.937 17.800.171 20.134.893 22.289.480
Castilla-La mancha 57.530 36.829 23.798 11.644.976 13.523.226 16.517.424
Catalunya 150.906 117.398 63.369 32.393.438 39.332.134 47.450.632
País Valenciano 43.831 35.382 21.887 21.277.833 25.160.886 26.420.382
Extremadura 28.547 17.489 8.254 6.638.864 7.399.681 8.743.361
Galicia 60.753 41.595 27.406 18.753.108 20.958.127 23.269.981
Madrid 42.982 36.487 18.194 23.403.848 27.516.688 29.722.849
Murcia 20.671 20.641 8.984 5.860.220 6.886.740 8.661.327
Navarra 17.346 9.692 8.402 3.223.905 concierto económico*
País vasco 70.677 39.319 36.716 9.555.786 concierto económico*
La Rioja 9.853 7.066 5.991 1.633.434 2.044.285 2.739.770
Ceuta y Melilla 2.858 1.465 1.399 516.075 546.254 676.353
Total 977.030 654.035 444.476 220.000.000 241.019.460 283.197.420
* El Ministerio de Sanidad no dispone de los datos por la tributación especial de País Vasco y Navarrra

Nivel mínimo de financiación (en €/persona atendida/mes) 2007 2008 2009
III Grado Gran dependiente Nivel 2 250 255,1 263, 9
III Grado Gran dependiente Nivel 1 170 173,4 179,4
II Grado Gran dependiente Nivel 2 100,0 102, 0
II Grado Gran dependiente Nivel 1 70
Fuente: Ministerios de trabajo y de política social: El nivel mínimo es la cantidad que el Estado da a las comunidades en función de cada dependiente atendido, por meses y en función del grado y nivel de dependencia de los beneficiarios del sistema. Representa un 80% de la inversión estatal total.
Levante 2009-09-22
El ayuntamiento deja sin ascensor una exposición inspirada en la fibromialgia
La muestra finalizará hoy sin ser visitada por quienes padecen la enfermedad, de la que hablan los lienzos repartidos por tres pisos
M. ZARAGÜETA VALENCIA
La exposición que acoge hasta hoy la sede de la Junta Municipal de Ciutat Vella, Fibromialmas, del pintor de Algemesí Félix Pérez, finalizará sin haber sido visitada por quienes padecen la enfermedad que la inspiró. El Ayuntamiento de Valencia no ha facilitado las llaves del ascensor del edificio que ha albergado la obra durante 13 días y que la reparte en tres pisos inaccesibles para personas con las deficiencias musculares y esqueléticas, además del dolor persistente que caracterizan a la fibromialgia.
Desde que la exposición fue abierta al público, el pasado día 9 de septiembre, sus visitantes han sufrido los defectos del edificio y del servicio del mismo, tres alturas que no cuentan ni con sillas que den descanso a los enfermos, ni con las llaves que den funcionamiento al ascensor o con rampas que permitieran el acceso a los interesados en la obra de un artista que refleja su mismo padecimiento y conocer los cuadros pintados, fruto del dolor de portar una enfermedad como la fibromialgia.
Según asegura el artista, la Junta Municipal, aún conociendo estos problemas, no ha puesto solución a los mismos. Un único bedel cuida la exposición y reconoce que muchos , tanto mayores como enfermos, no han podido entrar a visitarla.
Félix Pérez, enfermo de fibromialgia, realizó su obra en un momento en el que la enfermedad le había anulado física y psicológicamente. Quiso expresar su sufrimiento en una colección de cuadros. A lo largo de toda la exposición y desde el primer cuadro se muestra el dolor permanente y el sufrimiento del artista que trata de transmitir y dar a conocer una enfermedad que entiende como "una epidemia social".
Un único bedel cuida la exposición, reconoce que muchos , tanto mayores como enfermos no han podido entrar a visitarla.
´Es necesario que se conozca la epidemia´
Félix Pérez, creador del arte que se expone en la sede de la Junta Municipal de Ciutat vella, en la calle Micalet, contó que el Ayuntamiento "no cedió ni el ascensor". Además, considera que la exposición, Fibromialmas, "ha pasado desapercibida" porque tampoco se han puesto en contacto con los medios de comunicación. También denunció que el Ayuntamiento no ha informado y que "está obligado a ponerse en contacto con la prensa" para comunicarle este tipo de ofertas culturales. Sin embargo y a pesar de ello, "no aparece en las carteleras de la prensa", expresó Félix Pérez. El pintor valenciano lamentó la cantidad de gente que no ha podido acceder al edificio y no conocerá su obra al presentar éste dificultades de acceso para personas enfermas o con problemas de movilidad, que caminan con dificultad, etcétera. Algo que podría haberse resuelto de forma muy sencilla si hubieran facilitado las llaves del ascensor del edificio. Al mismo tiempo, mostró interés en señalar que es un tema "muy serio" por el que no han mostrado interés y que se trata de "una epidemia social que es necesario que la gente conozca y sepa de su existencia".
Con su obra ha pretendido que su pintura transmita su experiencia del dolor fruto de una enfermedad que es una realidad social. Por ello, expresa con fuerza sus sentimientos en los lienzos que pintó en un momento duro de su enfermedad, intentando transmitir su propia experiencia y su perspectiva personal de la realidad.
Información 2009-09-22
El PSOE pide a la alcaldesa que no dé la espalda a los dependientes de Aspe
P. G. El portavoz del grupo municipal socialista de Aspe, Manuel Díez, ha reclamado a la alcaldesa, la popular Nieves Martínez, "un mayor compromiso con los posibles beneficiados por la Ley de Dependencia" que establece importantes prestaciones para aquellas personas que tienen problemas de autonomía en su vida.
Los socialistas, adheridos a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, vuelven a criticar los escasos recursos que el Ayuntamiento dedica a solucionar los graves problemas que la falta de aplicación de la Ley está produciendo en muchas personas mayores y enfermos crónicos.
Diez explicó ayer que el equipo de gobierno del PP se ha limitado a realizar un contrato de acumulación de tareas a una trabajadora social para agilizar las visitas a domicilio y todo ello mediante dos contratos de dos meses cada uno. "Una actuación que -según el socialista- pone de manifiesto que ni para el PP ni para la alcaldesa, las personas y sus problemas son lo primero. Primero está la lealtad a su partido, que entorpece y pone trabas al cobro de esta prestación". Por eso exige todos los recursos necesarios para que los vecinos de Aspe disfruten de un derecho reconocido por Ley y critica a Nieves Martínez por dedicar esos a la "autopromoción y autobombo". Del mismo modo considera que no se puede consentir que 43 personas de Aspe hayan fallecido en estos dos últimos años esperando las ayudas. "En este caso la pasividad de la alcaldesa y sus concejales, sumado a la dejadez del Consell, les hace cómplices de estas tragedias", subraya Díez exigiendo "más valentía" al grupo municipal popular en la defensa de los intereses de sus vecinos en situación de dependencia. Que hasta el día de hoy son 400.
Levante 2009-09-23
Such exige una ´cláusula de revisión´ para la Dependencia en la financiación autonómica
La consellera de Bienestar Social pide ajustar los datos a la realidad para que no perjudique a la C. Valenciana
LEVANTE-EMV VALENCIA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, destacó ayer que espera que a lo largo de la tramitación parlamentaria de la financiación autonómica se tenga en cuenta "una cláusula de revisión" para la Dependencia ya que los datos con los que se contaba hasta ahora "no eran el reflejo de la realidad", lo que ha perjudicado a la Comunitat Valenciana "en el reparto de financiación".
Así se manifestó la consellera después de asistir al Consejo Territorial de Dependencia, en el que se llegó al acuerdo de homogeneizar los datos de Dependencia, y en el que se acordó comenzar los trabajos de análisis de la Ley para poder tener cerrado el diagnóstico. Asimismo, se llegó a un acuerdo sobre el sistema de datos, y se acordó que se ponga en marcha "un sistema estadístico con criterios homogéneos" para todas las regiones.
Público 2009-09-23
Fin a las cifras maquilladas de la dependencia
Los beneficiarios de varias ayudas se contabilizarán una sola vez
El Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas dieron ayer un paso de gigante para conocer la cifra real de beneficiarios de la Ley de Dependencia. El Consejo Territorial modificó los parámetros con que se recogen los datos, de tal forma que no se podrán registrar dependientes por triplicado, como sucede ahora. Conocer el número de dependientes evaluados y con ayudas efectivas es clave; la cifra determina el 85% del dinero que cada autonomía recibe del Estado.
A partir de ahora, las comunidades deberán introducir sus datos en un sistema informático común que tendrá como eje el usuario y no la prestación. Esto evitará que cuando un ciudadano tenga una plaza en un centro de día, además de teleasistencia y ayuda a domicilio, figure una sola vez en el sistema y no hasta tres. Aparecerá su nombre con la prestación principal que recibe y las complementarias.
Formación de cuidadores
La reunión de ayer también sirvió para impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. Recibirán cursos de como mínimo 15 horas, que les enseñarán a cuidar mejor a sus dependientes y a prevenir lesiones, así como a evitar el estrés que les comporta estar las 24 horas del día cuidando a otra persona.
Estos cursos se financiarán en parte por los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social
Estos cursos se financiarán en parte por los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social, ya que hay cuidadores familiares que se han dado de alta, y a través de varios créditos que aporta el Estado.
El presidente de la Federación de Empresarios de la dependencia (FED), Alberto Echevarría, criticó el acuerdo. Según explicó, las empresas del sector también formarán a estos cuidadores, pero no recibirán más dinero del que reciben ahora del Estado para ello.
La ministra Trinidad Jiménez destacó que en 2009, con los "casi 2.000 millones" que ha invertido el Ministerio en la Ley, se han duplicado los Presupuestos del año pasado. Según destacó la ministra, esto ha hecho posible que en lo que va de año se haya evaluado al mismo número de personas que en los dos primeros años de implantación de la Ley. Además, aseguró que al finalizar 2009, "dos de cada tres personas consideradas dependientes estarán recibiendo atención".
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SALUD PÚBLICA
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Provincias 2009-09-09
Benissa
El PSPV se une a la demanda hecha por los padres y solicita un pediatra
A. O. | BENISSA
El PSPV de Benissa ha decidido sumarse a la campaña de recogida de firmas emprendida por padres y madres de localidad en demanda de un pediatra.
Según la edil socialista, María Dolores Luna, el PSPV presentará en el pleno de hoy una moción solicitando que se cumpla la ley y se cubra la plaza de Pediatría del centro de salud del municipio por un médico con esta especialidad.
Luna dejó claro que su apoyo a esta reivindicación de los padres, no tiene nada en contra de los profesionales, pero consideran que la salud es muy importante y no se puede jugar con ella.
La edil recordó que el centro de salud de Benissa hace más de 20 años que está en funcionamiento y hasta ahora ha contado con un especialista en pediatría, un puesto que ha sido cubierto por un médico de familia, denunció Luna, desde que la mercantil Marina Salud se encargó de la gestión sanitaria en la comarca.
La campaña de recogida de firmas en demanda de un pediatra para Benissa arrancó a finales de agosto. Una iniciativa que ha conseguido recabar el apoyo de un gran número de ciudadanos, según dijo la concejala socialista, y que desde el PSPV esperan con su moción consiga el respaldo de todos los grupos políticos.
La moción, si se aprueba, será remitida tanto a la Conselleria de Sanidad como a la empresa Marina Salud.
Provincias 2009-09-09
El PSPV de Dénia denuncia la «mala» situación sanitaria
Los socialistas critican que el parking del hospital sigue siendo de pago
ANDREA LOBATO | DÉNIA
Los concejales del PSPV de Dénia, Vicente Grimalt y Cati Mínguez, denunciaron ayer las carencias y deficiencias de la situación sanitaria de la ciudad.
Y es que «suspenden» la gestión del servicio sanitario del actual equipo de gobierno, y concretamente a la alcaldesa, Ana Kringe, encargada del departamento.
Según explicó Mínguez, «las obras del acondicionamiento del centro de especialidades siguen paralizadas, el consultorio auxiliar en Las Marinas ha dejado de prestar servicio, el centro de salud de Dénia está colapsado, existe una carencia de recursos humanos y materiales, tenemos menos servicios sanitarios que hace años, y aún no tenemos noticias del segundo centro de salud en la avenida Miguel Hernández».
Pero lo que más le preocupa a los socialistas es que «el parking del Hospital de Dénia continua siendo de pago». Mínguez argumentó que «el paciente de un tratamiento de hemodiálisis tendría que pagar 120 euros al mes por el parking, y esto supondría casi la mitad de la paga de un pensionista». Grimalt cuestionó si el Hospital de Dénia tienen la licencia de actividad y por ello exigió al equipo de gobierno acceder a ésta.
Es más, exigió que si no tienen la licencia «que precinten el parking». El edil aseguró que cuando, en su momento, firmó la licencia de obra «no venía especificado la construcción de un parking de pago», pues dijo que él firmó «la habilitación de un espacio para aparcamiento». Los socialistas acusaron a la alcaldesa de tener «una actitud servil con la Conselleria» y es que afirmaron que «no ha sabido arrancar un compromiso firme al conseller de Sanidad».
Por ello durante su comparecencia exigieron a la alcaldesa de Dénia que «negocie la gratuidad del parking del hospital y la construcción del segundo centro de Salud en la avenida Miguel Hernández». De hecho, según apuntó Mínguez, «es indignante que mientras son evidentes estas carencias nuestras autoridades locales miran hacia otro lado». «Que dejen de vender a los ciudadanos obras faraónicas sin tener solucionados los servicios básicos, servicios sanitarios, educativos y sociales», añadió la edil socialista.
Respecto a las tarifas del parking, la empresa Marina Salud informó que el precio es de 1.90 euros la hora, siendo los 10 primeros minutos gratis y un máximo de 20 euros al día.
En cuanto a la licencia, comunicaron que poseen la licencia para la actividad hospitalaria, y ésta incluye la del parking.
Tarifas : El precio del parking del hospital de Dénia es de 1'90 euros la hora, siendo los primeros diez minutos gratis. Además cuenta con un máximo de 20 euros al día.
Levante 2009-09-11
El canon que el Consell paga al hospital de la Ribera aumenta un 38% en 4 años
La Generalitat abona 572 euros por cada uno de los 264.000 habitantes, 158 más que en 2004
CARLOS ALÓS ALZIRA
La tarifa que la Generalitat abona al hospital de la Ribera por la atención sanitaria de los 264.000 habitantes de la comarca a los que el centro hospitalario presta asistencia se ha incrementado un 38% en apenas cuatro años. La prima por habitante ha pasado de 413 euros en 2004 a los 572 euros por vecino que la Generalitat transfirió en 2008. Los datos forman parte de la memoria del año pasado a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El hospital de Alzira, el primer centro sanitario público de España cuya gestión fue concedida a una empresa privada, ha visto como el canon que el Consell de Francisco Camps abona no ha dejado de crecer desde que el centro abrió sus puertas el 1 de enero de 1999. El aumento de 158 euros por habitante coincide en el tiempo con la modificación de la concesión administrativa que se realizó en 2003 para que Ribera Salud, empresa que lidera Adeslas (51%), y de la que forman parte Bancaja y CAM (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%), ampliara su ámbito de gestión a los centros de salud y ambulatorios de buena parte de la comarca y se hiciera cargo de la asistencia primaria y especializada. La variación del canon que cobra el hospital de la Ribera supone más del doble del aumento que ha registrado el IPC, que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), creció un 16,4% desde enero de 2004, fecha en la que el Consell abonaba 413 euros frente a los 572 de 2008.
Durante estos años, el hospital de la Ribera se ha convertido en la bandera de la política sanitaria del PP que ha expandido el llamado "modelo Alzira" con nuevos hospitales de gestión privada en la Comunitat Valenciana y también en la de Madrid, las dos autonomías más pobladas en las que gobierna. El canon del Consell es además la principal fuente de financiación del hospital. El concurso de 2003 permitió también ampliar la concesión administrativa a 15 años, por lo que la gestión privada del hospital universitario de la Ribera no concluirá hasta 2018, aunque es prorrogable por 20 años más.
Las fuentes consultadas del hospital aseguran que el aumento de la "cápita" obedece a que el centro no ha escatimado esfuerzos en la inversión para mejorar el servicio. La prima, según el hospital, crece cada año en proporción al aumento presupuestario de la propia conselleria y del ministerio. Además aseguran que 2004 es justo cuando se incorpora la primaria a la gestión del hospital.
Más de tres millones de beneficio en un año
Ribera Salud-UTE, la empresa que gestiona el área de salud de la Ribera y de la que forman parte Adeslas (51%), Bancaja y CAM (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%), obtuvo en 2007 un beneficio de 3,1 millones de euros. Esa cifra supuso un aumento del 23% respecto al año anterior cuando la cantidad declarada ascendió a 2,5 millones. No siempre fue así. El hospital registró pérdidas en los cuatro primeros años de gestión que en 2002 llegaron a alcanzar los 2,6 millones. En 2003 se rescindió el contrato entre el Consell y la UTE y se realizó uno nuevo que incluía la atención primaria y especializada de toda el área de salud. Según fuentes del centro sanitario, las inversiones totales acumuladas superan los 114 millones de euros.
Provincias 2009-09-13
La odisea de una familia
La falta de asistencia sanitaria en El Perelló ha provocado la indignación del marido de Luisa, quien fue atendida por los vecinos y falleció un día después
A. TALAVERA | EL PERELLÓ
Superar la pérdida de un ser querido siempre es difícil pero aún lo es más de la forma que tuvo que vivirlo esta familia de Massanassa.
La familia Navarro veranea en El Perelló y el pasado domingo, Luisa Solera, una mujer muy de 57 años muy activa y sana, empezó la jornada de forma habitual, pero tras realizar algunas tareas empezó a encontrarse mal y notar que le faltaba el aire. Su marido Pedro intentó ayudarla pero mientras estaba en el baño sufrió un ataque y perdió la consciencia.
Inmediatamente, Pedro la trasladó al centro de salud de El Perelló. La desagradable sorpresa con la que se encontró fue que estaba cerrado a las once y cuarto de la mañana.
«Unas personas que estaban por la calle vinieron a ayudarnos», relata Pedro, marido de la fallecida. Por suerte, los transeúntes que asistieron a Luisa eran médicos. «Me dijeron que había sufrido una parada cardíaca y comenzaron a realizarle un masaje allí en la acera», continúa Pedro.
El centro sanitario estaba cerrado, ya que en El Perelló a partir del mes de septiembre sólo hay servicio de lunes a viernes en horario de mañana. El resto del tiempo los pacientes tienen que acudir al centro de Sueca, situado a unos diez kilómetros.
Pero Pedro no sabía que estaba cerrado, ya que durante los meses de julio y agosto, por el aumento de la población, permanece abierto durante toda la semana. «Si lo hubiese sabido, habría acudido directamente a Sueca», comenta Pedro.
Y continúa relatando lo ocurrido, «fue un espectáculo porque mi mujer estaba tendida en el suelo y toda la gente que pasaba allí mirando, si por lo menos hubiese estado el ayuntamiento abierto para entrar y no tener que estar en medio de la calle», se lamentó.
Esta escena ocurría mientras esperaban la llegada de una ambulancia que trasladara a Luisa al Hospital Universitario de la Ribera. «El Samu tardó unos 40 minutos», comenta indignado uno de los hijos.
Tras esta larga espera, llegó la ambulancia que intentó estabilizarla hasta la llegada al centro hospitalario. «Cuando estaba en la ambulancia volvió a sufrir otro infarto», añade Pedro.
Al mediodía del día siguiente, le comunicaban a la familia que Luisa había fallecido por un paro cardíaco en el Hospital.
Tras lo ocurrido, esta familia de Massanassa protesta por la situación tan dramática vivida en El Perelló a causa del limitado horario de asistencia sanitaria con el que cuentan. «Puede ser que Luisa no se hubiese salvado aunque el ambulatorio hubiese estado abierto pero no queremos que les pase lo mismo a otras personas», reflexiona Pedro.
«La alcaldesa dice que el centro de Sueca sólo está a cinco minutos, será cuando no hay tráfico. Y además, hay mucha gente que no tiene coche para desplazarse», contesta el marido de Luisa a las declaraciones que realizó Dolores Simón, alcaldesa en funciones de El Perelló a LAS PROVINCIAS.
A pesar del trágico final, «estamos muy agradecidos por la ayuda que nos prestaron en la calle los médicos que atendieron a Luisa», reconoce la familia Navarro, pese al dolor que viven por lo ocurrido.
Información 2009-09-13
Las primeras visitas a Rehabilitación crecen un 65% en el primer semestre
P. G. El Servicio de Rehabilitación del Hospital General de Elda-Virgen de la Salud ha aumentado un 42% el número de sesiones de fisioterapia en el primer semestre de 2009, pasando de 138.000 en 2008 a más de 197.000 en lo que va de año. Entre los meses de enero y junio también se ha producido un significativo aumento en las primeras visitas, que han pasado de 3.421 a 5.664, lo que supone un incremento del 65%. Sin embargo, el número de visitas sucesivas se ha reducido en un 32%. Una circunstancia que, según explican los responsables sanitarios, refleja una mayor eficacia en los tratamientos que hace innecesaria la continuidad de los mismos.
Otro dato a destacar es que en este primer semestre se han atendido a 3.000 pacientes, lo que supone un crecimiento del 15% en el número total de usuarios.
Los profesionales del Servicio de Rehabilitación atienden a pacientes de diversas especialidades y, aunque las patologías tratadas son muy variadas, las más frecuentes son los dolores y desviaciones de columna, las lesiones de hombro, los accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, retrasos psicomotores, parálisis cerebrales, enfermos traumatológicos, reumáticos y neurológicos.
Levante 2009-09-15
El Bloc denuncia privatizaciones, saturación y falta de programación en la sanidad
EUROPA PRESS VALENCIA
Los diputados de Compromís y miembros del Bloc Enric Morera y Josep Maria Pañella presentaron una batería de preguntas parlamentarias en las Cortes Valencianas para saber si la Conselleria de Sanidad de esta comunidad va a dar soluciones a los problemas de "privatizaciones, saturación y falta de programación en la sanidad valenciana", según informaron fuentes de la formación a través de un comunicado.
En concreto, los parlamentarios inquieren "por la falta de personal en el Hospital de Elx, la privatización y carencia de servicios previstos en el nuevo Hospital de Ontinyent y por la falta de información que tienen los trabajadores de la Administración pública valenciana frente a la Gripe A".
En el caso del Hospital de Elx, Enric Morera se hace eco de las denuncias de los sindicatos que alertan de que en verano, las enfermeras de Urgencias "han tenido que pasar a cubrir otros servicios cuando la presión asistencial aumentaba". El personal de Urgencias fue desviado a quirófanos y neonatos, lo que causó un gran malestar en los trabajadores.
Provincias 2009-09-15
El hospital de Llíria no atenderá a las parturientas como prometió Sanidad
La Generalitat reformará el Arnau de Vilanova para que las embarazadas de Camp de Túria dejen de dar a luz en La Fe
M. R. | VALENCIA
Unas 1.500 mujeres de Camp de Túria darán a luz cada año en el Arnau de Vilanova
Las promesas se las lleva el viento. Hace menos de dos años, la Conselleria de Sanidad, por aquel entonces dirigida por Rafael Blasco, anunció que las parturientas de Camp de Túria podrían dar a luz en el futuro hospital de Llíria. Cuando las obras deben estar en sus etapa final, el actual titular de esa misma cartera, Manuel Cervera, sostiene ahora que las embarazadas de esa comarca deberán alumbrar en Valencia.
En la actualidad, los partos de mujeres residentes den Camp de Túria, Los Serranos y el Rincón de Ademuz son atendidos, o al menos así está delimitado, por el hospital La Fe. Sin embargo, como en el resto de las urgencias, las localidades más alejadas de Valencia acaban en Teruel.
El cambio viene motivado por una reforma en el Arnau de Vilanova, hospital de referencia para los vecinos de la zona sanitaria que engloba las tres comarcas. Así lo especificó en Les Corts Manuel Cervera tras una cuestión parlamentaria de Mónica Oltra, diputada de Compromís, quien preguntó a qué centro iban a acudir las parturientas de esta área.
Nueva línea
El conseller de Sanidad respondió que está previsto realizar reformas en el Arnau de Vilanova para añadir una línea de «atención materno infantil». De este modo, tal como especifica Manuel Cervera en su argumentación, las mujeres de Camp de Túria irán a este hospital de referencia cuando se inaugure la Nueva Fe.
«Esta fórmula se contradice con las empleadas en otros departamentos de Salud, como por ejemplo los de Xàtiva u Ontinyent, hospitales comarcales que pese a estar muy próximos uno del otro, tienen incorporado en su plan de gestión la atención a la maternidad», lamentó Mónica Oltra.
«La falta de este servicio, viene a apuntalar la idea de que el hospital comarcal del Campo de Turia-Serranos es simplemente una instalación auxiliar del Arnau que no contará con los servicios básicos», añadió Oltra.
En octubre de 2006, la Conselleria de Sanidad resaltó las ventajas que supondría que cada año 1.500 mujeres diesen a luz en Llíria y no en Valencia. Con la ampliación de la pista de Ademuz, especialmente en horas punta, el acceso al hospital comarcal será más rápido que llegar al Arnau.
La Conselleria, menos de dos años después, ha desistido de ofrecer esta mejora. Al menos las mujeres de Camp de Túria no deberán desplazarse a la Nueva Fe, que quedará ubicada bastante más lejos de las poblaciones de esta comarca en referencia al centro que actualmente sigue en servicio.
El hospital comarcal de Llíria, por su parte, debe inaugurarse en los primeros meses de 2010, según las previsiones de la Conselleria de Sanidad.
Provincias 2009-09-15
Los vecinos de Mislata, en contra de que el Vázquez Bernabéu sea para crónicos
J. MIQUEL | MISLATA
Los vecinos de Mislata están enfrentados con la Conselleria de Sanidad por el Vázquez Bernabéu, el antiguo Hospital Militar. Mientras el organismo autonómico quiere destinar el centro para enfermos crónicos, psíquicos y terminales, los residentes exigen que se amplíe la plantilla para atender consultas y urgencias.
Los próximos días 17 y 24 de septiembre y el 1 de octubre serán testigos de estas protestas organizadas por la Coordinadora Vecinal y autorizadas por la Delegación de Gobierno.
«Un hospital de atención a crónicos y enfermos de larga estancia y que asista a personas con patología física y psíquica». Así ha presentado Manuel Corredera, alcalde de Mislata, el Plan Funcional para el Hospital Militar que la Generalitat prevé iniciar el 1 de enero de 2010.
«Seis nuevas especialidades, desde neurología hasta neumología y psicología, reforzarán en los próximos 15 días, el actual servicio», añadió Corredera.
Según el plan, el nuevo Área Médica Integral tendrá una capacidad para 184 camas y el Área de Salud Mental para 90.
La inclusión de Mislata en el área del hospital de Manises ha sido otro de los motivos de protesta. «Defendemos la gestión pública de nuestro centro sanitario», argumentan los vecinos.
Información 2009-09-15
Sanidad reitera que las máquinas de asfaltado causaron el brote de legionela
Manuel Escolano afirma que hay una "evidencia epidemiológica" entre estas obras y la aparición de los once casos registrados
M. CANDELA
La Conselleria de Sanidad insiste en que la actuación de las máquinas de asfaltado causó el reciente brote de legionela de Alcoy, al considerar que existe una "evidencia epidemiológica", según informó ayer tarde el director general de Salud Pública, Manuel Escolano, que se reunió con el alcalde Jorge Sedano y los portavoces de los grupos de la oposición.
Escolano reiteró la tesis sustentada por Sanidad sobre el brote número 14 en la historia reciente de Alcoy, con 11 afectados, uno de los cuales falleció, tal y como se ha venido informando. Tras subrayar la labor de investigación efectuada, el director general rechazó precisar el origen con "confirmación definitiva", dado que para ello "haría falta una muestra ambiental y otra biológica, y analizarlas".
Sin embargo, agregó que se ha dado "un asociación muy significativa y con un amplio nivel de evidencia" entre la labor de las máquinas de asfaltado, a principios de agosto, y la detección de los casos. "Hay una asociación muy clara con una actividad en concreto", manifestó. De esta forma, rechazaba la posible incidencia de otras causas denunciadas, como la labor de las máquinas de limpieza viaria, que también utilizan agua.
En cuanto a la posibilidad de que la empresa causante de esta situación pueda ser sancionada, Escolano dijo que "los técnicos están analizando la gestión y hacemos consultas para ver hasta que punto" puede concretarse, aunque admitió que "esto escapa del ordenamiento jurídico".
También hizo hincapié en el "exhaustivo control efectuado sobre la red de agua y las instalaciones en procesos productivos con un nivel de riesgo mínimo. De cada situación sacamos conclusiones para evitar que se repita, y más en este caso que fue muy peculiar y rápidamente detectada".
Escolano acudió ayer tarde al Ayuntamiento de Alcoy, con el fin de explicar la situación epidemiológica tanto al alcalde como a los portavoces de los grupos municipales. El director general destacó la labor realizada, indicando que "desde el primer momento se efectuó una búsqueda de las instalaciones y de otras nuevas; se encontró una asociación con determinadas fuentes de exposición, se actuó y la cadena de transmisión se abortó". En su opinión, "la red de vigilancia epidemiológica funcionó y las medidas fueron eficaces".
Provincias 2009-09-16
2.200 vecinos de Aldaia exigen más autobuses para ir al Hospital de Manises
GEMMA BARGUES | ALDAIA
La apertura del Hospital de Manises sigue siendo motivo de discusión, en este caso, para los vecinos de Aldaia que muestran su preocupación por la falta de autobuses que conecten el municipio con el hospital, así como por el futuro del centro de especialidades del municipio.
«No hay suficientes paradas en algunas zonas residenciales, lo que obliga a los vecinos a recorrer largas distancias a pie», aseguró la alcaldesa, Empar Navarro, quien exigió a la EMT la creación de una línea que transcurra por el centro y la periferia de Aldaia hasta el hospital.
Pero esta no es la única preocupación. Un total de 2.200 firmas recogidas por el Ayuntamiento exigen a la Generalitat «el mantenimiento del centro con todas sus especialidades y una solución ante la reducción de médicos y horarios», explican fuentes municipales.
«Confusión y falta de planificación». Así de contundentes se muestran los usuarios ante un problema que no se soluciona «a pesar de que Conselleria se comprometió a cubrir las plazas y los horarios de consulta».
Provincias 2009-09-16
Acusan a Sanidad de incumplir el decreto para la prevención de la legionela en Alcoy
El PSOE denuncia que no se aplicó el protocolo en las máquinas de asfaltado pese a estar catalogadas en la normativa
B. NAVARRETE | ALCOY
El PSOE acusa a la Conselleria de Sanidad de no aplicar los protocolos higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionela, recogidos en el real decreto aprobado en 2003, en las unidades móviles de asfaltado a las que se les ha atribuido el último brote en Alcoy, pese a estar catalogadas como posible propagador de la bacteria. Para la oposición, la aparición de nuevas vías de transmisión, al margen de los sistemas de refrigeración de las industrias, pone ahora en duda las investigaciones llevadas a cabo en la última década sobre el origen de la legionela en Alcoy.
El pasado 19 de agosto se declaraba en la ciudad un nuevo brote de legionela, el decimocuarto desde el año 1999, que se saldó con once afectados y un fallecimiento. La Conselleria de Sanidad ha atribuido su origen a las máquinas de asfaltado de las calles del barrio de Santa Rosa, lo que genera nuevas incógnitas. Según la diputada socialista Rebeca Soler, «el conseller de Sanidad declaraba hace dos años que la salud de los alcoyanos estaba más preservada que nunca y destacaba el éxito de los sistemas de control, no obstante, yo ya manifesté mi preocupación ante las numerosas contradicciones respecto a las medidas de prevención y por el cierre en falso del problema».
Cartografía
Así, Soler denuncia ahora el incumplimiento del real decreto del 2003 en el que se establecieron los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis al señalar que «este tipo de aparato, al que ahora se le atribuye el último brote, está catalogado como posible propagador de la bacteria, y no estaba incluido en las inspecciones y en la cartografía, por lo que la Conselleria no aplicó todas las medidas de prevención».
En esta misma línea, y tras la reunión mantenida entre el director general de Salud Pública, Manuel Escolano, y los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcoy, el portavoz de EU, Paco Agulló, señala que «todavía desconocen los factores particulares que generan los diferentes brotes en Alcoy, a pesar de la hipercloración del agua y las importantes inversiones de los empresarios en las torres de refrigeración, lo que obliga a ampliar los estudios».
Además, Agulló denuncia que Sanidad anunció el origen del último brote sin conocer las pruebas de los cultivos definitivos, algo que contrasta con las informaciones de los anteriores brotes.
Provincias 2009-09-17
Vecinos de Campamento denuncian listas de espera médicas de un año en Paterna
GEMMA BARGUES | PATERNA
Tercermundista y desesperante». Así de contundente se ha mostrado la Asociación de Vecinos del Barrio Campamento de Paterna al valorar el sistema sanitario del municipio que no ha parado «de dar problemas desde la apertura del Consultorio Auxilar de Campamento el pasado mes de mayo». Las listas de espera para ser atendido en el centro de especialidades son cada vez más «interminables» para los vecinos. «La espera del traumatólogo es de medio año. Un paciente que pidió cita en junio de 2009, recibió la misma para enero de 2010», aseguran fuentes de la asociación vecinal.
«Un año es lo que tienes que esperar para ser atendido en rehabilitación, cuatro meses en dermatología y cinco en cardiología. Exigimos que se contraten más especialistas para estos departamentos», reclaman estos vecinos.
Fuentes municipales aseguran que entre sus principales proyectos en materia de salud, se encuentra «el continuo refuerzo sanitario, la rehabilitación del actual centro de salud de Paterna y la construcción de un nuevo centro de especialidades».
El retraso en la construcción de ambulatorios en Valterna y Campamento es otra de las asignaturas pendientes que ni «el consistorio ni Conselleria parecen querer aprobar», añaden los vecinos.Por su parte, el Ayuntamiento pide «paciencia a los vecinos ya que estamos a la espera de que Conselleria apruebe la construcción de estos centros».
Provincias 2009-09-22
El PSPV de Ontinyent quiere convocar el Pacto por la Sanidad para exigir un hospital digno
ENRIC ALBERO | ONTINYENT
La ejecutiva del PSPV de Ontinyent aprobó por unanimidad la iniciativa de su secretario general y portavoz municipal, Jorge Rodríguez, de iniciar los contactos para convocar el Pacto por la sanidad. En la última ejecutiva, el líder de los socialistas planteó la idea de que había llegado el momento de dar un nuevo impulso a la plataforma de partidos, sindicatos y asociaciones que se formó antes de las pasadas elecciones municipales para reivindicar la construcción del nuevo hospital en la localidad.
Rodríguez justificó ante la ejecutiva de su partido la decisión de convocar el Pacto para la Sanidad en que dos años después, lo único que se sabe del futuro hospital «es un cartel luminoso que costó tres millones de pesetas, con las luces fundidas, que nos habla de un hospitalito de 70 habitaciones».
Rodríguez destacó que el PSPV de Ontinyent está llamado a liderar el cambio político, y tiene «la responsabilidad de impulsar un movimiento ciudadano que tenga como objetivo exigir el hospital que Ontinyent se merece». Rodríguez quiso destacar el poco entusiasmo del PP con el modelo de hospital anunciado en el cartel y ha censurado que «la colocación del mismo ha tratado de confundir a los ciudadanos».
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SALUD MENTAL
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Información 2009-09-20
Las familias de enfermos mentales reclaman más pisos tutelados mientras se construye la residencia
JOSÉ A. MAS
Los miembros de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Elche, Crevillent, Santa Pola e Isla de Tabarca (Asfeme) conocieron ayer el proyecto del centro específico para enfermos mentales crónicos y centro de día para personas con enfermedad mental crónica que se va a construir en Elche.
El ansiado proyecto, que pretende dar solución a muchas familias con personas con enfermedad mental, fue presentado por el alcalde de Elche, Alejandro Soler. El centro es una iniciativa del Ayuntamiento de Elche pero va a ser financiado por la Generalitat Valenciana a través del Plan Confianza. La obra tiene un presupuesto de tres millones de euros, y se espera que esté acabada en el año 2011.
Durante la presentación, que contó una gran presencia de miembros de Asfeme, los afectados incidieron en la necesidad de tener más pisos tutelados en la ciudad. La presidenta de Asfeme, María José Gisbert, explicó que "han solicitado más pisos tutelados porque están funcionando muy bien, y ayudan a los afectados a recuperar su vida normal".
Sobre este tema, Alejandro Soler explicó que "el centro era la necesidad fundamental que venía pidiendo Asfeme y, junto con la asociación, hemos venido trabajando con la puesta en marcha de viviendas tuteladas. Tenemos la segunda y estamos buscando una tercera vivienda tutelada". Por otro lado, Soler dijo que "el reto también es conseguir la integración laboral de estas personas. Tenemos un programa y tenemos que ampliarlo".
La futura residencia de enfermos mentales dispondrá de 40 plazas para internos, más otras 20 plazas para el centro de día, por lo que podrá prestar servicio a un total de 60 personas con alguna enfermedad mental.
Provincias 2009-09-21
Cuando la memoria se va
Los familiares de enfermos de alzhéimer reivindican más ayudas a la dependencia para cuidar de 50.000 valencianos afectados
M. J. C./M. M. | VALENCIA/MADRID
«Es muy duro cuidar a una persona que padece alzhéimer. Llega a ser alguien desconocido, que no piensa, no habla, no camina y llega a no saber ni comer». Pepa cuidó durante varios años a su madre enferma, ayudada por su hermana. «Hay poca información, no teníamos ayuda de nadie y llega a ser una tarea tan agotadora que te sobrepasa», cuenta Pepa.
Ana, su madre, ya murió, tras varios años de paulatino empeoramiento de la enfermedad. En la actualidad, unos 50.000 valencianos sufren alzhéimer, según los datos facilitados por la asociación que agrupa a los familiares de estos enfermos.
Con motivo del día mundial del alzhéimer, que se celebra hoy, la asociación ha organizado diversos actos, que ya comenzaron ayer con la instalación de mesas petitorias en la ciudad de Valencia. Solamente en la capital, unas 15.000 personas mayores sufren Alzheimer, lo que supone el 65% de las enfermedades que afectan a este colectivo. La principal reivindicación de los familiares es el desarrollo de la ley de Dependencia. Dicen que son necesarias al menos dos personas para cuidar de un enfermo, y sin una aportación económica resulta una tarea agotadora. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia cuenta con un centro de día que atiende a 40 personas, una cifra que resulta a todas luces insuficiente.
En toda España hay actualmente entre 350.000 y 375.000 enfermos. El dato no se conoce con exactitud ya que muchos de ellos no están diagnosticados. La primera explosión social del alzhéimer ha podido ser manejada sin apenas recursos públicos, gracias a la entrega --«si no es por amor, no hay quien lo soporte», remarca Blanca Clavijo, presidenta de la Asociación Nacional del Alzhéimer- de familiares cuidadores, en su mayoría mujeres. Y ese esfuerzo ha sido tanto personal, ya que pasan 24 horas al día y 365 días al año con el enfermo, como económico, con costes estimados en 2.500 euros al mes cuando la pensión media no llega a 600.
Pero en el horizonte se vislumbra una realidad bien diferente en la que el envejecimiento poblacional hará aumentar los casos (se prevé un 75% más en 25 años) mientras, como resultado de varias décadas de baja natalidad, escasearán los cuidadores familiares en un escenario abundante en hijos únicos. Y ahí es donde la ley de Dependencia entra en escena.
«Otro gran reto es apoyar la investigación», añade Clavijo. Y en ese ámbito no faltan pequeñas «buenas noticias», que serán revisadas hoy en el VI Simposio Internacional 'Avances en la Enfermedad de Alzhéimer' que promueven la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.
Provincias 2009-09-21
Un 7% de las personas mayores de 64 años de la Ribera padecen alzhéimer
El Hospital de la Ribera detecta 225 nuevos casos al año en la comarca y cuenta con cinco especialistas en la unidad de geriatría para la atención a los pacientes
XAVIER PÉREZ | ALZIRA
Esta enfermedad degenera el sistema nervioso y causa daños neurológicos. Aunque es difícil evitar su aparición, la prevención constituye un pilar fundamental
El alzhéimer es una de las enfermedades degenerativas que más preocupa a la sociedad y, sobre todo, a los familiares de los enfermos que la padecen.
La sección de geriatría del Hospital Universitario de la Ribera estima que más de 1.700 personas padecen alzhéimer en la comarca. Anualmente se detecta una media de 225 nuevos casos de esta patología, enfermedad de la que mañana se celebra su Día Mundial.
De los más de 250.000 habitantes que viven en la comarca, cerca de un 19% son personas mayores de 64 años, la franja de edad donde esta enfermedad aparece con mayor frecuencia. De estas 47.000 personas, un 7% sufre algún tipo de demencia. Esto supone que unas 3.500 personas padecen demencia, siendo la más prevalente la enfermedad de alzhéimer, que afecta a la mitad de ellas.
El alzhéimer es un proceso degenerativo del sistema nervioso que provoca daños neurológicos progresivos e irreversibles, afectando a distintas facultades de quien lo padece. El trastorno inicial más habitual es la pérdida de memoria, seguida de otros síntomas como las alteraciones del lenguaje, incapacidad para reconocer objetos o personas, desorientación temporoespacial y aumento de la ansiedad y aparición de trastornos afectivos. La evolución de la enfermedad es lenta. Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se inicia una etapa de mayor gravedad pueden pasar años; dependiendo de cada persona, entre 5 y 20 años.
La sección de geriatría del hospital está compuesta por cinco facultativos y realiza actividad hospitalaria dentro del servicio de medicina interna, además de la atención a pacientes de edad avanzada en consultas externas, urgencias y hospitalización quirúrgica.
La labor diaria de esta sección está constituida por la valoración geriátrica precoz y seguimiento de los ancianos ingresados, trabajando de forma multidisciplinar con el resto de profesionales implicados en su atención (geriatras, personal de enfermería, trabajadores sociales, personal rehabilitador, cirujanos o traumatólogos, etc).
En este sentido, el doctor Juan Antonio Avellana explica que a toda persona mayor de 70 años con síntomas psíquicos «se le realiza una valoración geriátrica integral, tanto clínica como funcional: física, psíquica, cognitiva, sensorial y social. Así, se genera un plan de cuidados continuados que abarca no sólo su estancia en el hospital sino también el seguimiento posterior en consultas externas o la coordinación con otros niveles sanitarios».
La prevención constituye un pilar fundamental para afrontar la enfermedad. Sin embargo es difícil evitar su aparición porque los mecanismos concretos que desencadenan la enfermedad no se conocen en su totalidad.
Levante 2009-09-22
Olimpiadas contra el olvido
Más allá de festejar puntualmente el día Internacional del Alzheimer, que se celebró ayer, en el centro de día de la Vall, en el que se atiende a 24 usuarios, se han realizado durante todo el mes actividades especiales.
LOLY MORENO LA VALL D'UIXÓ
El Centro de Alzheimer de la Vall d´Uixó está festejando durante todo el mes de septiembre el Día Internacional del Alzheimer que se celebró ayer lunes, 21 de septiembre con distintas actividades entre las que destacan las terceras olimpiadas.
En esta actividad los más de 24 usuarios del Centro de Alzheimer apoyados por sus familiares, el personal del centro y el cuerpo de voluntarios realizaron distintas pruebas en las disciplinas que se corresponden a las actividades que habitualmente efectúan como hacer dibujos, reconocer figuras o encestar balones.
Como explica una de las voluntarias, Araceli Muñoz, "a este tipo de personas no se les puede sorprender porque se les descoloca con lo cual han realizado actividades iguales a las que hacen cualquier otro día". Después de compartir toda la mañana con la realización de estas pruebas, todos los usuarios reciben premios y sus familiares, unos diplomas por su participación.
Por su parte, el cuerpo directivo del centro ha sorprendido a los voluntarios premiándoles su colaboración también con unos diplomas. Para finalizar el día de excepción usuarios del centro, familiares y personal directivo y técnico compartieron una paella amenizada por la música que puso la Rondalla Vallera de forma totalmente desinteresada.
Hay que destacar que la mayoría de los usuarios de este centro no conocían por qué era un día especial el de las terceras olimpiadas debido a su enfermedad pero Araceli Muñoz relató que todos "estaban más excitados de lo habitual porque había mucho público que los animaba en todo momento, estaban allí sus familiares y ellos disfrutaron al máximo con las actividades que se prepararon".
Conciliar vida laboral y personal. Hay que recordar que el centro de día de la Vall ofrece sus servicios a unos 24 usuarios desde las 8 en el centro, media jornada, jornada completa o jornada completa incluido el servicio de comedor. Como comenta la voluntaria Araceli Muñoz se trata de que las familias que tienen una persona que padece Alzheimer "puedan conciliar su vida laboral y personal con las necesidades de estos enfermos". Otra de las actividades que el centro de Alzheimer de la Vall ha realizado con motivo de la celebración del Día Internacional del Alzheimer es la colocación de una mesa informativa en el mercado municipal de la Vall con la intención de dar a conocer esta enfermedad y de recaudar fondos para el centro.
Levante 2009-09-22
Los enfermos de Alzheimer serán atendidos de forma prioritaria en los consultorios
Dispondrán de un distintivo en el SIP para acortar su espera en los centros y así reducir su desorientación
EUROPA PRESS VALENCIA
Las personas que sufran Alzheimer tendrán un distintivo AA en su tarjeta sanitaria individual (SIP) para que se les atienda de forma prioritaria a la hora que son citados para acortar su permanencia en los centros sanitarios y evitar así la desorientación y ansiedad que sufren en sitios que no les son familiares. Además, se facilitará a sus cuidadores que les puedan acompañar en todas las visitas y pruebas que sea posible para aumentar su tranquilidad.
Estas son algunas de las ventajas que la tarjeta preferente proporcionará a los pacientes de Alzheimer -que en la Comunitat Valenciana afecta a 40.000 personas- y otras demencias gracias al acuerdo de colaboración que ayer suscribieron el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, y el presidente de la Federación Valenciana de Enfermos de Alzheimer, Ramón Bolea.
Levante 2009-09-22
Requena propone unir a los implicados en el tratamiento de enfermos mentales
LUIS IBÁÑEZ REQUENA
La apuesta por la creación de una plataforma que reúna a todos los agentes implicados en la detección y tratamiento de las enfermedades mentales en el ámbito del Departamento de Salud número ocho, es la principal conclusión surgida de la celebración en Requena de la jornada titulada "Presente, futuro y retos de la salud mental en la comarca". Esta jornada se celebró con el objetivo de reunir a representantes políticos, técnicos municipales, psicólogos, psiquiatras, asociaciones y fundaciones de familiares y personas afectadas por las enfermedades mentales. A última hora excusó su presencia la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por problemas de agenda. Un hecho que lamentó el alcalde de Requena, Adelo Montés, ya que en su opinión, "hubiera sido muy interesante contar con su presencia para que pudiera escuchar de viva voz nuestras necesidades y la situación en la que nos encontramos"
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JUBILACIÓN
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Público 2009-09-09
Viudas sin pensión
Óscar Celador Antón, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas.
Una de las fórmulas que suelen utilizarse para explicar a los estudiantes cómo funciona el Estado social es plantearles dos cuestiones. Primero se les pregunta si son partidarios de que el Estado incremente el importe de las pensiones más bajas, a lo cual suelen responder afirmativamente; y a continuación si estarían dispuestos a pagar un impuesto para que la subida de las pensiones sea factible, el resultado normalmente es que la solidaridad se reduce en proporción al importe que se les proponga. La lección es sencilla, y es que cuando un Gobierno adopta decisiones en materia de pensiones lo que está haciendo es gestionar nuestros impuestos de una determinada manera, pero al final quienes financiamos sus decisiones somos los contribuyentes.
En este contexto debe interpretarse la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha denegado la pensión de viudedad a una mujer, pese a que esta convivió con su pareja durante 18 años y se casó con él un mes antes del fallecimiento, porque la viuda no cumple los requisitos necesarios para tener derecho a la prestación.
En 2007, la Ley General de la Seguridad Social fue modificada para reconocer a las parejas de hecho el derecho a percibir una pensión de viudedad cuando, además de cumplir los requisitos establecidos para los matrimonios –que deben tener una duración mínima de un año–, sus miembros acrediten una convivencia estable durante al menos cinco años mediante documento público o su inscripción en alguno de los registros habilitados con esta finalidad. De esta manera, nuestro país se colocó a la vanguardia de Europa en el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho, con independencia del sexo de sus integrantes, en el terreno del derecho de familia.
Las reglas del juego son claras y precisas, y pretenden acotar los beneficiarios del sistema de pensiones para que este sea sostenible a todos aquellos que trasmitan al Estado su deseo de constituirse como pareja, bien a través de la institución matrimonial, bien mediante su configuración como pareja de hecho. La idea de fondo que inspiró esta regulación fue ampliar lo máximo posible el abanico de posibilidades para canalizar las relaciones de pareja bajo el paraguas del Estado, pero al mismo tiempo que la relación tuviera seguridad jurídica para evitar situaciones fraudulentas.
En este caso, y pese a lo generoso que es el sistema de pensiones de viudedad en cuanto a sus potenciales beneficiarios, la pareja optó legítimamente por no inscribir su relación en el registro pertinente, y en consecuencia renunció tácitamente a utilizar los mecanismos que el Estado de derecho ha previsto para el disfrute de determinados beneficios. Es cierto que la pareja convivió durante un número de años superior al que duran muchas relaciones matrimoniales o de hecho registradas, que sin embargo generan pensiones de viudedad, lo que puede indicar que se ha discriminado a la viuda; pero sería injusto permitir que aquellos que optan libre y voluntariamente por excluir sus relaciones de pareja del sistema jurídico, después puedan servirse de sus bondades.
Público 2009-09-10
Corbacho pide al PP que no cree incertidumbre con las pensiones
El ministro de Trabajo reitera que la Seguridad Social está saneada
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la sesión de control ha negado que dijera que no puede hacer nada para mejorar el problema del desempleo. "Haremos todo lo que esté en nuestras manos". Además ha pedido al PP coherencia para no pedir una cosa y la opouesta y no crear miedo sobre las piensos habiendo una Seguridad Social "saneada".
El Partido Popular comenzó recriminando que el Gobierno se haya "instalado en la resignación". A su vez, el grupo conservador ha vuelto a responsabilizar al Gobierno de la ruptura de la mesa del diálogo social.
Corbacho ha contestado que el diálogo social "no se ha llevado a cabo porque algunos no quisieron", pero que ahora deben mirar al futuro. "Estoy seguro de que volverá el debate social", ha afirmado.
Pese a la gravedad de la crisis, la situación de la Seguridad Social es buena, ha recordado el ministro. "El Gobierno quiere seguir protegiendo la Seguridad Social con garantías para el presente y para el futuro. Corbacho ha criticado que el PP cree "incertidumbre" en algo que está saneado. Hasta el punto de que cerrará el año con un superávit cercano al 0,5% del PIB, ha anunciado el ministro.
Aseguró que nunca ha negado que la crisis está incidiendo en las cuentas de la Seguridad Social, pero insistió en que no puede calificarse de "desastroso" un sistema con un superávit de más de 8.600 millones de euros, con más de 18 millones de afiliados y con un Fondo de Reserva de casi 60.000 millones de euros.
Por todo ello, y en virtud de la buena salud de la Seguridad Social, el ministro pidió a los representantes del PP que "dejen de jugar con las pensiones y la seguridad de más de 8 millones de personas".
"Quien da y quita la razón son los ciudadanos y el PP está en la oposición, y mucho me temo que seguirán en ella", vaticina.
¿Modernización o austeridad?
El grupo conservador ha recriminado que no se modernicen los servicios públicos de empleo y ha comparado el ratio de funcionarios por ciudadano con el de Alemania. "Un funcionario frente a 23 ciudadanos en Alemania, uno frente a 300 en España". A continuación, Corbacho ha pedido coherencia ya que por un lado se pide austeridad y por otro modernizar los servicios.
"El diálogo social no se llevó a cabo porque algunos no quisieron"
El ministro de Trabajo ha puesto en la mesa las cifras de la confianza de los ciudadanos que se encuentra en máximos desde que estalló la crisis. Del mismo modo ha vuelto a matizar que los datos del paro de los últimos meses muestran un ligera tendencia a suavizarse.
Sobre la ayuda de los 420 euros, ha instado a los conservadores a que se postulen a favor o en contra, y que si deciden apoyar la medida que "lo hagan ya". Además, ha pedido más colaboración a la comunidades autónomas. Corbacho le ha preguntado a José Ignacio Echániz, del PP, si le piensa pedir a Esperanza Aguirre que oriente y forme a los parados.
Echániz ha empezado su interpelación recordando como el jefe de prensa del ministerio de Trabajo amenazó a un periodista por hacerle una pregunta tras una rueda de prensa. Una actitud "no muy democrática", concluye Echániz.
"Yo no me dejo avasallar"
El ministro también recibió las críticas de otro representante del PP, la diputada y ex ministra Celia Villalobos, que le acusó de haberse "resignado" ante la situación del paro y el empleo y de haberse dejado "avasallar" por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por otros miembros del Gobierno.
Corbacho se defendió asegurando que a él no le ha avasallado nadie, que no dejaría que eso ocurriera, y que nunca ha dicho que no pueda hacerse nada para resolver la coyuntura laboral.
En cuanto a la temporalidad, el ministro le reprochó a Villalobos que ahora se preocupe por ese tema después de que su partido, tras ocho años gobernando, no lograra bajar la tasa del nivel del 30% (ahora está en el 25%).
Levante 2009-09-18
La mitad de los pensionistas valencianos, en la pobreza
El 47% de los pensionistas de la C. Valenciana vive por debajo del nivel de la pobreza, según UGT
EP/LEVANTE-EMV.COM
Más de 400.000 pensionistas de la Comunitat Valenciana, el 47 por ciento del total, vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 768 euros para dos personas y 512 euros para una, según señaló hoy el secretario general de la UPJP de la UGT estatal, Pablo Navarro.
Navarro ofreció hoy estos datos en rueda de prensa, acompañado del secretario general de la UPJP de la UGT-PV, Antonio Leal, y del secretario de relaciones internacionales de la federación estatal, Manolo Egido, para informar de la situación económica de los jubilados dentro de una campaña nacional que culminará en octubre con un congreso nacional para reclamar "unas pensiones dignas".
Así, detalló que en la Comunitat Valenciana hay un total de 864.972 pensionistas, de los que 226.622 cobran por debajo de 500 euros, 335.000 por debajo de 700 euros, a las que se deben añadir 46.526 pensiones no contributivas.
Al respecto, puso de relieve que además de este alto porcentaje de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que en España afecta a 3.300.000 pensionistas, se debe tener también en cuenta que el actual sistema de revisión de las pensiones "no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo".
De hecho, afirmó que los pensionistas han experimentado una pérdida de poder adquisitivo entre el 10 y el 12 por ciento en los últimos cinco años ya que, explicó, este colectivo dedica el 80 por ciento de sus ingresos a los artículos de primera necesidad --vivienda, alimentación y vestimenta--, cuyo IPC aumenta un 4,5 y un 5% frente al 2% de su subida de las pensiones.
En ese sentido, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que se debe garantizar a las personas de la tercera edad unas pensiones con una cuantía económica suficiente para vivir dignamente, algo que, subrayó, "ahora no se cumple".
Navarro lamentó que a los pensionistas se les exija un esfuerzo para salir de la crisis cuando a las grandes fortunas de ejecutivos y de capital, "causantes de esta situación, se salen de rositas". Así, cotejó que mientras el jubiliado tributa al 18% el sicav al 1%. "No hace falta que las grandes fortunas españolas se vayan a buscar paraisos fiscales la exterior, ya lo tiene aquí", reprochó.
PENSIONES PRIVADAS
Navarro recalcó que el problema de las pensiones "no es económico sino político". Así, negó que el sistema estatal de pensiones corra el riesgo de quebrar en los próximos años y acusó a la banca y las compañías aseguradoras de crear "esta alarma social" con el objetivo de incrementar la contratación de cobertura privada para la jubilación.
Así, citó siete informes realizados entre 1995 y 2000 que preveían un déficit del sistema para los años 2005 y 2006 cuando realmente hubo superávit. "A los que hicieron estos estudios los habrán despedido. Pues no, los contratan para hacer nuevos estudios en los que se traslada la quiebra del 2010 al 2020 porque fallan en el pronóstico pero no en el objetivo", acusó.
En ese sentido, explicó que estos informes prevén un déficit en la caja de la Seguridad Social debido al descenso de la natalidad, pero no tienen en cuenta un aumento del rendimiento por hora trabajada. "Las aseguradoras, los bancos y las cajas sólo pretenden con estos estudios manipular y crear alarma para quedarse con la nómina del pensionista cuando la única garantía de las pensiones es el sistema público", subrayó.
Además, mantuvo que si se aceptase está quiebra del Estado "también se debería de cuestionar el poder mantener en el futuro el pago de las nóminas de los diputados, del Ejército o de la propia Casa Real".
Navarro destacó que los países europeos dedican, de media, cerca del 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las pensiones, frente al 8,4 por ciento de España y que son precisamente los países que más invierten en gasto social, como Alemania o Dinamarca, "los que mejor marchan y salen de la crisis".
En el otro extremo citó a Letonia, paradigma del liberalismo económico y que ahora, contrastó, "está en bancarrota y los ciudadanos no tienen ni derecho a una cama en los hospitales públicos y deben pagar por una en la privada".
Mundo 2009-09-18
Según UGT
El 47% de los pensionistas de la Comunidad vive por debajo del nivel de la pobreza
Europa Press | Valencia
Más de 400.000 pensionistas de la Comunidad Valenciana, el 47% del total, vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 768 euros para dos personas y 512 euros para una, según señaló el secretario general de la UPJP de la UGT estatal, Pablo Navarro.
Navarro ofreció estos datos en rueda de prensa, acompañado del secretario general de la UPJP de la UGT-PV, Antonio Leal, y del secretario de relaciones internacionales de la federación estatal, Manolo Egido, para informar de la situación económica de los jubilados dentro de una campaña nacional que culminará en octubre con un congreso nacional para reclamar "unas pensiones dignas".
Así, detalló que en la Comunidad Valenciana hay un total de 864.972 pensionistas, de los que 226.622 cobran por debajo de 500 euros, 335.000 por debajo de 700 euros, a las que se deben añadir 46.526 pensiones no contributivas.
Al respecto, puso de relieve que además de este alto porcentaje de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que en España afecta a 3.300.000 pensionistas, se debe tener también en cuenta que el actual sistema de revisión de las pensiones "no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo".
De hecho, afirmó que los pensionistas han experimentado una pérdida de poder adquisitivo entre el 10 y el 12% en los últimos cinco años ya que, explicó, este colectivo dedica el 80% de sus ingresos a los artículos de primera necesidad -vivienda, alimentación y vestimenta-, cuyo IPC aumenta un 4,5 y un 5% frente al 2% de su subida de las pensiones.
En ese sentido, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que se debe garantizar a las personas de la tercera edad unas pensiones con una cuantía económica suficiente para vivir dignamente, algo que, subrayó, "ahora no se cumple".
Navarro lamentó que a los pensionistas se les exija un esfuerzo para salir de la crisis cuando a las grandes fortunas de ejecutivos y de capital, "causantes de esta situación, se salen de rositas". Así, cotejó que mientras el jubiliado tributa al 18% el sicav al 1%. "No hace falta que las grandes fortunas españolas se vayan a buscar paraisos fiscales la exterior, ya lo tiene aquí", reprochó.
Levante 2009-09-19
La mitad de los pensionistas valencianos vive por debajo del umbral de la pobreza
Un informe indica, además, que en los últimos cinco años los jubilados han perdido entre el 10 y el 12% del poder adquisitivo
L. B./E. P. VALENCIA
"La ternera ya es un lujo que no nos podemos permitir. Con la pensión se paga lo mínimo: el agua, la luz, la contribución y la comida, sin grandes excesos", explica Plácida, una viuda de una población de l'Horta que cobra 552,69 euros. "Si no fuera por mi hija y mi yerno, no podría afrontar todos los gastos", asegura.
Su vecina, Vicenta, coincide en el diagnóstico. Su pensión como antigua trabajadora apenas llega a los 328 euros. Suerte que a esta cantidad se le añaden las pensiones de su marido, que fue guardia de asalto y después autónomo, y así puede sumar unos 700 euros más. "Pagamos el agua, la luz, el gas, el teléfono y la comida y aún vamos ajustaditas", explica.
Una muestra. Estos dos casos son sólo una muestra de los más de 400.000 pensionistas de la Comunitat Valenciana, -el 47 por 100 del total-, que vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 768 euros para dos personas y 512 euros para una, según señaló hoy el secretario general de la federación de pensionistas de UGT, Pablo Navarro.
Al respecto, puso de relieve que en España, la cifra de jubilados que vive en una situación económica precaria es de 3.300.000 pensionistas, problema que atribuye a que el actual sistema de revisión de las pensiones "no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo".
De hecho, Navarro aseguró que los pensionistas han experimentado una pérdida de poder adquisitivo entre el 10 y el 12 por ciento en los últimos cinco años, ya que este colectivo dedica el 80 por ciento de sus ingresos a los artículos de primera necesidad -vivienda, alimentación y vestimenta-, cuyo IPC aumenta un 4,5 y un 5% frente al 2% de su subida de las pensiones.
El dirigente de UGT recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que se debe garantizar a las personas de la tercera edad unas pensiones con una cuantía económica suficiente para vivir dignamente, algo que, subrayó, "ahora no se cumple".
"Problema político". También lamentó que a los pensionistas se les exija un esfuerzo para salir de la crisis cuando a las grandes fortunas de ejecutivos y de capital, "causantes de esta situación, se salen de rositas". Así, cotejó que mientras el jubilado tributa al 18% las sicav lo hacen al 1%. "No hace falta que las grandes fortunas españolas se vayan a buscar paraisos fiscales la exterior, ya lo tiene aquí", reprochó.
Navarro recalcó que el problema de las pensiones "no es económico, sino político". Así, negó que el sistema estatal de pensiones corra el riesgo de quebrar en los próximos años y acusó a la banca y las compañías aseguradoras de crear "esta alarma social" con el objetivo de incrementar la contratación de cobertura privada para la jubilación.